4 junio, 2020
El Poder Judicial machista lo hizo de nuevo: algunas razones de su reincidencia
Los dichos del Fiscal Rivarola de Chubut acerca de que los acusados de violación de una adolescente en Playa Unión cometieron un «desahogo sexual» no son expresiones aisladas sino que vuelven a poner sobre el tapete el carácter patriarcal del Poder Judicial, los elementos sobre los que se sustenta y la necesidad de reformarlo desde un punto de vista feminista, democrático y antipunitivista.
Guadalupe Santana*
En el día de ayer, miércoles 3 de junio, y a cinco años del primer Ni Una Menos, trascendieron los dichos del Fiscal General de la ciudad de Rawson, Dr. Fernando Rivarola, durante una audiencia en el caso de un abuso sexual grupal a una adolescente de 16 años, en Playa Unión, provincia de Chubut.
El hecho, conocido como “La Manada de Chubut”, ocurrió en 2012 y comenzó a investigarse en enero del año pasado, tras la denuncia de la sobreviviente a través de las redes sociales.
Si bien inicialmente la calificación había sido de “abuso con acceso carnal” y tenía a seis jóvenes imputados, durante el proceso Rivarola redujo la imputación a tres de ellos: Ezequiel Quintana, Leandro del Villar y Luciano Mallemaci, quienes reconocieron el hecho. Modificó la calificación por la de “abuso sexual simple agravado por la comisión de tres personas” y acordó un juicio abreviado con los defensores de los acusados. Ahora, el juez Marcelo Nieto di Biase deberá resolver si acepta este acuerdo.
Más allá de las particularidades del proceso que se nos escapan, los trascendidos del Fiscal, que consisten en caracterizar el “abuso sexual” como un “desahogo sexual doloso” por parte de los jóvenes que cometieron el hecho, generaron el esperable repudio generalizado.
Tras este rechazo, el Ministerio Público Fiscal de la provincia emitió un comunicado público en el que respaldó a Rivarola y remarcó que el problema se debió a que los dichos no permanecieron reservados “para que sólo los profesionales del derecho que conocen el alcance del término”, tuvieran acceso. En otras palabras, el problema no fue la expresión y lo que ella conlleva, sino los y las legas del derecho, es decir, el resto de la sociedad que se escandaliza desde la ignorancia.
El descargo del Ministerio Público, que técnicamente no es tal, pone en evidencia una serie de problemas que el movimiento feminista viene señalando desde hace tiempo y de manera sistemática, que nos interesa desmenuzar.
En primer lugar, la falta de perspectiva de género en la Administración de Justicia: el respaldo que el fiscal obtuvo por parte del MPF habla a las claras de que el problema no son algunas individualidades aisladas y retrógradas, sino que se trata de la misma matriz institucional patriarcal del Poder Judicial y de un ordenamiento jurídico machista que se sostiene hasta nuestros días.
En segundo lugar, esta matriz se asienta sobre una construcción profundamente androcéntrica como es el Derecho, que lejos de ser neutral y objetivo se erige como una ciencia pensada por y para los varones, donde abundan miradas estereotipadas acerca de los géneros que son moneda corriente en la legislación y la jurisprudencia, y desde la cual se sigue formando a profesionales en las universidades.
Según este prisma, los varones “violan para desahogarse”, y de este modo su conducta aparece asimilada a la de los animales. No obstante, desde el feminismo se ha contribuido profusamente a remarcar que, si hay violencia no es sexo, sino violación, y que esto es un acto de poder y dominación sobre el cuerpo femenino para reafirmar la hombría masculina (Segato, 2003).
En tercer lugar, el posicionamiento del MPF chubutense expresa el carácter elitista del Derecho y de todo el Poder Judicial en sus diferentes niveles. Esto también entraña la cuestión del poder pues, como bien señala Alicia Ruiz (2013), “el derecho es un discurso que reserva su saber a unos pocos y hace del secreto y la censura sus mecanismos privilegiados”. Entonces, el problema no puede ser nunca que “el vulgo no entienda” sino más bien que la justicia no esté a la altura del entendimiento popular.
En resumen, cuando el movimiento feminista plantea la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial, están señalando todos y cada uno de estos puntos. Y no sólo se identifican los problemas, también se proponen algunas iniciativas para empezar a desandar estas injusticias sin caer en respuestas punitivistas que continúen profundizando otras.
Algunas de estas propuestas ya han dado sus primeros pasos gracias a la lucha del movimiento, como la implementación de la Ley Micaela en todos los ámbitos del Estado -aunque quienes nos desempeñamos cotidianamente en el Poder Judicial sabemos que las capacitaciones han despertado fuertes resistencias de quienes ostentan cargos de mayor responsabilidad a través de sus fallos y dictámenes-. Otras, todavía se encuentran más rezagadas, como la refundación doctrinaria del Derecho que debe venir de la mano de la producción dogmática penal con pluma feminista; o la necesaria y urgente democratización del Poder Judicial que sólo puede realizarse mediante la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras judiciales.
El diagnóstico está sobre la mesa, las propuestas también. El momento de avanzar hacia una justicia feminista y popular, es ahora.
*Secretaria de Juventudes de la Asociación de Empleades Judiciales de la CABA (AEJBA). Integrante del Equipo de Justicia de VAMOS.
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