La Facultad de Derecho, Sergio Moro y el lawfare: ¿la agenda anticorrupción contraataca?

Fernando Toyos

@fertoyos

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Bastaron unas horas para que el repudio de la comunidad académica de la Facultad de derecho de la UBA se haga sentir cuando se dio a conocer la actividad titulada «Combate contra la corrupción, democracia y estado de derecho”, donde disertarían el vicedecano, y el juez brasileño Sergio Moro.

Se forzó a las autoridades de esta Facultad –vinculadas al radicalismo universitario que sostiene al rector Alberto Barbieri– a dar de baja la actividad, constituyendo una modesta pero importante victoria contra las formas políticas neo-autoritarias que siguen gravitando sobre la región. ¿Se trata de un nuevo intento de poner a la corrupción en agenda?

¿Quién es Sergio Moro?

El flamante ex Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro ganó visibilidad pública a raíz de la megacausa judicial conocida como “operación autolavado” o Lava Jato, la cual llevó a prisión a una buena cantidad de dirigentes de todo el arco político y funcionó como telón de fondo para el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y el encarcelamiento sin pruebas del -ahora liberado- Luis Inácio “Lula” da Silva.

Como juez federal a cargo, Sergio Moro quedará inmortalizado por el interrogatorio al expresidente en el que admite no tener ninguna prueba que lo vinculara al departamento que -presuntamente- recibió a modo de soborno. Poco tiempo después, Lula sería encarcelado, y Moro se convertiría en una estrella de las clases dominantes brasileñas y la derecha regional, incluyendo al gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Lawfare, otra vez

El grosero error de cálculo por parte de las autoridades de la Facultad de Derecho no fue el único acontecimiento que puso a la corrupción y el lawfare en agenda. En su editorial semanal, el analista político Carlos Pagni se extendió sobre la supuesta premura de la vicepresidenta Cristina Fernández por desactivar las causas judiciales que pesan en su contra.

Esta preocupación habría orbitado durante la reunión entre ella y el presidente, empujando a Alberto Fernández a avanzar sobre las responsabilidades individuales que vinculan al PRO/Cambiemos con la fuga de capitales que alimentó el escandaloso endeudamiento de la era Macri. La mejor defensa – según este planteo – sería un buen ataque. Sin embargo, la necesaria investigación respecto de las complicidades de todo gobierno con el poder económico – complicidad sedimentada en la estructura estatal – va más allá de cualquier grieta y se vuelve urgente ante la crisis sanitaria y económica del Covid-19.

No se trata, como sugiere Pagni, de construir un “lawfare antimacrista” que contrapese al lawfare del gobierno del PRO/Cambiemos (que el propio Pagni no desconoce), sino de investigar los posibles mecanismos por los cuales las clases dominantes argentinas socializaron el costo de trasladar sus fortunas al exterior, lejos del alcance del sistema impositivo argentino, ya de por sí regresivo.

Como se ha reseñado hace algún tiempo en este portal, el término lawfare fue acuñado por el general mayor de la Fuerza Aérea Charles J. Dunlap, quien definió este concepto como el “uso del derecho como un arma de guerra”. Se trate del encarcelamiento de Lula o de la instrumentalización política de causas como la controvertida investigación en torno a los cuadernos atribuidos al chofer Centeno, el hilo conductor del lawfare se encuentra en la articulación entre medios de comunicación, dirigentes y organizaciones de la política conservadora y sectores del poder judicial.

Así, solo en el mes de agosto se publicaron cerca de mil artículos sobre esta presunta trama de corrupción, si sumamos a los portales web de los diarios Clarín y La Nación, y el portal Infobae; mientras cundían las prisiones preventivas sustentadas en la polémica “doctrina Irurzun” y distintos referentes del campo político conservador se hacían eco de estos acontecimientos.

¿Con qué criterio informativo puede explicarse semejante sobreabundancia de notas sobre un mismo tema?  ¿Qué explicación cabe para semejante “establecimiento de agenda” –“agenda setting”, según el término original– que prescinda del uso de dicha temática como ariete para desgastar la legitimidad de un actor político?

Las bases sociales del lawfare

Desde una perspectiva materialista, consideramos que ninguna campaña político-mediática puede arraigar de manera efectiva en una parte considerable de la sociedad si no existen para ello ciertas condiciones previas. Más allá de las denuncias concretas –verídicas o no– la narrativa anticorrupción que puede encontrarse en los medios antedichos tiene una serie de rasgos comunes, según la cual un determinado individuo –que actúa como “personificación de la corrupción”– asciende socialmente por encima de sus “méritos” a través de una práctica corrupta.

Como señaló el historiador Ezequiel Adamovsky: “Lo que molesta no son tanto esos dineros públicos que se pierden y que podrían haber ido a más escuelas o mejores hospitales, sino el hecho de que la política intervenga indebidamente, convirtiendo en rico a alguien que no debió serlo”.

Sin negar otros factores, la meritocracia, como ideal de sociedad organizada según el logro individual, ofrece sustento a esta “narrativa anticorrupción”,cuyo núcleo gira en torno, precisamente, a la construcción discursiva de “casos desviados” respecto del mérito individual como norma. Sobre esta base, el solo hecho de militar en política o participar en un sindicato puede volverse objeto de sospecha: la “narrativa anticorrupción” entronca muy bien con la llamada “antipolítica”.

Los proyectos de reforma del Poder Judicial son, en este sentido, atinados: establecer mecanismos para que el sorteo de causas funcione adecuadamente –evitando el llamado “fórum shopping”– puede desarticular la pata judicial del mencionado esquema del lawfare. Es preciso, además, un profundo trabajo político y pedagógico, sobre la base de una redistribución progresiva del ingreso, que ponga en cuestión los presupuestos del discurso meritocrático.

Al fin y al cabo, como lo muestra la educación pública y el sistema científico-universitario, cuanto más “meritorio” sea un individuo, más dependerá de la sociedad para desarrollar sus talentos. La discusión, entonces, radica en que las posibilidades de desarrollarse sean un derecho universal y no el privilegio exclusivo de los sectores más acomodados que, casualmente, son particularmente proclives a levantar el discurso de la meritocracia.