Teletrabajo y vuelta a la Administración Pública Nacional

José Luis Farias*

COMPARTIR AHORA

El contexto de emergencia sanitaria y de extensión de la cuarentena viene planteando un escenario difícil para el conjunto de les trabajadores, ya que esta coyuntura ha habilitado al empresariado concentrado tener iniciativa, con la pretensión de devastar nuestros derechos y salarios. Claramente, este escenario sobreviene de la puja por la reapertura de la actividad que empujan los grupos concentrados y sus aliados mediáticos y políticos.

La Administración Pública Nacional (APN) tiene capacidad de administrar gradualmente la incorporación de los empleades públicos a las tareas presenciales, quienes representan un sector importante de la masa general de trabajadores. Esta particularidad hace pensar que la situación en la que hoy están alrededor 187 mil trabajadores y trabajadoras se pueda extender en el tiempo. Más allá de esto, es necesario pensar en cómo será la vuelta ordenada a los lugares de trabajo y qué desafíos se nos presentan desde la perspectiva sindical.

Según datos provistos por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, hasta el momento, un 14% de les trabajadores de la APN presta tareas esenciales de manera presencial, un 17% está haciendo uso de la licencia por cuidados, mientras que un sector de mayor peso corresponde a trabajadores y trabajadoras que están prestando tareas de «forma remota», con una incidencia del 63%. Sólo un 5% está sin prestar tareas, porque la naturaleza de su trabajo no es realizable en los domicilios y un 1% permanece con otro tipo de licencias.

No es casual el uso del término «forma remota», ya que difícilmente se pueda encuadrar la situación excepcional en la cual estamos trabajando bajo la forma denominada teletrabajo. Sin la mínima voluntad de idealizar el teletrabajo, lo que hoy se da de forma improvisada es una suerte de trabajo a domicilio, sin mayores recursos organizativos que los disponibles en cada hogar de cada estatal.

En la APN no existe una normativa vigente que regule el teletrabajo. De tal forma que miles de compañeres se encuentran trabajando en el marco de una situación extraordinaria, sin el equipo y sin las mínimas condiciones ergonómicas adecuadas. Más aún,  combinando tareas de cuidado durante la jornada. En este cuadro, les trabajadores continúan con su labor cotidiana, con las tareas necesarias para el funcionamiento de la gestión administrativa y sosteniendo todos los procesos de trabajo de las políticas públicas que hacen posible que el Estado siga dando respuesta en múltiples niveles a al escenario de grave crisis económica y sanitaria.

Por otro lado, cabe mencionar que dentro de les trabajadores que hacen uso de las licencias por cuidado, mayoría mujeres, una gran porción continúa realizando tareas laborales con mayor o menor intensidad.

Claramente, el cuadro de situación dista de ser ordenado y coherente, con lo cual es equivocado pretender pensar en estándares elevados de requerimientos por parte de la gestión. Claramente, hoy en el Estado no existe teletrabajo, sino una forma híbrida surgida de un contexto extraordinario que está marcando la vida del conjunto de les trabajadores de nuestro país.

Hacia dónde derivará esta situación inédita en el empleo público nacional, es parte de un debate que está en una fase inicial. Necesariamente, se debe partir de una perspectiva estratégica desde los intereses de les trabajadores para darlo.

En el ámbito privado, la organización del teletrabajo es parte de una estrategia patronal en función de la maximización de sus recursos, que fragmenta el colectivo de trabajadores, pero que aporta algunas ventajas  desde una perspectiva individual.

En teoría dicha modalidad debe hacerse de manera voluntaria por parte de les trabajadores y las empresas deben garantizar la provisión de las tecnologías de la  información y comunicación, los elementos de protección personal y la readecuación del lugar de trabajo con los elementos ergonómicos necesarios para desarrollar la jornada laboral.

En este momento cuesta pensar que el Estado se disponga a cumplir con esas premisas, teniendo en cuenta que ese 67% representa alrededor de 117 mil trabajadores. Más allá de esto, en muchos sectores se empieza a creer que esta situación novedosa ha llegado para quedarse. De darse el avance por parte del Estado empleador hacia esta organización del trabajo, tendremos otro gran terreno de disputa.

Una mirada estratégica, nos plantea que la imposición masiva del teletrabajo nos generaría un enorme desafió al colectivo estatal, ya que objetivamente esto deviene en un escenario de fragmentación, difícil de superar para estar en condiciones de pelear por mejores salarios y condiciones. Quizá un ejemplo extremo por la negativa ilustre mejor la figura de la fragmentación: Imaginemos un escenario laboral dominado por el teletrabajo, frente a ingreso al Estado de una gestión neoliberal como la 2015 ¿Cuál hubiese sido nuestra capacidad de respuesta frente al embate, los despidos y demás atropellos?

El trabajo  presencial en la APN ha quedado centrado en los sectores vinculados principalmente a la salud y a otros dispositivos necesarios para dar respuesta inmediata a las demandas de nuestra población. Sin embargo, la idea de la tarea esencial  también es materia de disputa y presión por parte de algunos directivos medios, que buscan afianzar su lugar de poder en los diferentes organismos y presionan para conseguir una vuelta prematura a los sectores de les trabajadores a su cargo.

En el contexto de pandemia, la tareas esenciales o de necesaria prestación presencial en el territorio y en los organismos dejan al descubierto muchas situaciones de arrastre. Un ejemplo gráfico de esto es el caso de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la emergencia sanitaria pone al desnudo la precariedad laboral de un enorme porcentaje de trabajadores y trabajadoras, el vaciamiento y las condiciones de trabajo paupérrimas; combo que deviene en políticas públicas sin sustento material y que pone en peligro la salud de les trabajadores y de la población a la que estxs atienden.

En el Estado Nacional el cuadro de situación en relación a la precarización también es problemático, tras cuatro años de gestión macrista que dejaron una variedad de modalidades de contratos basuras. En un contexto en el cual la emergencia sanitaria se dilata y hace imposible volver a los lugares de trabajo, la precarización genera incertidumbre entre les compañeres contratades, más allá de que se distinga el signo político que hoy administra el Estado.

El retorno al trabajo presencial requiere por parte de las organizaciones sindicales una intervención sobre las condiciones que deberán garantizarse, contrarrestando decisiones que se tomen de manera unilateral solo por parte del Estado empleador.

En la APN existe la Comisión Paritaria de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), con representación sindical, tanto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) como de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y del Estado empleador. En esta instancia, se han acordado una serie de recomendaciones para garantizar la salud de les trabajadores en una eventual vuelta a las tareas presenciales.

Más allá de esas recomendaciones en el ámbito paritario, el escenario de vuelta administrada será un terreno de disputa gremial en los diferentes organismos, ya que la puesta en marcha de condiciones de higiene, seguridad y salud adecuadas requieren el vuelco de recursos en un contexto económico muy restrictivo y dificultoso para la organización de les trabajadores.

Será un desafió para quienes venimos apostando a la organización sindical de les trabajadores estatales poder responder a esta crisis y encontrar nuevas maneras de intervención reivindicativas.

*Delegado de Salud Laboral – Junta Interna ATE Trabajo/militante de Estatales de Pie