Democracia en venta

Fernando Toyos

@fertoyos

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A medida que la intervención y el proyecto de expropiación de la agroalimentaria Vicentín avanzan, la instalación de este acontecimiento en tanto hecho político se profundiza, desenvolviendo aristas que le dan mayor profundidad y color. Mientras el campo conservador sigue pataleando y balbuceando acerca de la supuesta inconstitucionalidad e ilegalidad de la medida –cuestiones que fueron rápidamente rebatidas por Alberto Fernández en su entrevista en el canal Telefe– la iniciativa tomada por el gobierno le abre a la izquierda y el campo popular la posibilidad de retomar la ofensiva y plantear debates que se encontraban fuera de agenda.

La soberanía alimentaria es uno de estos ejes, como lo planteó Fernando González en estas mismas páginas. Otra arista de la cuestión refiere a la corrupción empresaria, comenzando por las irregularidades en torno a la deuda que contrajo la empresa con la banca pública y las maniobras de evasión impositiva que denunció el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano.

Como se ha señalado, mientras Vicentín se encontraba bajo estrés financiero, aportó la suma de $13,5 millones de pesos a la campaña de Juntos por el Cambio, hace poco menos de un año. Si bien esto llamó la atención pública, arrojando un manto de sospecha sobre el accionar de la empresa, hay un aspecto que no es señalado: ¿qué impacto tienen los aportes empresarios sobre nuestra limitada democracia?

La posibilidad de que empresas hagan aportes de campaña a los partidos políticos de su preferencia es una innovación que le debemos al gobierno de Mauricio Macri, el cual promovió la sanción de la Ley 27.504 en mayo del año pasado. Esta normativa modifica los artículos 44 y 44 bis de la Ley 26.215, habilitando a las personas jurídicas –forma legal bajo la que se presentan, entre otras asociaciones, las empresas- a realizar aportes de campaña.

Este episodio, quizás no tan recordado, tiene un antecedente mucho más sonado en el escándalo de los aportantes truchosque salió a la luz a partir de la investigación periodística de Juan Amorín. Indagando sobre los aportes de campaña que recibió Cambiemos para las elecciones de medio término de 2017, Amorín se encontró con un dato llamativo: en el listado de donantes figuraban beneficiarios y beneficiarias de los planes de asistencia social Argentina Trabaja y Ellas Hacen.

Contactándose con estas personas –entre otros presuntos aportantes-  se descubrió que había un tendal de individuos que figuraban como aportantes de Cambiemos sin haber hecho la más mínima donación a la campaña. Si bien no se pudo probar el origen del dinero que recibió esta fuerza política, la hipótesis más fuerte es que se trató de una maniobra para “blanquear” los aportes empresarios, dos años antes de que se sancione la ley que los autoriza.

Si la democracia es –palabras más, palabras menos– una forma de gobierno en la que las mayorías ejercen el poder, resulta claro el perjuicio que supone la posibilidad de que el capital concentrado incida en las elecciones a través de aportes millonarios que él –y sólo él– está en condiciones de hacer.

Si las elecciones directas, universales y obligatorias, en las que todos los votos valen por igual, constituyen una garantía mínima de que se respete el principio democrático, el bolsillo de las grandes empresas las habilita, legal o ilegalmente, a votar varias veces. Más aún, si cada votante (en teoría) suscribe con el partido de su preferencia una suerte de contrato expresado por la plataforma electoral que cada fuerza política presenta, el aporte personal opera como un refuerzo de este contrato.

Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué tipo de contrato se establece cuando una empresahace un aporte millonario a la campaña de un partido determinado? Para plantearlo en términos concretos: ¿cómo entender el aporte millonario de Vicentín a la fórmula Macri-Pichetto? ¿Se trata de una suerte de “contraprestación” por el crédito que el Banco Nación le otorgó a su empresa, a pesar de encontrarse en crisis financiera? ¿O fue parte de un “contrato” que incluía la adopción de más medidas en favor del sector agroexportador, si hubiese resultado electo este binomio? No podemos saberlo, pero sería ingenuo creer que semejante desembolso fue realizado sin esperar nada a cambio.  

Esto no es todo: si los aportes empresarios son cuestionables, su legalización los invisibiliza. La sanción de la Ley 27.504 le permitió a Juntos por el Cambio evitarse un nuevo escándalo de aportantes truchos por la sencilla razón de que ya no necesita ocultar el origen de sus aportes. Gracias a la intervención de la empresa Vicentín, su aporte a la campaña de Macri tomó estado público, pero ¿alguien se enteró de esto durante las elecciones?

Algo similar ocurre en Estados Unidos, país que se precia de dar lecciones de democracia al resto del mundo, en donde existen regulaciones respecto al lobby, o “cabildeo”. Entendiendo por este término la representación de intereses privados frente a funcionarios públicos, generalmente legisladores, las regulaciones de la Cámara de los Representantes (2000) definen ciertas reglas de juego para que las empresas envíen a sus representantes –lobistas, como el personaje de House of Cards, Remy Danton– a persuadir legisladoress en función de tal o cual interés.

Se establece, incluso, que los cabilderos pueden hacerle regalos a los legisladores, perosu valor no puede superar los 50 dólares, habilitando también la invitación a viajes, aunquesolamente puedan durar cuatro días -para destinos nacionales- o siete, para viajes al exterior. Se trata, en definitiva, de habilitar una práctica antidemocrática, mientras se preservan ciertas apariencias, de manera de no escandalizar a la opinión pública. Sucede lo mismo con los aportes empresarios en Argentina.

Con todo, sobran razones para que la intervención de Vicentín sea, además, un puntapié para rechazar la ley del macrismo que legalizó la intervención empresaria en las elecciones, garantía –endeble, pero garantía al fin- de nuestra maltratada democracia.