4 junio, 2020
#NiUnaMenos: la necesidad de las políticas públicas
En el marco del quinto aniversario de ni una menos, analizamos la problemática sobre la violencia de género en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y las pocas respuestas que se obtienen desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ley 26.485 entiende a la violencia de género como “la existencia de relaciones desiguales de poder que puedan afectar la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial” en mujeres, travestis y trans. De esta forma se puede afirmar que la violencia de género es un componente estructural de nuestra sociedad patriarcal y hetero-cis-normativa.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede parecer una ciudad progresista en cuestiones de género, ya que es el epicentro del movimiento feminista. Algunas batallas fueron ganadas desde la Constitución sancionada a partir de la autonomía de la ciudad, que establece la igualdad entre varones y mujeres, e incluso en la sanción de la Ley 474, que establece el Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones, sancionada en el año 2000 -aunque hoy pueda parecer binario-.
Sin embargo, no es posible llevar políticas públicas eficientes ni desarticular las relaciones estructurales que generan las violencias machistas sin presupuesto y sin instituciones jerarquizadas que den respuesta de manera integral a estas problemáticas.
La Dirección General de la Mujer (DGMuj) es el principal dispositivo institucional que tiene la ciudad para desplegar política específica en relación a la promoción de la igualdad de derechos y atención, contención y erradicación de la violencia por razones de género. La falta de presupuesto que en estos momentos afecta el trabajo de la DGMuj, tiene consecuencias en sus dos líneas.
Tanto en la Gerencia Operativa de Fortalecimiento de las Políticas de Igualdad de Oportunidades, que se centra en la promoción de derechos, como en la Gerencia Operativa de Atención Integral a Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual, en la que se trabaja la violencia de género ya consumada, teniendo a los Centros Integrales de la Mujer (CIM) como dispositivos de alojamiento.
Si la DGMuj está desfinanciada, no puede proporcionar herramientas que estén a la altura de las necesidades ni pensar políticas públicas integrales. Esto es lo que sucede con los CIMs que, según la página oficial del Gobierno de la Ciudad, son “espacios donde se brinda asistencia y acompañamiento a las mujeres que han atravesado o atraviesan situaciones de violencia de género”. Si bien actualmente hay quince, todavía no hay ningún CIM en los barrios populares, haciendo evidente la falta de despliegue territorial.
Esto se ve agravado con el hecho de que las trabajadoras de la DGMuj se encuentran altamente precarizadas. Los y las trabajadoras de la Línea 144 de CABA, refugios para mujeres en situación de violencia, Centros Integrales de la Mujer y otros dispositivos de ésta dirección, en su mayoría mujeres profesionales y/o especializadas en la temática, tienen distintas modalidades de contratación y salario, aunque desempeñan las mismas tareas, carga horaria y responsabilidades.
La peor situación y la más extendida, es la de quienes son contratadas a través de convenios de Asistencia Técnica (AT). Se trata de una nueva figura de contratación doblemente tercerizada, por convenio con la Universidad de Buenos Aires y en carácter de monotributistas. Facturan en promedio de 25 mil pesos, a lo que hay que descuentan el pago del monotributo e ingresos brutos, 3 mil pesos aproximadamente, con los que les trabajadores deben hacerse cargo de sus propias cargas sociales (prestación de salud, aportes jubilatorios).
No gozan de derechos laborales elementales como contar con Aseguradora de Riesgos de Trabajo, obra social a cargo del empleador, aguinaldo, licencias o indemnizaciones en caso de despido.
Si bien la seccional de CABA de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), habilita una modalidad para agremiarse en esas condiciones laborales, la propia precariedad dificulta las condiciones para la organización de les trabajadores para canalizar sus reclamos, entre otras cosas por la rotación (los grupos de trabajo varían, las personas muchas veces no pueden sostener en el tiempo un empleo tan precario y se vuelve transitorio), y por la exposición a situaciones de persecución y amedrentamiento.
Las tareas, partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se incrementaron, así como la preocupación por los salarios. Desde el inicio, las trabajadoras denuncian que comenzaron a cobrar fuera de término, no se visualizan perspectivas de un aumento salarial, no son abarcadas por el bono que se implementará en salud para quienes llevan adelante tareas esenciales en la emergencia sanitaria.
A su vez, no existen para ellas medidas de cuidado, no sólo en relación a la coyuntura de la situación de emergencia sanitaria y la prevención del contagio de Covid-19, sino de un riesgo que es inherente a la tarea que llevan adelante. Debido a la situación de emergencia y al aumento de tareas, se ven expuestas a un trastorno consecuencia de un estrés laboral crónico. Éste se caracteriza mayormente por un estado de agotamiento emocional, que la OMS define como “burn out” o “síndrome de estar quemado/a”.
Frente a ello, se deben implementar diversas medidas de prevención vinculadas a la regulación de espacios y tiempos de descanso, y contención, especialmente, pero también la salubridad integral de las condiciones y ambiente de trabajo. En ese sentido, nos preguntamos: ¿cuáles son los cuidados para quienes cuidan?
*Integrante de Mala Junta y de la Línea Violeta CABA
** Psicóloga, integrante de Estatales de pie
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