Nacionales

10 junio, 2020

La ONU intervino para frenar un desalojo en Ciudad Oculta

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del organismo ordenó al Estado Nacional suspender el desalojo de seis familias del popular barrio porteño de Villa Lugano. Afirman que se trata de “un importante precedente” para la defensa del derecho a la vivienda en el país.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) por medio de su órgano encargado de  supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales intimó al Estado nacional suspender un desalojo de seis familias en la Ciudad Oculta (villa 15) de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires (CABA) “para evitar daños irreparables hacia las personas afectadas”.

Luego de los fallos adversos y agotar todas las instancias de la justicia argentina, las familias formaron un amparo que permitió la intervención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

El colectivo está formado por 6 familias -26 personas en total-, de las cuales 11 son niñas, niños y adolescentes, y 7 son personas con discapacidad. Todas ellas viven en la casa 4 de la Manzana 22 de Ciudad Oculta en el barrio de Villa Lugano.

“Se trata de un importante precedente en la defensa del derecho a la vivienda en las villas de Argentina, especialmente en este contexto de vulnerabilidad agravada en la que se encuentra su población ante la rápida propagación del COVID-19 en los barrios populares”, declaró el Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP), que acompañó a las familias. 

Y añadieron: “Resulta indispensable que el Estado garantice el derecho a una vivienda adecuada, a un hábitat digno y evite los desalojos forzosos, para que puedan adoptarse las medidas sanitarias de prevención que la grave situación actual exige”.

El Ejecutivo Nacional dictó la suspensión de desalojos por falta de pago a través del DNU 320/20, pero desde los distintos movimientos sociales que se organizan en torno al conflicto habitacional en CABA se viene advirtiendo que el mercado de los alquileres informales no alcanza a ser protegido por la norma.

“Sabemos que el Gobierno nacional tomó medidas respecto a esto, pero también sabemos que dentro de las villas esto no se cumple”, contó para Notas Silvana Olivera, integrante de la Mesa de urbanización participativa de la Villa 31

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