17 junio, 2020
Paritaria nacional docente y el derecho a la desconexión
Después de que el gobierno de Cambiemos suspendiera por decreto las paritarias docentes en 2017, en febrero de este año, Alberto Fernández restituyó las negociaciones colectivas de trabajo docente. En esa oportunidad, se llegó a un acuerdo sobre el salario mínimo para el docente que recién se inicia, y comenzaron las discusiones por condiciones de trabajo.
Días atrás, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) firmaron, ante la presencia del ministro Claudio Moroni, un nuevo acuerdo paritario por nuevas condiciones laborales.
El resto de los sindicatos de alcance nacional -la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación de Maestros de Enseñanza Técnica (AMET)-, se abstuvieron de firmar el acuerdo para hacer una consulta a sus bases. Causó sorpresa esta actitud, ya que durante la gestión de Esteban Bullrich y de Alejandro Finocchiaro avalaron con sus firmas cada una de las actas unilaterales que presentaba el gobierno nacional de Mauricio Macri.
Algunos de los temas que más preocupan a los sindicatos desde que se inició la suspensión de clases presenciales en todo el país eran el agobio por el trabajo virtual, a lo que se sumó el temor por los anuncios del regreso a las aulas, sobre todo después de las declaraciones de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy. La CTERA sostiene que se estableció un piso de derechos de alcance nacional que debe ser respetado por todas las jurisdicciones.
Por primera vez se reconoció el trabajo docente en contexto virtual durante la pandemia. En ese sentido, se acordó que tanto les docentes como les alumnes tienen derecho a la desconexión y a la intimidad. Desde que comenzó el aislamiento social la sobrecarga laboral está impactando fuertemente en todos los niveles educativos.
La planificación de las clases por distintas plataformas -que llevan muchas más horas que las que demandaban las presenciales-; mensajes por Whatsapp, mails, o algún otro medio; la exigencia de entregar planillas tras planillas o informes sobre cada alumno y alumna; la conexión con las familias, el seguimiento pedagógico, la distribución de alimentos. A todo esto, se suma la necesidad de realizar un acompañamiento a cada estudiante.
El nuevo acuerdo establece que se deben respetar los horarios de la carga laboral de cada docente y que la burocracia administrativa no quite tiempo a la elaboración y dictados de clases. Por otro lado, y para garantizar el derecho a la educación, los distintos Ministerios deberán proveer los recursos tecnológicos tanto a estudiantes como a docentes.
Pese a que los acuerdos paritarios tienen fuerza de ley para todo el país, cada jurisdicción es responsable de su sistema educativo, por lo que no siempre se hace efectivo el cumplimiento de los mismos.
En la Ciudad de Buenos Aires, la justicia le ordenó al Jefe de Gobierno entregar a todos los alumnos y alumnas que concurren a escuelas de gestión pública o privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, computadoras portátiles, notebooks o tablets para acceder a internet y realizar las tareas escolares de manera virtual. El último viernes, la ciudad apeló el fallo del Juez Gallardo.
Otro de los puntos que dividen aguas, es el regreso a las aulas. La Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, manifestó en la reunión que el posible regreso a clases presenciales debe resolverse con el consenso de los trabajadores de la educación a nivel Nacional y en las jurisdicciones. También dijo que si no estaban las condiciones de bioseguridad para volver a las aulas, no lo iban a permitir.
Este mensaje sobre todo estaba destinado al Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quienes le presentaron al presidente un protocolo para el inicio de clases.
Varios medios nacionales publicaron las distintas modalidades que tendría este regreso a las aulas en la ciudad. El Ministerio de Educación porteño comenzó a tantear a las supervisiones escolares, equipos directivos y a las familias mediante encuestas telefónicas, e incluso en las filas al retirar los bolsones de comida.
Los números de contagios por coronavirus vienen subiendo sostenidamente en el último mes en todo el AMBA, mientras tanto contradictoriamente en la ciudad se liberan cada vez más actividades.
Nuestros edificios escolares no son como los de Finlandia, país con el que tantas veces nos quiere comparar Juntos por el Cambio. Con escuelas en las que no se invirtió un peso en infraestructura, con aulas superpobladas, sobre todo en los barrios más vulnerados, con falta de elementos de seguridad e higiene apropiados -que faltaron hasta para el poco personal que repartía las canastas alimentarias- y con un número de contagiados que no cede, es imposible pensar en la vuelta a clases.
Los sindicatos docentes exigen que se conformen consejos asesores con participación sindical y de la comunidad educativa, para así poder evaluar las condiciones que resguarden la salud de estudiantes y trabajadores de la educación antes de regresar a las aulas.
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