15 julio, 2020
Violencia policial y pandemia
Desde el 20 de marzo se registraron más de 61 muertes a manos de las fuerzas de seguridad. Éstas, a partir del aislamiento, aumentaron sus competencias, y con ello los casos de violencia, dejando en evidencia lo urgente de una reforma de estas instituciones.
Daniela Errecarte
Hostigamiento policial, detenciones arbitrarias, imposición de tormentos, fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desapariciones forzadas y femicidios de uniforme, son algunos de los reportes que se cubrieron desde CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional) a partir del pasado 20 de marzo.
Ese día se declaró el estado de excepción a partir del DNU 297/2020, que determinó el comienzo Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), aplicado con el fin de apaciguar la circulación del coronavirus y evitar la saturación del sistema de salud.
El DNU explicita que las personas “deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus Covid-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas”. Según lo precisa el Artículo 3°, las fuerzas de seguridad serían las encargadas de garantizar el cumplimiento del ASPO.
María del Carmen Verdú, abogada y titular de CORREPI, en diálogo con Notas destacó que, desde el comienzo del ASPO hasta el momento, la Coordinadora registró 61 muertes en manos del aparato represivo estatal: “20 fusilamientos por gatillo fácil, 23 muertes en lugares de detención, tres desapariciones forzadas y seis entre femicidios de uniforme, muertes intrafuerza y otras modalidades”.
Sin embargo, el problema no es el ASPO y las medidas de control sanitario, sino las fuerzas de seguridad, que son las mismas que mataron a un pibe o piba cada 19 horas durante los años del macrismo. Las mismas que desaparecieron a Andrés Núñez en 1990, a Luciano Arruga en 2009, a Santiago Maldonado en 2017, y a Luis Espinoza en 2020. Las mismas que reprimieron a les jubilades, docentes, estudiantes, militantes, entre tantos otros. Las mismas que hoy ocultan el paradero de Facundo Astudillo Castro. “No hubo cambios en su forma de intervención, sino ampliación de sus facultades a partir del DNU 297/2020”, destacó Verdú.
Según la abogada, debido al estado de excepción y el poco tiempo transcurrido desde su asunción, resulta complejo y apresurado elaborar un balance sobre la violencia policial durante el gobierno de Alberto Fernández. “El solo hecho de que Macri no obtuviera la reelección y que a nivel nacional se anunciara un enfoque distinto en la materia, corroborado inicialmente con la derogación de media docena de los Protocolos Bullrich, naturalmente fue una buena noticia, y así lo dijimos, sin dejar por eso de señalar que la agenda urgente pendiente era mucho más amplia, y que medidas parciales no tendrían un efecto significativo”, agregó.
En sintonía, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo e histórica referenta de la lucha por los derechos humanos, declaró el último miércoles en diálogo con Futurock: “No hay excusa en la pandemia, la seguridad del pueblo no se puede abandonar a su mala suerte. Hay gatillo fácil en todo el país. Matar a un pibe porque rompió la cuarentena para ir a ver a la novia o comprar una coca no lo puedo concebir».
Este rebrote de casos de gatillo fácil, según María del Carmen, se debe a “la decisión de los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad, de dejar en manos de las fuerzas de seguridad la implementación de una medida correcta desde el punto de vista sanitario, como el ASPO, en lugar de garantizar con medidas suficientes de asistencia que la totalidad de la población pudiera cumplirla”.
“La irrupción de la pandemia y la decisión de instalar a las fuerzas de seguridad como garantes del cumplimiento del aislamiento frenaron ese proceso y abrió una nueva situación de excepción, esta vez formalmente declarada en el DNU 297/2020”, concluyó.
Históricamente los sectores vulnerados fueron son los más expuestos a la violencia institucional, y eventualmente -más temprano que tarde- el gobierno de Alberto Fernández deberá reconstruir un país post pandemia. Si “los últimos serán los primeros”, ¿qué lugar se le dará entonces a las fuerzas de seguridad? Mientras la policía sea la misma, los muertos también lo serán.
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