Nacionales

11 junio, 2020

Tres mitos clásicos sobre la invalidez jurídica del caso Vicentín

Inconstitucionalidad, ilegalidad y división de poderes. Las principales críticas a la intervención y expropiación de la empresa pretendieron sustentarse en el derecho de sus dueños. Acá, sin embargo, un poco de luz jurídica sobre el asunto.

Federico Dalponte

@fdalponte

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El anuncio de la intervención y expropiación de la empresa Vicentín generó revuelo en la opinión pública. Sin embargo, no todo lo que se dijo es cierto. Desde el plano jurídico, desarmamos algunos de los mitos que se construyeron mediáticamente en los últimos días.

¡Es inconstitucional!

La Constitución argentina protege con más ahínco la propiedad privada que la salud. Es así desde 1853. Y ahí reposa lo fundamental en este entuerto: el artículo 17° proclama –como regla general– que la “propiedad es inviolable” y punto.

Pero también, como toda regla, veinte palabras más tarde el mismo artículo señala su excepción: la glamorosa expropiación. Y dice que sólo puede expropiarse un bien por razones de utilidad pública, a través de una ley e indemnizando previamente al dueño.

Hasta ahí la cosa está más o menos clara. Siempre la expropiación es posible y lo único discutible, en tal caso, serían la utilidad pública y el monto a desembolsar por el Estado. La expropiación de un bien determinado puede parecerle inútil a alguien y tendrá su derecho a queja. Y lo mismo para quien crea que el monto es muy caro y que mejor no expropiar nada.

Son, en uno y otro caso, valoraciones de oportunidad, mérito y conveniencia. Lo mismo que pasa cuando uno va de compras: siempre que el presupuesto es limitado, se analiza la utilidad y el monto con reparos. Eso es lo que debe debatirse en el Congreso. De lo que no caben dudas, en cambio, es de la constitucionalidad de la expropiación como posibilidad del Estado.

¡Es ilegal!

Como los accidentes domésticos, las expropiaciones también suceden todo el tiempo. La expropiación de un terreno en desuso para construir una plaza, o de ciertas casas para edificar una autopista, o de una empresa privada para brindar un servicio público.

Claro que las plazas y las autopistas generan menos resistencias que las empresas. Allí hay, sobre todo, un inconveniente operativo: como la aprobación de una expropiación por ley puede demorar semanas o meses, los empresarios podrían tentarse con la idea de vaciar sus propios negocios o incinerar información importante.

Y ahí, por tanto, el santo remedio: la intervención por decreto, que oficia como lo haría una medida cautelar en una causa judicial. Son medidas preventivas y transitorias, que apuntan a resguardar el objeto del pleito hasta su resolución definitiva.

Claro que quienes se oponen al avance del Estado proclaman, con fervor, que la expropiación está prevista en la Constitución, pero no así la intervención. Y que por tanto, la intervención por decreto es mala, mala, mala.

Lo cierto es que la intervención está prevista en la propia Ley de expropiaciones N° 21.499, dictada en 1977. Y se dirá, como Guillermo Moreno, que es una ley de la dictadura. Lo cual es cierto. Tanto como la versión actual de la Ley de Contrato de Trabajo, que todos siguen aplicando sin reparos -y así estamos-.

En cualquier caso, la Ley de 1977 es levemente distinta a la que ya existía sobre el mismo asunto en 1948, dictada durante el peronismo, y a la primigenia de 1866, impulsada por Bartolomé Mitre unos años antes de fundar el diario La Nación.

 El tema, se verá, no es nuevo. En todo caso, la novedad de la ley vigente es el famoso asunto de la intervención, que en su Título IX la norma denomina “ocupación temporánea”. La toma de posesión transitoria del Estado es, por tanto, legal, pues está prevista hace medio siglo en una ley que nadie derogó ni declaró inconstitucional.

En la práctica, dadas las circunstancias, la intervención se formaliza mediante un decreto simple del Poder Ejecutivo: es el presidente el que puede definir esta ocupación, siempre que fuese necesario para asegurar, por ejemplo, la continuidad de una empresa objeto de expropiación.

Se dirá que eso nunca se vio en la Argentina y cosas por el estilo. Pero es falso. El último antecedente de una “ocupación temporánea” previa a una expropiación se dio en el caso de YPF: la ley se aprobó el 7 de mayo de 2012 y la intervención por decreto se dio el 16 de abril. Y no hubo allí ningún tipo de impugnación judicial –ni habría tampoco por qué–.

¡Viola la división de poderes!

Éste es, seguramente, el planteo más absurdo. Y el problema surge de la confusión entre el concurso de acreedores y la quiebra. Aunque se aclara fácil: el concurso de acreedores es un proceso preventivo, mientras que la quiebra es uno proceso liquidatorio.

O más claro todavía: el concurso preventivo es como la renegociación de la deuda externa que lleva el gobierno nacional con los bonistas. Se busca un recorte; se intenta pagar menos al no poder pagar por el todo. Y así, como en todo concurso preventivo, lo que se previene es la quiebra. Se renegocian las deudas para salvar el negocio con el último aliento.

Pero si el concurso preventivo falla, tiene lugar el concurso liquidatorio –o “quiebra”–. El cual, como su nombre lo indica, conlleva la liquidación de todos los bienes de la empresa: se venden la fábrica, las máquinas, las acciones, para luego pagarles a la AFIP, a los trabajadores, a los proveedores y al resto de los acreedores. En definitiva, en una quiebra, se vende absolutamente todo.

En cualquier caso, lo cierto es que ambos, el concurso preventivo y el concurso liquidatorio, son procesos judiciales. La diferencia está en que, durante el concurso preventivo, se renegocian las deudas, pero la empresa sigue siendo administrada por sus dueños (artículo 15° de la Ley de concursos y quiebras N° 24.522) –como en el caso de Vicentín–.

Las llaves no las tiene el juez, sino los dueños. Otra vez, más despacio: en los concursos preventivos la Justicia interviene como observadora, pero los dueños siguen siendo dueños. Son ellos los que pueden renegociar la deuda, vender la empresa, buscar nuevos socios, pedirle auxilio al Estado, etcétera. Todo es bienvenido con tal de evitar la liquidación total.

Distinto sería el caso, claro, si el gobierno interfiriera en medio de una quiebra; es decir, mientras el juez está liquidando todos los bienes para pagar las deudas. El asunto no sería ilegal, pero el terreno se volvería pantanoso. Ahí sí debería el Ejecutivo presentarse ante el juez y pedirle su aval para rescatar a la empresa de su liquidación.

Con un aditamento: si el gobierno decidiera expropiar una empresa quebrada, cuyos bienes ya estuviesen siendo vendidos, no sólo chocaría con el accionar del juez, sino que estaría haciendo un pésimo negocio. Lo cual, a la postre, responde también la pregunta sobre por qué el gobierno decidió actuar ahora y no esperar a la quiebra.

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