Las paritarias estatales continúan en suspenso

El pasado 28 de mayo, último día del plazo para el inicio de las negociaciones paritarias del sector del empleo público nacional, fueron convocados los sindicatos por la Jefatura de Gabinete y la Secretaria de Gestión y Empleo Público.

Según consta en actas y lo que fue comunicado por los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de esta reunión surgió el acuerdo de desactivar el régimen de Alta Dirección Pública; mantener el ítem del presentismo incorporando las licencias que establece el convenio, y abrir concursos de convocatoria interna para regularizar el empleo incluso en los cargos de perfiles profesionales.

Además, se incorporaron otras licencias, como la de adaptación escolar por menor a cargo, por acto o trámite escolar y la de integración familiar de guarda con fines de adopción, algunas de las cuales ya habían sido anunciadas con anterioridad desde el Gobierno. Sin embargo, no hubo oferta de recomposición salarial, y se acordó conformar una comisión paritaria para elaborar las propuestas a trabajar en una próxima reunión sin fecha confirmada.

Lejos de satisfacer las demandas del sector, el resultado de este primer encuentro fue criticado por ambos sindicatos. Por su parte, UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) respondió rápidamente con un comunicado donde exige urgente recomposición salarial y reclama que no se tome a les trabajadores estatales como variable de ajuste, mientras que ATE deja en claro en el suyo que sin recomposición salarial no hay cierre de paritarias. De esta forma hacen referencia también a las dos cláusulas de revisión que no se ejecutaron de la paritaria de 2019, previstas para noviembre de ese año y marzo del corriente respectivamente.

Por su parte, representantes de ATE Capital, en constante tensión con la conducción nacional del sindicato, salieron a denunciar no haber sido consultades ni convocades, siendo ésta la seccional que encuadra a la mayor cantidad de trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN) afliades al sindicato. En su comunicado arrogan el resultado de la negociación a esta situación: “Como era esperable en ese contexto, el resultado de esa primera reunión fue muy malo: los acuerdos alcanzados son bastante pobres y la cuestión salarial, por ejemplo, quedó pendiente de una comisión ad hoc”.

Como posible respuesta a este reclamo, la conducción nacional de ATE convocó a plenario nacional de Delegades Generales, que se realizó de manera virtual el viernes 10 de junio. La instancia se llevó a cabo con bastantes inconvenientes, problemas técnicos, delegades que no fueron admitidos para ingresar, carteles de denuncia en el chat de la plataforma publicados por quienes responden a la corriente Verde y Blanca que dirige ATE Capital, entre otros.

Pese a esto, “Cachorro” Godoy, Secretario General del Consejo Directivo Nacional, y Flavio Vergara, Delegado Paritario del mismo consejo, realizaron sendas y extensas intervenciones acerca del estado en que se encuentra la negociación, según informaron a este medio quienes estuvieron presentes. No hubo, sin embargo, ningún anuncio concreto de medidas a tomar para dar continuidad al reclamo salarial.

Tras este episodio las tensiones entre diferentes sectores se expresaron en comunicados cruzados, haciendo público su punto de vista sobre el desarrollo de aquel plenario.

Por fuera de esta puja, se encuentra la lista Blanca Violeta Granate (también de ATE), con representación en varias juntas internas importantes de la APN, la cual en los últimos días dio  a conocer su postura. En su comunicado bajo el título de “Una interna que paraliza y nos debilita ante una paritaria de congelamiento salarial”, reclama instancias más democráticas de debate y deliberación del sindicato que pongan por delante las reivindicaciones del conjunto de les trabajadores estatales.

Este escenario se da en uno de los sectores que más poder adquisitivo ha perdido, con una caída del 30% de su salario real durante el período macrista y profundizada en lo que va del año. En un contexto de crisis sanitaria que imposibilita echar mano a las herramientas clásicas de reclamo, como son el paro y la movilización, tanto por el aislamiento social preventivo y obligatorio, como por tratarse de trabajadores que mantienen de manera presencial o remota, las distintas políticas que el Estado despliega para enfrentar la pandemia.