Nueva cara del avance de Larreta sobre la justicia

Guadalupe Santana

@puede_fallar

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Hace unas semanas atrás describimos la reforma estructural y oportunista de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que Horacio Rodríguez Larreta hizo aprobar en la Legislatura. Esta modificación creó un interventor político a través de una figura denominada Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, que tiene a su cargo facultades de administración presupuestaria. De esta manera se ponen en cabeza de un funcionario externo (nombrado con acuerdo de la Legislatura) decisiones claves vinculadas con el funcionamiento administrativo, las designaciones y demás cuestiones de la vida diaria de todo el Poder Judicial.

Además, inicialmente, la reforma de Larreta buscaba modificar el sistema disciplinario de los Ministerios Públicos, en lo que se interpretaba como un mensaje disciplinador para sus trabajadores; éste fue el único aspecto de la norma que la rápida acción sindical logró modificar.

Hace tiempo que se viene denunciando la falta de independencia del Poder Judicial en todas sus decisiones de importancia. El oficialismo avanzó seriamente sobre el Consejo de la Magistratura y con ello, desató el fuego cruzado de sus internas: distintos sectores políticos se disputan espacios, presupuesto y funciones. La persona a cargo de la novel Secretaría de Administración General y Presupuesto responde, en parte, a esta lógica.

Como resultado de este escenario, predominan las pujas y decisiones discrecionales y entran en crisis la transparencia, la democracia interna y los ámbitos de negociación colectiva, lo que causa grandes perjuicios no sólo a les trabajadores judiciales, sino también a la ciudadanía, ya que lo que ocurre en el Poder Judicial de la CABA se vuelve cada vez más lejano, inentendible y espurio. 

El último martes, la legisladora porteña Ofelia Fernández denunció que el Gobierno porteño recusó al juez Darío Reynoso, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 24 de la CABA, y frenó el trabajo de elaboración de un protocolo a aplicarse en barrios populares en el contexto de la pandemia. 

Esto, en el marco de una causa iniciada por una acción de amparo ante la situación crítica que atraviesan las Comunas 4 y 8 en términos socio-sanitarios, fue impulsado por los presidentes de las únicas Juntas Comunales que no conduce el oficialismo: Ignacio Álvarez y Miguel Eviner.

Los barrios comprendidos en dichas comunas -La Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya,  Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano- presentaban, al año 2010, más de 160 mil personas viviendo en villas o asentamientos precarios. En la comuna 8, este índice alcanzaba a un tercio de la población total comunal, y en la 4, el 16,3% de la población vivía en villas y asentamientos. En ese orden, son las comunas de condiciones socio-ambientales más graves y con mayor hacinamiento, según las estadísticas oficiales del GCBA.

El coronavirus agrava seriamente la situación de les vecines de barrios populares, dado que las condiciones de hacinamiento y precariedad favorecen la propagación del virus y dificultan el cumplimiento del aislamiento. El PRO se mostró insensible en relación a esta realidad: a pesar de las denuncias constantes de les vecines, no ofreció respuesta acorde a sus necesidades. El caso más emblemático fue el de la falta de agua en Villa 31, denunciada por Ramona, militante de La Poderosa, fallecida a causa del contagio.

¿Cuántos de estos casos se llevaron a la justicia? Varios. Pero allí prima el cinismo del PRO: lejos de mostrarse componedor como lo hace públicamente, el oficialismo porteño promueve sistemáticamente la recusación de los jueces cuando estos disponen medidas cautelares para instar la acción inmediata del GCBA, y así evitar la producción de daños irreparables. De este modo,  obstaculizan la acción judicial como alternativa ante las falencias de su programa de gobierno, dejando en el desamparo absoluto a la población de la ciudad.

Esto no sólo se realiza en las causas vinculadas con villas. El periodista Carlos Romero detalló para Contraeditorial que esta se trata de una práctica sistemática del GCBA en causas de todo tipo: condiciones de trabajo de les empleades públicos, de hospitales, docentes, pacientes hospitalarios, colectivo travesti-trans, entre otros.

Esta situación pone de manifiesto la falta de altura del gobierno porteño en el manejo de la crisis sanitaria, así como su orientación clasista. Es decir, se evidencia el accionar sistemático del GCBA de espaldas a las necesidades populares, lo cual en un contexto de extrema urgencia y necesidad de la ciudadanía porteña como el que vivimos, se vuelve directamente aberrante. 

Pero también es un claro ejemplo de la justicia que le gusta al PRO: lejos de las bambalinas del recurso republicano, signada por el desacato, la apelación y recusación sistemática, y la intervención para el condicionamiento político. Si agregamos a esto el espionaje ilegal y las presiones denunciadas en el ámbito nacional que tienen como protagonista al Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, cabe preguntarse: ¿cuánto más tenemos que tolerar esta (in)justicia en la Ciudad?    

* Secretaria de Juventudes de la Asociación de Empleades Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e integrante del Equipo de Justicia de Vamos CABA