Radiografía de una puja distributiva en épocas de cuarentena

Leonardo Gurrieri* y Maria Cecilia Iselli**

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A nivel mundial, la mayoría de los Estados están desplegando un gran paquete de medidas fiscales para reducir los efectos de la crisis. Se estima que en promedio los países están destinando un 3,7% del PBI con estos fines. En Argentina el paquete de medidas alcanza alrededor del 2,5% PBI, todavía muy por debajo de lo que se destina a nivel mundial. Pero lo interesante de esto es cómo se está gastando y quién financiará este conjunto de medidas.

Sobre las medidas para mitigar la crisis

Por el lado del gasto, más allá del estrictamente destinado a salud para enfrentar la pandemia, es interesante centrarse en la porción destinada a mitigar los efectos de la crisis económica. En este sentido, se destacan las medias del ingreso familiar de emergencia, la asignación compensatoria al salario (ATP), la reducción de las contribuciones patronales, los créditos a monotributistas y el incremento del seguro de desempleo.

En principio, analizando la respuesta del Estado a los distintos grupos de trabajadores, lo que se puede observar más allá de la heterogeneidad de medidas es que tienden a reproducir ciertas desigualdades de la vida activa de los mismos. A les trabajadores registrados del sector privado los asiste mediante una asignación compensatoria al salario, donde les reconoce al menos dos salarios mínimos ($33.750), más lo que pone la empresa; a los trabajadores de la economía informal un salario familiar de $10.000, y a les trabajadores independientes (o con relación de dependencia encubierta) les otorga un préstamo de hasta $150.000, sin siquiera descontarles el impuesto al monotributo. En paralelo, el Salario Social Complementario que venían percibiendo les trabajadores de la economía popular siguió siendo de $8.500.

Por otra parte, lo que surge es que el Estado está dando una gran ayuda económica a las empresas: no solo está pagando el 50% de los salarios de sus trabajadores, sino que se les reduce hasta el 95% de las contribuciones patronales a aquellas empresas cuya facturación se vea afectada. Además, se les permite la suspensión por fuerza mayor de trabajadores de manera tal que se mantiene la relación laboral, pero le trabajadore percibe una asignación no remunerativa de un porcentaje determinado del salario de bolsillo. En algunos convenios, se habilitó la reducción de hasta un 25% del salario. A su vez, muchas empresas se ahorran los costos de tener trabajadores en sus oficinas y que muchos de estos están siendo asumidos por les trabajadores al desarrollar las actividades de forma remota. 

Como se desprende de lo anterior, cuando a los empresarios les toca perder, corren a golpear las puertas del Estado para que les de ayuda financiera. ¿No será hora de pensar en una reforma tributaria para que cuando las empresas tengan ganancias devuelvan esta ayuda del Estado y para que este, a la hora de enfrentar crisis, tenga más y mejores herramientas? Si les trabajadores estamos haciendo tantos sacrificios en esta crisis, ¿no es menester que los que tienen grandes fortunas hagan su propio esfuerzo que, a comparación del que hacen los que perciben el Ingreso Familiar de Emergencia, es bastante ínfimo?

En este punto es claro que gran parte del costo lo están pagando les trabajadores. Hay un gran porcentaje de trabajadores, principalmente los de la economía popular, que fueron reducidos a la indigencia, ya que perciben un ingreso insuficiente y no pueden desarrollar otra actividad para complementarlo debido a la cuarentena. 

Dentro de les trabajadores formales, una buena parte vio afectada fuertemente sus condiciones materiales de vida, ya que no solo que este año es probable que no haya paritarias para la mayoría de les trabajadores, sino que en muchos casos se les ha reducido el salario, no se cobran muchos beneficios que estaban estipulados en los convenios y/o perciben menos salarios por suspensiones. 

Según el informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en abril el salario real se contrajo un 1,3% mensual, aun sin considerar las suspensiones. A su vez, el Ministerio de Trabajo recibe más de mil carpetas por día con suspensiones, que en un futuro se pueden traducir en despidos.

Párrafo aparte merece la situación de les trabajadores estatales, para quienes el Estado se implica desde su rol de empleador. Para estos trabajadores, el gobierno afirmó “no estar en condiciones de hacer ofertas de recomposición salarial”. Cabe remarcar que este sector ha sido uno de los más duramente golpeados durante la gestión del macrismo, donde el salario real cayó un 30% entre el 2015 y el 2019. 

Si nos detenemos a analizar la plantilla de estos trabajadores vemos que hay muchas categorías que hoy quedan por debajo de lo que se les reconoce a los trabajadores privados como complemento del salario (el ATP). Asimismo, son estos trabajadores los que hoy en día están desplegando todas las políticas que está llevando adelante el Estado.

Si bien este asumió muchas  más funciones, la plantilla no se ha incrementado en la misma medida, generado además una  sobrecarga mayor en estos trabajadores. Por tanto, así como el Presidente defendió el salario de los funcionarios -porque siempre le responden-, debería también defender el de les trabajadores del Estado, que son les que están detrás de todas esas respuestas y desplegando la política en esta situación tan demandante.

¿Qué está pasando por el lado de los ingresos?

La estructura tributaria de la recaudación se concentra en tres tributos que explican el 76% de los ingresos, I.V.A, ganancias y aportes y contribuciones de la seguridad social. 

El impuesto que más recauda sigue siendo el I.V.A, un impuesto que pagan todes les ciudadanes cada vez que consumen, independientemente de su capacidad contributiva. En el año 2019, del total de la recaudación este impuesto explicó el 31% de esos ingresos, el impuesto a las ganancias el 22%, sin contar que a su vez les trabajadores también tributan. 

Por otra parte, también son importantes los ingresos destinados a la seguridad social, compuestos por una parte que paga el trabajador y otra que paga el empleador. En el contexto de la crisis, a muchos empleadores se les redujo esta carga, pero a los trabajadores no. A su vez, la recaudación depende fundamentalmente del nivel de la actividad económica, y esto se evidencia en la recaudación del último mes, ya que se contrajo un 21,6% en términos reales si se lo compara con el mismo mes del año anterior. Dentro de los impuestos, la mayor caída es la del I.V.A, que se contrae un 27,6% interanual.

Por lo tanto, para hacer frente a los nuevos gastos y los recursos que se va a llevar la renegociación de la deuda, habrá que pensar en una nueva estructura de ingresos donde les trabajadores no sean les que, en términos relativos, hagan el mayor sacrificio a la hora de tributar. Esto es necesario para reducir la desigualdad tributaria y para reactivar el consumo interno. Hasta en las recomendaciones del FMI se indica la adopción de medidas fiscales que involucren el aumento de las alícuotas para los tramos más altos de impuesto a las ganancias y bienes personales. 

Es por esto que es necesario que los sectores populares discutan cuál es el Estado que se quiere. Que se aproveche este contexto, en el que aquel se hace cargo de la mayoría de los gastos de la economía, para exigir que se dejen de perpetuar desigualdades y que se reconozca un piso de derechos para todes les trabajadores por igual. 

Como mínimo, este piso debería ser el que se está reconociendo a les trabajadores privados. Este debería ser financiado con un impuesto a las grandes fortunas. Por otra parte, es más que necesario una reforma impositiva para tribute más el que mayor capacidad contributiva tiene. Estas son algunas de las medidas para que esta puja distributiva se resuelva en favor de los trabajadores.

*Delegado CIMAT ATE Cultura e integrante de Estatales de pie
**Economista e integrante de Estatales de Pie