La deuda y la crisis desde una perspectiva de género

María Cecilia Iselli*

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Para hablar de deuda con perspectiva de género es importante dividir el análisis en dos partes. Uno estrictamente más técnico, donde se analice la participación del pago de la deuda en el presupuesto y cómo esto se traduce en menores ingresos para destinar a políticas públicas en general y para atender cuestiones de género en particular. Sin embargo, el hecho que existan menores recursos no debería afectarnos si se priorizan estas cuestiones a la hora de presupuestar los gastos. Esto último nos lleva a la otra parte del análisis que está más vinculada a la discusión política.

Desde que el macrismo llegó al poder se encargó de recortar el gasto público de los programas sociales, de la salud y de la educación, pero por otra parte favoreció el endeudamiento externo que no tuvo más destino que la fuga de capitales. Con lo cual, la situación que hereda el actual gobierno es de una deuda impagable y con recursos muy limitados para generar políticas públicas que reviertan la crisis heredada tanto en lo económico como en lo social. La gestión de Mauricio Macri comenzó con una deuda bruta del 52,6%, medida como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), y terminó con el 89,4% del mismo. Esto significa que para pagar la deuda necesitaríamos casi la totalidad de lo que produce el país en un año.

Este condicionante repercute en todos los gastos que pueda hacer el Ejecutivo, pero afecta mucho más a las mujeres y disidencias ya que para poder modificar las situaciones estructurales de las diferencias de género es más que necesario que se realicen políticas públicas específicas para corregir estas brechas.

En cuanto al presupuesto destinado a género, tomando como referencia los programas que se clasificaron que tenían esta perspectiva, se observa que en su conjunto representaron el 4,5% de los ingresos totales del año 2019 del sector público nacional. Los intereses de la deuda en cambio representaron el 18,2% de estos.

El otro tema que surge del análisis es la composición. En un 97% los programas están destinados a las mujeres con hijos a cargo para la manutención de los mismos, como es el caso de la AUH y pensión no contributiva para madres de 7 hijos o más. El programa de Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer (INAM) tan solo representa el 0,13% del presupuesto de género, el de desarrollo de la salud sexual y procreación responsable un 0,3%, los programas de empleo específico para la inserción laboral de las mujeres un 2,18% y el destinado a la Educación Sexual Integral (ESI) un 0,03%.

Con estos números difícilmente estas políticas sirvan para generar un cambio estructural en la vida de las mujeres. En todo caso son útiles para mitigar un poco la pobreza en los hogares vulnerables, en particular aquellos que son monoparentales de jefatura femenina que explica el 60% de los hogares por debajo de la línea de la pobreza, y también para complementar los ingresos familiares. Pero para achicar la brecha de género se necesita mucho más que esto. Hace falta implementar políticas que promuevan el acceso de las mujeres a mejores oportunidades laborales y a una infraestructura para el cuidado de los niñes y ancianes. Este incluso resulta insignificante para defendernos de la violencia machista y los femicidios.

La deuda nos pesa, pero más la falta de políticas públicas

Se habla mucho de la influencia de la deuda externa en las economías subdesarrolladas y como esto cercena cada vez más sus posibilidades de crecimiento y sus capacidades para brindar un nivel de vida más digno a su población. Pero, si bien la deuda les pesa a todes les ciudadanes, no todes llevan la misma carga.

Los servicios de la deuda tienen un peso del 22% del PBI del año 2019. Pero existe otra deuda, que tienen la mayoría de los países del mundo para con las mujeres y disidencias que desde hace siglos realizamos las tareas domésticas y de cuidados de forma gratuita para que la economía funcione. Si esta deuda se pusiera en números representaría, según algunos estudios independientes, entre el 20% y el 40% del PBI. No obstante, esto no se suma a las estadísticas. Pero lo que sí es cuantificable y medible son las consecuencias de esta deuda en nuestras vidas. Aunque trabajamos el doble que los varones percibimos un 29% menos de ingresos, ya que parte de este es no remunerado y a la vez destinamos menos horas al trabajo pago para poder compatibilizarlo con las tareas domésticas y de cuidados. 

Asimismo, el peso de estas repercuten en nuestros salarios cuando existen ítems de presentismo y productividad, menos tiempo disponible para poder elevar nuestros niveles de estudio, hacer capacitaciones fuera del horario laboral, y acceder a cargos jerárquicos o puestos de mayor responsabilidad. Todas problemáticas que se suman a una lista interminable que conduce a las mujeres y disidencias a un ciclo de empobrecimiento que hasta ahora ha sido difícil de desarmar.

Ahora bien, partimos de un año base donde las políticas destinadas a género fueron bastante magras, pero este año va a ser aún más complicado. No solo está pendiente la resolución de la deuda y cuánto de los ingresos tendremos que resignar, sino que tenemos una profunda crisis económica por delante producto de la pandemia de Covid-19.

Es por esto que cabe preguntarse ¿Cuánto más retrocederemos en un mundo laboral lleno de dobles jornadas, bajos salarios, pisos pegajosos y techos de cristal? 

Frente al hecho de que las actividades se están reactivando de a poco, pero no así en los jardines y las escuelas: ¿Quién creemos que resignara su trabajo más informal y peor remunerado para quedarse en casa con las tareas de cuidado? ¿Cuánto les costará a esas mujeres volver al mercado de trabajo en medio de una grave crisis con niveles de desempleo mucho más alto que el de los varones? ¿Cuánto más difícil será cuando desde el Estado se planifiquen políticas públicas para enfrentar el desempleo y se piensen en actividades donde las mujeres casi no tenemos acceso como el caso de la construcción? Porque en general cuando se habla del desempleo, se habla del desempleo masculino.

También es necesario plantear cuánto más aumentará la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, más si tenemos en cuenta el hecho de que nosotras padecemos un mayor grado de informalidad. En este sentido, en el mejor de los casos, algunas cobran un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 mientras los varones, con mayor grado de empleo formal, perciben como base dos salarios mínimos garantizados por el Estado, más la proporción que pone la empresa.

¿A cuántas mujeres más, como Ramona, que se dejan el pellejo en esta crisis para realizar tareas de cuidado colectivas en los comedores y en los barrios populares, les costara incluso la vida?

El momento de planificar una estrategia para que esto no pase es ahora, porque después de las largas batallas que dimos en las calles logramos conquistar un Ministerio que nos ponga en agenda. Es ahora que hay que exigir que la crisis no la paguen siempre los y las de abajo, pero fundamentalmente que no la paguemos las mujeres otra vez, como tantas veces.

*Economista. Integrante de Estatales de Pie