Propiedad privada y desarrollo: la grieta histórica detrás de Vicentin

Nicolás Castelli y Florencia Trentini

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Las reacciones a la intervención de la cerealera de capitales nacionales Vicentin y el anuncio del envío de un proyecto de ley al Congreso para su expropiación son proporcionales a la importancia estratégica que tiene la empresa en la macroeconomía argentina y también, aunque no se explicite, al proyecto de país que pone en debate y a las ideas que lo sustentan.

No es la primera vez que una medida de estas características orientada a tener más presencia del Estado sobre el complejo agroexportador moviliza en su contra a diferentes sectores de la sociedad. Aunque la expropiación de una empresa para evitar su vaciamiento está prevista en el artículo 17 de la Constitución, la oposición a este tipo de decisiones suelen mostrar radicalidad por parte de la derecha y en paralelo desplegar todo un andamiaje de sentidos vinculados a ideas acerca de lo que el país debería ser y hacer para desarrollarse.

Incluso, en este caso, el mismo Alberto Fernández remarcó enfáticamente que se trata de una medida de carácter excepcional -un rescate provocado por la crisis que afectaba a la compañía a raíz de maniobras financieras fraudulentas que se están investigando-, que de ninguna manera forma parte de un programa de reformas estructurales tendientes a cambiar de raíz el modelo de acumulación de capital argentino, y que si la situación de la empresa fuera de normalidad no hubiese apelado a los recursos legales y constitucionales para su salvataje. Es decir, un discurso bastante lejano de una revolución socialista.

Puesta en contexto se trata de una medida necesaria para un Estado sin recursos, endeudado, acosado por los acreedores y necesitado de divisas en el marco de una crisis mundial cuyos alcances todavía son impredecibles. La situación de un Estado débil heredado de la gestión macrista, como también es herencia la crisis y quiebra del cuarto polo cerealero del país, terminan de configurar el panorama. Todo esto pone de relieve la importancia de que una firma de estas características quede en manos argentinas antes que sea rifada a capitales extranjeros. A esto se suma que miles de trabajadores podrían quedar en la calle sin esta intervención. En definitiva, estamos ante un «acto de racionalidad económica» dentro de los parámetros del sistema capitalista para garantizar gobernabilidad económica y poner un límite a la especulación financiera y a la evasión fiscal del sector externo, como Fernández se encargó de destacar.

Y también es una decisión tomada en el marco de un gobierno que busca arbitrar las tensiones que hace meses comenzaron a surgir entre los distintos actores políticos y sociales acerca del rumbo a seguir ante la emergencia sanitaria pero que, no obstante, empiezan a marcar la cancha de las disputas post pandemia. En el caso del sector agroexportador -concentrado y mayoritariamente en manos privadas- hablamos de un actor acostumbrado durante décadas a que nadie le imponga las reglas de juego, reacio a todo tipo de empresa pública y a poner en debate público sus ideas acerca de los criterios que deberían guiar el uso del excedente de la riqueza nacional.

Sin embargo, a pesar de la intención del gobierno de no tensionar demasiado los conflictos, la respuesta opositora contra la decisión de expropiar Vicentin, además de la furia y la acusación anacrónica de comunismo (sin comunistas a la vista), posee una sobrecarga ideológica que los voceros mediáticos, políticos e intelectuales orgánicos ligados a los grupos económicos del agro se encargan de difundir públicamente. Cualquier medida estatal que no entre dentro de las reglas y expectativas de este «círculo rojo» es siempre vista como una amenaza no solo al poder económico que detentan sino también al poder simbólico que ejercen sobre determinadas ideas acerca de las “correctas” vías de desarrollo que debe seguir la Argentina. 

La crisis que afecta a nuestro planeta en varios niveles está mostrando los límites de una forma de desarrollo. Esto no quiere decir que el capitalismo está a punto de desaparecer. Ya dio sobradas muestras de su capacidad de reinventarse a sí mismo. Pero sí quiere decir -como sostuvo hace unas semanas Álvaro García Linera en una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- que la lucha de clases de nuestra época irá de la mando de estados que oscilarán entre extremos de mayor democratización social o más monopolio.Y que las estrategias de sectores dentro y fuera del Estado serán las que inclinen la balanza. 

Desde hace unos meses, cuando el momento idílico de “de esta salimos juntes” pasó y dejamos de tirar todes para el mismo lado (justo cuando se mencionó que las grandes fortunas deberían aportar más para poder estar colectivamente en mejores condiciones de afrontar este momento de pandemia y crisis económica), la oposición se encargó de usar la mejor de las armas para una contienda: el sentido común. Ese que sostiene que las cosas son de una determinada manera y quien quiera modificarlas es malo, peligroso, comunista. Porque ese que quiere cambiar las cosas (un poquito eh, insistimos que no estamos hablando de revoluciones) tiene ideología, y para el sentido común ideología es sinónimo de izquierda y de comunismo. Porque la derecha hegemónica se encargó de hacer que su ideología deviniera sentido común y nos parezca que entonces ahí no hay nada más que “normalidad”, que esa es la forma en que deben ser las cosas, todo lo demás conduce al caos y la anomia. 

Y es desde este lugar desde el cual nos interesa discutir Vincentin. Ya muches escribieron sobre soberanía alimentaria, sobre el sistema productivo, sobre los pequeños avances que esto implica, al menos para controlar desde el Estado parte de uno de los mercados más importantes. Muches también ya explicaron que no va a estar en manos de les campesines, que por esto no va a haber una reforma agraria integral y popular, que les productores y productoras van a seguir pagando precios exorbitantes en arrendamiento y van a seguir siendo estafados por los intermediarios, que el acceso a la tierra va a seguir estando en disputa, que van a seguir fumigando y usando agrotóxicos. Para que todo esto pase tiene que haber un cambio en el modelo productivo, y eso no está pasando.

Sin embargo, si estamos avanzando un pasito hacia mayor democratización, estamos un poquito más cerca de la soberanía alimentaria. Por eso los reyes del sentido común y sus lacayos en los medios de comunicación hegemónicos repiten hasta el cansancio que la “normalidad” está siendo puesta en riesgo. Y están tan preocupados que tuvieron que usar su caballito de batalla más fuerte: la propiedad privada. Entonces, ¿Qué grieta subyace a las polémicas desatadas alrededor de Vicentin? ¿qué mecanismos de defensa se activan cuando se intenta tener un mínimo de control público sobre el modelo de propiedad y desarrollo del agro argentino? ¿El único desarrollo posible y viable se basa en la propiedad privada?

Cuando la mentira es la “verdad”

La relación entre desarrollo y propiedad privada implica a su vez un determinado rol para el Estado, y constituye un conjunto de ideas fuerza que se toman como “verdades absolutas” que no se cuestionan a pesar que se trate de un tipo de desarrollo, no el único, y que hoy evidencia más que nunca sus limitaciones para asegurar, entre otras cosas, el derecho a la soberanía alimentaria en un mundo en crisis. 

Se trata en realidad de ideas construidas e instaladas histórica y socialmente, producto de correlaciones de fuerzas y luchas en determinados momentos de la historia, que los “vencedores” impusieron a sangre y fuego y que luego sedimentaron como verdades de sentido común en amplias capas sociales. “El campo es lo que hace crecer al país”, “el populismo es autoritario y atrasa”.

Son frases que remiten a  ideas que refuerzan el modelo de desarrollo que se impone con la modernidad capitalista y que instaló un conocimiento único, una forma de producción y propiedad única y una manera de entender el mundo entre otras, que, por ejemplo, la agroecología, los pueblos originarios, la economía popular y los sectores populares no tienen, pero que hace siglos se impuso con el costo de millones de vidas en el planeta y sobretodo en América Latina. 

Como sostiene el sociólogo Edgardo Lander, la consolidación de las relaciones de producción capitalistas y el modo de vida liberal implicaron un proceso de lucha hasta que lograron adquirir el carácter de formas “naturales” de la vida universal. Este proceso tuvo una dimensión colonial/imperial de conquista y sometimiento de los continentes por parte de las potencias europeas. Lo que se conoce como colonialismo. Pero también implicó una lucha civilizatoria encarnizada al interior de Europa, que terminó por imponer la hegemonía del proyecto liberal. Este autor recuerda que para las generaciones de campesinos y trabajadores europeos que durante los siglos XVIII y XIX sufrieron la expulsión de sus tierras y la ruptura con las formas anteriores de vida, condiciones que eran necesarias para crear esa fuerza de trabajo “libre” e imponer la lógica del trabajo fabril, ese proceso fue todo menos “natural”. 

En nuestro país, la propiedad privada se impuso también a sangre y fuego, avanzando sobre los territorios indígenas a fines del siglo XIX, pero lo continúa haciendo hoy cuando la frontera extractiva avanza sobre comunidades indígenas y campesinas, cuando vemos más y más muertos en la defensa directa de los territorios, y también en cada muerte por cáncer u otras enfermedades producto del uso de agrotóxicos necesarios para un modelo de desarrollo que de a poco está matando al planeta (y a nosotres como parte de él).

Va a ser difícil mientras unes tengan “sentido común” y otres tengamos “ideología”, pero la crisis civilizatoria mundial agravada por la pandemia está haciendo cada vez más evidente que lo “común” y lo “normal” le sirve cada vez a menos gente. Como afirma Linera, nos encontramos ante “una nueva disponibilidad a escuchar nuevas razones morales y nuevos artefactos lógicos sobre la manera de estar en el mundo”. 

Por eso, es cierto que la lucha es por la tierra, es por los recursos, es por derechos, pero lo que muestran casos como los de Vicentin es que lo que les tenemos que ganar con urgencia son los sentidos y las representaciones que naturalizan relaciones sociales de opresión para muches y de privilegios para pocos.