Ordenan la inhibición de bienes a González Fraga y ex directivos del Nación y Vicentin

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este miércoles la inhibición de bienes a Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a otros 24 investigados. Entre ellos están los ex miembros del Directorio del Nación y de su planta gerencial, y empresarios.

«Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria», sostiene el dictamen del fiscal.

Y añade: «Otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba».

A su vez, el dictamen indica que existió una “connivencia” de los empresarios con los funcionarios, a quienes les “solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía”.

“En simultáneo –explicó- postergaban el pago de sus obligaciones con el objetivo de que, finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo.»

«Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre”, precisa.

Los créditos otorgados contra las normativas internas de Banco Nación ascienden a los 18.500 millones de pesos «los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, dado que el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo», recordó Pollicita.

La semana pasada el fiscal ordenó medidas de prueba para investigar la «posible ruta del dinero con el fin de determinar si se trató de una crisis autogenerada por los responsables de VICENTIN S.A. con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagaran la deuda al Banco de la Nación Argentina”.

Se sospecha también que existieron maniobras y triangulaciones que la cerealera realizaba con otras firmas subsidiarias y empresas offshore, pertenecientes al mismo grupo económico pero ubicadas en otros países, es decir bajo jurisdicción extranjera. 

Esto no sólo le habría permitido encubrir precios de transferencia para reducir utilidades y los tributos correspondientes como el impuesto a las ganancias, sino también evadir ciertos gravámenes específicos de nuestro país como los derechos de exportación, al declarar en otros países (Uruguay, Paraguay) una parte de la producción nacional, potenciando el proceso de fuga de divisas.