Después de la pandemia, ¿qué?

Fernando Toyos

@fertoyos

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El pasado jueves 9 de julio, un segundo banderazo recorrió las calles de algunas ciudades, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, epicentro de la pandemia del coronavirus. En un intento de replicar la manifestación del 20 de junio, con la “caravana” de automóviles como metodología cada vez más asociada a estas protestas, dándole cierto aire clasemediero. Su convocatoria –a juzgar por las imágenes– parece haber mermado respecto de la anterior y, sin embargo, invita a la reflexión: ¿quién está ganando las calles, en medio de una cuarentena?

Si bien existieron manifestaciones de otro tipo, da la sensación de que es la síntesis de la oposición a las medidas redistributivas del gobierno, el rechazo al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio –con y sin el fundamento de la necesidad económica– y la oposición conservadora, lo que se instaló en agenda. Con un gobierno que lleva adelante una respuesta sanitaria a la crisis que viene mostrando buenos resultados, el retorno a la dinámica de polarización dibuja una situación paradojal: según las encuestas, medidas como el impuesto a las grandes fortunas y la estatización de Vicentín muestran niveles de apoyo mayoritarios y, sin embargo, las tapas de (ciertos) medios están ganadas por las manifestaciones antes citadas.

La minoría intensa desplaza a una mayoría que, por ahora, es silenciosa. La ciudad de Rosario presenció una manifestación de les trabajadores del gigante agroindustrial, a favor de su estatización: ante la pandemia, Vicentín les ofreció 23 pesos por hora de aumento. En el AMBA abundan webinars sobre soberanía alimentaria y falta demostración de fuerza. ¿Podremos los sectores que militamos por un país igualitario encontrar maneras “ASPO–friendly” de visibilizar apoyos y marcar la cancha?

La crisis económica –agigantada por la pandemia- reduce a su mínima expresión cualquier posibilidad de relanzar un “capitalismo en el que ganemos todes”. El campo de posibilidades para un país pos-pandémico se angosta: o se avanza en el sentido de una mayor intervención estatal en la economía, que ponga en discusión la riqueza, o el costo de la crisis se saldará por la vía de la devaluación del ingreso en pesos. Con un índice de pobreza previsto entre el 45% y el 50%, la pospandemia requerirá de “comenzar por los últimos para llegar a todes” con más urgencia aún de lo que ya urgía a fines del año pasado.

El panorama sanitario y económico jalona, además, un deterioro marcado del clima social: así lo han mostrado las movilizaciones conservadoras, en las que hubo un despliegue de violencia hacia les trabajadores de prensa que se encontraban en el lugar. El gobierno de la CABA, por su parte, no parece muy interesado en cuestionar la libertad de linchamiento que estos manifestantes creen tener. Probablemente esté más preocupado por no ponerse en contra a sectores que considera parte de su base electoral, que por salvaguardar la integridad física de les trabajadores. Así las cosas, parece que las empresas periodísticas deberán elegir entre el ejercicio del entretenimiento periodístico y el cuidado de las personas que trabajan a su cargo.

Si tuviéramos que delinear períodos al interior del aislamiento –que lleva ya más de 100 días– aparecen con claridad los primeros cacerolazos en torno al reclamo por la reducción de los sueldos de los altos cargos políticos. Hasta entonces, la pandemia había suscitado un cierto “efecto de unidad” en la superestructura política, marginando a quienes, dentro de Juntos por el Cambio, no ejercen cargos de gestión y adoptaron una postura de crítica radical al ASPO, lo que planteó la pregunta en torno a cuánto de este “efecto” había permeado a la sociedad en su conjunto. Estos primeros cacerolazos –realizados dentro de los confines de cada hogar– se desinflaron rápidamente, lo cual quizás alimentó cierta sobreestimación del grado y el alcance del apoyo con el que contaba el Gobierno. Lo cierto es que, a partir de estas protestas -fogoneadas por las declaraciones de Alberto Fernández, en las que le dice al establishment empresarial que le “legó la hora de ganar menos”– se reactivó la dinámica de polarización política.

A partir de este momento, la “épica progresista” (articulada en torno a la idea de cuidado, la invocación a la solidaridad y la revalorización de la salud pública y el rol del Estado en general) que se había despertado al inicio de la cuarentena, comenzó a desgastarse. Frente a esto, el bloque opositor, incapaz de recomponer su “épica meritocrática”, se dedica a agitar fantasmas con cada medida de gobierno, desde la “liberación masiva de preses” hasta la remanida “venezuelización”. ¿Existen condiciones para relanzar la “épica progresista” sobre la base de una proyección a futuro que proponga un escenario “post-pandémico” posible y deseable?

En una sociedad en la que las condiciones para una redistribución progresiva del ingreso que no afecte la acumulación de capital tienden a cero, esta imagen de futuro está necesariamente atada a la concreción de determinadas medidas. La post-pandemia es un futuro en disputa. Y esa disputa es ahora. Podremos encaminarnos hacia una “nueva normalidad” en la que la tendencia a la virtualización y el teletrabajo habiliten un avance de la precarización laboral, en una sociedad en la que se haya instalado un clima de odio generado por una dirección de la derecha que parece estar atravesando cierta descomposición política, un país en el que la capacidad de intervención del Estado en la economía sea severamente cuestionada, etcétera.

Alternativamente, durante la pandemia podríamos avanzar en la expropiación concreta de una porción –cuantitativamente modesta, pero simbólicamente muy significativa– de capital, vía expropiación de Vicentín y/o mayor presión impositiva, en la que el teletrabajo pueda armonizarse con el piso existente de derechos laborales, con un gobierno con una legitimidad social lo suficientemente alta para plantear una política de “reconstrucción económica y social” basada en la expansión del gasto público, etc.

En este escenario, las medidas progresivas en discusión, a pesar de tener su indudable potencialidad, no aparecen explícitamente vinculadas a la mejora concreta en las condiciones de vida de las personas de a pie. En una Argentina en la que los alimentos se encarecieron enormemente durante el gobierno de Macri –y desde el conflicto con las patronales agrarias en 2008– el anuncio de la expropiación de Vicentín en pos de la soberanía alimentaria, ¿no podría haber incluido una bajada concreta vinculada, por caso, a un abaratamiento concreto de los productos que Vicentín procesa?

El impuesto a la riqueza, de avanzar, puede traducirse en una rebaja en impuestos regresivos, entre ellos el IVA, contribuyendo al necesario alivio en el costo de los alimentos. Tenemos que preguntarnos: ¿qué le cambia a una persona que vive en Villa Crespo, Berazategui, La Carbonilla o Florida la estatización de Vicentín? De ser capturadas por el Estado, ¿adónde irían esas divisas? ¿Qué proporción de ellas pueden financiar iniciativas que aborden el enorme problema de la vivienda, refuercen los presupuestos de educación y salud, y un largo etcétera?

Visto y considerando, volvemos al primer casillero: ¿qué iniciativas pueden pensarse, imaginarse y concretarse para combinar manifestación de apoyo, demostración de fuerzas y reclamo por la concreción de las medidas redistributivas? Cacerolazos progres, banderas o carteles colgados de los balcones, instalar un determinado color siguiendo el ejemplo de la marea verde, pines en las redes sociales, difundir videos, y la lista puede seguir. De otro modo, la alta imagen positiva de Alberto Fernández y el alto nivel de apoyo a la expropiación de Vicentín pueden no pasar de una bella declaración de intenciones. Es un desafío que requiere de esa creatividad, ingenio popular y capacidad de inventiva, atributos que, afortunadamente, abundan en la historia del pueblo argentino.