¿Rescatar empresas o liderar el desarrollo?

Leandro Navarro

@navarro_lean

COMPARTIR AHORA

La compañía aérea Lufthansa y el gobierno de Alemania se encuentran en plenas negociaciones por un plan de rescate cercano a los 9 mil millones de euros. Esto convertiría al Estado alemán en propietario del 20% de las acciones de la empresa.

Situaciones análogas se viven en el resto de Europa, donde por ejemplo el gobierno italiano avanza en la nacionalización de Alitalia. Pero esto está lejos de reducirse al segmento aerocomercial. Bajo el mismo espíritu, Francia anunció que protegerá a sus empresas estratégicas y desde el Consejo Europeo en Bruselas se busca darle formato legal a este conjunto de propuestas y medidas ya en marcha.

El debate sobre la participación accionaria del Estado en las empresas repiqueteó en el ámbito local a raíz de un proyecto diseñado por la actual diputada del Frente de Todes, Fernanda Vallejos.

Sin bien el mismo aún no fue presentado, en una nota para el portal Letra P, el periodista Claudio Mardones ofreció algunas precisiones: está destinado a empresas que coticen en la bolsa y tiene por objetivo sostener financieramente a dichas compañías, evitando compras agresivas por parte de fondos de inversión extranjeros. Las tenencias de acciones que el Estado pudiese llegar a obtener en estas operaciones podrían ser luego recompradas por las propias empresas en cuestión.

Lo cierto es que así planteado el proyecto apunta ante todo a sostener la solvencia de importantes firmas, evitando el cierre de plantas y sus consecuencias sobre el desempleo. Sin embargo, abre la puerta para pensar y discutir la participación del Estado y por ende qué intervención lleva adelante en la actividad económica.

Estado, empresas y mercado

El mainstream económico sostiene, más allá de sus matices, que la innovación y la inversión es llevada adelante por el capital privado. En este planteo, el crecimiento económico, el desarrollo y, en última instancia el bienestar, tiene como trasfondo el rol emprendedor de los empresarios.

Bajo esta mirada, el Estado ocupa, a lo sumo, el lugar de quien soluciona las fallas de mercado, mantiene los servicios básicos o nivela el campo de juego para que se desarrolle la iniciativa privada.

Dicha perspectiva, profundamente ahistórica, omite el carácter estratégico de las inversiones públicas. Por ejemplo, como señala la economista Mariana Mazzucato, lo que convierte al iPhone en tan inteligente son tecnologías, mayoritariamente de uso militar, desarrolladas por investigación con dinero público del gobierno de EE.UU.

Yendo a un caso más reciente, Space X, la empresa fundada por Elon Musk, está por lanzar la nave espacial Crew Dragon. No solo lo hace junto con la NASA, una agencia pública, sino que la posibilidad de este tipo de operaciones se encuentra cimentado en décadas de programas espaciales cubiertos exclusivamente por el Estado.

Estas experiencias, y se podrían seguir enumerando por montones, cuestionan el argumento neoclásico sobre la relación entre la inversión pública y la inversión privada, o mejor dicho sobre considerar que un Estado solo gasta, produce déficit, y el sector privado lidera, innova, y genera beneficios.

Las crisis, como la desatada tras la burbuja inmobiliaria de 2008 o la actual en el marco de la pandemia del coronavirus, dan mayor aire a la acción estatal, principalmente mediante gigantescos programas de rescate, pero el trasfondo continúa siendo el mismo. Están quienes crean riqueza, los capitales privados, y quienes actúan como facilitadores de dicho proceso, los Estados y las entidades públicas. 

En el marco de todo lo señalado, la pregunta que abren estos programas de rescate y sostenimiento de empresas es: ¿por qué el Estado no puede ser partícipe en las decisiones que una firma lleve adelante? Si crea mercados, genera condiciones, invierte en infraestructura y regula cómo deben desempeñarse los diferentes sectores. Se trata en última instancia, de un cuestionamiento sobre quién crea valor en la economía.

Los procesos de desarrollo han demostrado que antes que un facilitador, el Estado lidera como inversor estratégico, de largo plazo y orientado hacia objetivos concretos. En muchos casos el tamaño de las inversiones y el costo que implica requieren sí o sí el acompañamiento estatal.

Por otra parte, aunque no menos importante, la participación estatal podría actuar como límite a los efectos que produce la financiarización, esto es, el peso creciente de lo financiero en la economía real, que en el caso de las empresas se expresa bajo la fórmula de recortar inversión productiva para distribuir dividendos y recomprar acciones. Aquí, la participación pública puede retomar el camino de la inversión y operar de freno a este tipo de prácticas.

En síntesis, discutir la participación pública en las empresas privadas significa cuestionar el rol del mercado y del capital privado como eficiente asignador de recursos y reponer el lugar que ocupa la inversión estatal en el liderazgo y desarrollo de sectores clave para cualquier economía.