América Latina: 215 millones de pobres y 70 millones de desocupados

Sebastian Pasarin

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En su publicación habitual, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierten, desde el comienzo, sobre el agravamiento de las condiciones materiales por las que atraviesa nuestro continente en el intento de salida de la crisis económico-financiera mundial del año 2008. Ambas organizaciones sentencian que la pandemia “provocará en 2020 la mayor crisis económica que América Latina y el Caribe en su conjunto ha experimentado en toda su historia”.

El informe sobre “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe” caracteriza el panorama a partir de las cifras del año 2019. Al respecto, señalan que el año pasado estuvo marcado a nivel continental por un bajo crecimiento económico, una moderada generación del empleo (aunque con mayores niveles de precariedad e informalidad) y un aumento leve de la desocupación.

En cuanto a la calidad del trabajo, se resalta que creció el “cuentapropismo” a un ritmo mayor que el empleo asalariado. Por su parte, este último presentó un proceso de deterioro en sus condiciones, con aumento de la precarización, el subempleo y la informalidad. En lo relativo a Argentina, en particular, el informe deja ver el paso devastador de la gestión macrista: todos los indicadores del 2019 empeoraron.

A nivel salarial señalan que, si bien durante toda la década 2010-2020 la tendencia de los aumentos salariales fue decreciente, en el año 2019 se registró la mediana de las tasas de crecimiento del salario real del empleo registrado más baja de los últimos años (1%). Argentina fue, a causa de la inflación, el país con mayor contracción del salario real.

Pronósticos

Entre los puntos más graves del pronóstico para este año, se remarcan el aumento de la desigualdad, la contracción de más del 5% del PBI, una desocupación de más del 11% con aumento de la informalidad y, lógicamente, mayores índices de pobreza e indigencia, que alcanzarían el 34,7% y el 13%, respectivamente. Esto representa casi 215 millones de pobres en todo el continente y 70 millones de desocupados. 

Entre las actividades que tendrán mayor impacto negativo se destaca turismo, comercio, industria manufacturera, inmobiliarias y administración. En un segundo nivel aparecen transporte y almacenamiento y actividades de entretenimiento y culturales.

En cuanto al sector asalariado formal, se recogen los problemas vinculados con la vuelta al trabajo en lo relativo a las cuestiones de seguridad e higiene. A su vez, se dedica un apartado a analizar el teletrabajo como modalidad durante la pandemia.

Se advierte en diversos pasajes sobre el empeoramiento de las condiciones de vida y el engrosamiento del sector informal. De allí se deriva la necesidad de dar mayor duración temporal y focalización de las medidas de transferencia de ingresos (como el IFE argentino), los seguros de desempleo, el acceso a la salud pública.  Se resalta la problemática del trabajo migrante y el empleo de casas particulares.

El Estado ante la crisis

Los organismos firmantes del informe señalan que “esta crisis debería acelerar la provisión de recursos a los programas que garanticen ingresos y sostengan los puestos de trabajo de los trabajadores formales e informales y sus familias” y que “el presupuesto de las políticas sociolaborales de la región es bajo”. A su vez, reconocen que el marco de acción de los estados latinoamericanos puede considerarse limitado fundamentalmente por las consecuencias derivadas del endeudamiento externo y de la reducción de ingresos fiscales. 

Leonardo Gurrieri y Maria Cecilia Iselli describieron y analizaron críticamente por este medio, en clave de puja distributiva, algunas medidas económicas del gobierno argentino destinadas al sector laboral. El texto sostiene que, para modificar el acuciante panorama de la clase trabajadora, el Estado debe modificar su matriz impositiva a través de una reforma que contemple el impuesto a las grandes fortunas.

A las disposiciones vinculadas con la protección del trabajo formal y la reforma impositiva que plantean en esa nota, deberán agregarse una batería de medidas vinculadas, no solo con la protección del empleo existente, sino con el desarrollo de nuevos puestos de trabajo y el fortalecimiento de la seguridad social. Una de las pocas iniciativas en este sentido la constituye el Plan General San Martín.

Así el aumento de impuestos a los que más tienen toma un carácter determinante y necesario, como también las medidas tendientes a paliar las consecuencias del endeudamiento externo ilegal e ilegítimo de macrismo o las vinculadas con el fortalecimiento del Estado a partir de la estatización de empresas claves en el modelo de acumulación como Vicentín.