Batalla de Ideas

21 junio, 2020

El riesgo de escuchar, negociar, conceder y quedarse sin nada

La suerte de Vicentín ya no depende sólo de la Casa Rosada. El presidente abrió el juego a la estrategia santafesina y a la muñeca judicial. Sin mayoría propia en Diputados, el oficialismo apunta ahora a una salida negociada y sin estridencias.

Federico Dalponte

@fdalponte

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Los impacientes esperan del gobierno mayor velocidad; los cautelosos, en cambio, mayor prudencia. Los indignados reclaman al gobierno mayor firmeza; los acuerdistas, en cambio, menor conflicto.

Por izquierda exigen avanzar contra la economía concentrada; por derecha, en cambio, piden que el gobierno se concentre en la economía. Los primeros, con razón, señalan injusticias. Los segundos, con audiencia, denuncian atropellos.

Unos y otros, sin embargo, son parte del ruido del debate público. Y son, en definitiva, quienes pugnan por llevar al gobierno hacia una dirección u otra. Entre tanto, claro, es el propio Ejecutivo el que se ve invitado a zigzaguear –que es en última instancia lo que importa–.

Los primeros días de abril se anunció el gravamen sobre las grandes fortunas, y llegaremos a los primeros días de julio sin mayores novedades. A principios de junio se comunicó la decisión de expropiar Vicentín, y llegaremos al final del mes sin mayores certezas.

Entre tanto, dicen, se suceden las internas. Que Cristina Kirchner impuso tal proyecto, que Alberto Fernández negocia tal rumbo, que Sergio Massa presiona por tal iniciativa, que tal o cual se pelea con aquel. Y así estamos desde hace meses.

El debate mediático sigue intacto desde el inicio de la campaña electoral. Si alguien creía que los medios de mayor penetración serían corteses con Alberto Fernández tras ganar la presidencia, está claro que fue un error. Hubo reunión con Héctor Magnetto en diciembre, hubo concesión de entrevistas a troche y moche, pero lo primero siempre son los intereses particulares.

El presidente fue bien tratado en general hasta el anuncio de un impuesto nuevo y de una expropiación. Lo cual era esperable. Doce años atrás, Néstor Kirchner y Cristina Fernández dejaron de ser bien tratados por la prensa tras anunciar un impuesto supuestamente expropiatorio.

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Días atrás se publicó el informe de noticias digitales del Instituto Reuters. Y según su encuesta, los medios digitales más consumidos en Argentina son Infobae, TN online, Clarín y La Nación.

Sólo la semana pasada, esos medios informaron sobre cómo “el gobierno entró en la fase 1 de la radicalización” (La Nación, 14 de junio), sobre “cómo funciona el aparato kirchnerista para apretar y meter miedo a periodistas” (La Nación, 18 de junio), sobre “la agonía acelerada del albertismo” (Clarín, 19 de junio), sobre cómo “Alberto quiso imitar a Néstor pero se convirtió en Scioli” (TN, 18 de junio), sobre cómo “La Cámpora le ganó la batalla a Latam y perdió el turismo argentino” (Infobae, 18 de junio) y sobre cómo “Latam descuenta que vendrá más socialismo y por eso se va” (Infobae, 18 de junio).

Se dirá: está muy bien que los medios recojan voces críticas. Y es cierto. Lo preocupante es –como se sabe– la capacidad de esas empresas y formadores de opinión al momento de horadar aquellas propuestas que colisionan con sus intereses. Porque –también se sabe– así como abundan las críticas ante una expropiación, escasean cuando se trata del pago en cuotas del medio aguinaldo.

En cualquier caso, el margen no es tan amplio. El periodismo y la libertad de prensa son temas para tratar entre algodones. De momento, alcanza con no perder el rumbo entre tanto embate y tanta saña, y ante tanta promoción de protesta y cacerola con balcón. Lo peor, en esos casos, es convencerse de que el ruido equivale a multitud.

“Hay que cuidarse de ese diario Clarín. Ataca como partido político y, si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa”, decía hace cuatro décadas el diputado radical César Jaroslavsky, cuando el multimedios era apenas un diario.

Y algo de razón tendría. En ese marco, claro, la tentación es conceder para congraciarse. Congraciarse con cierto periodismo, con cierto electorado, con ciertas cámaras empresarias, y trocar la agenda propia por la ajena, la impuesta por presión. El problema, naturalmente, sería el efecto de esa perfidia ante los propios.

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Si Alberto Fernández quiere ser aplaudido por los grandes columnistas de los grandes medios, le alcanza con erigirse defensor de la propiedad privada y rechazar todo amague de estatización. Sería, en tal caso, demagogia de la buena, de esa que nadie critica ni azuza populismo.

La alternativa, si no, es hacer de tripas corazón y afrontar las críticas con hidalguía. Asumir, en definitiva, que un capitalismo en el que todos ganen es una quimera y que a menudo la política consiste en afectar intereses. Sería, en tal caso, un aprendizaje forzoso: expropiar, imponer e intervenir son verbos que desagradan a unos cuantos, pero no se puede gobernar para contentar a todo el mundo.

En ese cuadro, Vicentín ya es más que una simple cerealera. Y, salvadas las diferencias, seguramente marque a Fernández tanto como la resolución 125 en 2008. Los intentos por acercar posiciones con los Vicentín-Nardelli denotan esa ansiedad presidencial: avanzar todo cuanto sea posible, pero sin herir a nadie en el camino. Casi un imposible.

Es probable que esto evidencie que la política es, entre tantas cosas, una manta corta: nadie puede taparse la cabeza sin descubrirse los pies y viceversa. Si el presidente avanza hacia la estatización, deberá lidiar con ciertas críticas y ciertos gritos. Pero si no avanza hacia la estatización, deberá lidiar con otras críticas y otros gritos.

Como dice Mario Wainfeld, la medida transita por ahora por un camino de cornisa sembrado con clavos miguelitos. Y lo más probable es que Alberto Fernández deba poner a prueba toda su capacidad de negociación y persuasión, pero también su temple y su autoridad, en un escenario en el que no todos terminarán contentos.

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