Ambiente y Hábitat

26 mayo, 2020

La agenda ambientalista y los debates parlamentarios: límites y alcances

Hace días el titular de la cartera de Ambiente viene dando debates de la agenda de los movimientos ambientalistas en el Congreso Nacional. ¿Qué ejes se discutieron? ¿Cuales son los límites y las repercusiones que encuentra el debate por un nuevo ordenamiento socioecológico en la discusión pública e institucional?

Julián Monkes

@JMonkes

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En estas últimas semanas, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, estuvo participando de las comisiones de ambiente de la cámara de Diputados y Senadores. En sus intervenciones mencionó gran parte de la agenda de los movimientos ambientalistas cuyo eje es el de construir un «nuevo orden socioecológico donde la calidad de vida este en el centro teniendo en cuenta los bienes naturales». 

¿Qué puntos mencionó? A través de su participación en ambas reuniones, buscó plantear ciertos puntos sobre los cuales el poder legislativo debería avanzar en materia ambiental. En el siguiente listado presentamos los principales puntos expuestos en ambas intervenciones:

  • Situación crítica de los basurales a cielo abierto y la necesidad de impulsar el reciclaje con inclusión social
  • La constitución de una mesa de economía circular para impulsar una ley de responsabilidad extendida del productor ya que no alcanza con la responsabilidad social empresarial
  • Prioridad de abordar la adaptación (fundamentalmente) y mitigación al cambio climático
  • Impacto en salud y en los ecosistemas del glifosato y el paquete tecnológico atado a la soja
  • El avance de la deforestación y la necesidad de reveer la  implementación de la ley de bosques
  • Crítica a la megaminería y la necesidad de tener una empresa nacional de minería con control social
  • Atención a las barreras paraarancelarias sino se cumple el acuerdo de parís o si se siguen exportando productos con gran huella hídrica, de carbono y/o con glifosato
  • El impulso a una ley de educación ambiental entre Consejo Federal de Medioambiente y el Consejo Federal de Educación
  • Impulsar una ley de conservación de humedales
  • Ratificación del acuerdo de escazú para el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia
  • Diálogo y apoyo a los parques nacionales
  • Necesidad de elaborar un programa de alimentación saludable y fomento a la producción agroecológica
  • Ordenamiento ambiental del territorio y planificación de ciudades sustentables junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
  • Impactos de los residuos del fracking y la necesidad de fiscalizar la disposición final de estos en Vaca Muerta

Por otra parte, no mencionó:

  • La ley de glaciares que se encuentra en constante tensión con el avance del lobby minero sobre los ambientes periglaciares
  • Un posible impulso sobre la ley de fomento a la producción de energías renovables
  • No hizo mención a los impactos del fracking ni de las plantas offshore (solo menciona que se licitaron en el gobierno anterior)

Los alcances y limitaciones de la agenda ambiental

En este momento, confluyen una mayor visibilidad mediática y política de la cuestión ambiental con un vasto acumulado legislativo. Desde el ambientalismo es poco reconocida la enormidad de leyes y dispositivos en materia ambiental que tiene la Argentina. Amparadas en el artículo 41 de la reforma de 1994 y la posterior sanción de la ley general de Ambiente en el 2004, nuestro país tiene leyes sobre la conservación de bosques y glaciares, sobre el manejo y disposición de residuos, sobre la información ambiental y participación ciudadana (que es fundamental para procesos como la minería y el petróleo) y, la más reciente, para la adaptación y mitigación del cambio climático. Aún más, cabe mencionar que falta la sanción de leyes que están en la cocina del congreso, como la ley nacional de humedales, de educación ambiental, de evaluación de impacto ambiental y de ordenamiento territorial. 

En ese sentido, las políticas públicas ambientales en Argentina son muchas y gran parte de ellas son referencia para otros países. Pero, generalmente, su implementación dista de lo que consideramos ideal. Una de las razones, radica en el hecho de que Argentina es un país federal. Por lo tanto, la legislación ambiental nacional de un país federal puede establecer pisos, o “presupuestos mínimos”, pero no puede diagramar que pasa en cada distrito, ya que “los recursos naturales son potestad de las provincias” (art. 124 de la Constitución Nacional). A partir de entender que muchas veces las fronteras provinciales no se corresponden con fronteras ecológicas, podemos empezar a entender que necesitamos más que “pisos nacionales” para abordar la complejidad de los ecosistemas; esto es, articulación interprovincial y regulaciones según un ordenamiento ambiental territorial. 

A su vez, a esta limitación se le suma la falta de adecuación del poder judicial para regular conflictos ambientales, poder dirimir la disputa y estipular sanciones. Cabe destacar que esta limitación se profundiza con la escasez de herramientas académicas para generar marcos socioeconómicos que permitan facilitar este proceso.

Otra gran limitación que tiene la cartera ambiental, es la falta de espacios de articulación interministerial. Se construyen mesas o equipos de trabajo por cada tema, pero no hay una política dirigida a transversalizar la cuestión ambiental hacia ministerios. Hay una muletilla que usan varies ambientalistas que es “no debería haber un ministerio de Ambiente, sino que debería haber una secretaría en cada ministerio”. Yendo aún más allá, creo que debería haber un ministerio fuerte, con una buena agenda como la que se está construyendo, y a su vez, construir espacios interministeriales para transversalizar la cuestión ambiental a todo el gabinete. 

Sin dudas, la cuestión ambiental nunca tuvo tanto peso como ahora en Argentina. Gracias a la visibilidad mediática y el movimiento social, se pudieron construir puentes de diálogo que permitieron que el ministro reconozca la gran mayoría de las problemáticas ambientales que nos atraviesan. Seguramente faltan varias, pero por primera vez tenemos un ministerio de ambiente que entiende la importancia de la participación y el control social en materia ambiental y que se tomó el tiempo para escuchar lo que venimos estudiando y militando hace años.

Sin embargo, tenemos que entender al mismo ejercicio de gobierno como un espacio de negociación y disputa. Muchos de los puntos que mencionó son contradictorios con otros ministerios que tienen mayor peso, por lo cual, el éxito del ministerio de ambiente radicará en su capacidad de conciliar esas agendas con la propia, para construir una agenda interministerial que incluya como punto central, la necesidad de ambiente más sano y justo. En ese sentido, el mayor desafío no es pensar nuevas políticas públicas para regular y conservar el ambiente, sino el poder articular los intereses de todos los actores que atraviesan el campo del desarrollo y del ambientalismo para cuidar el ambiente con la gente adentro.

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