Sin protocolo para los barrios populares en CABA, no hay solución

Denise Brikman*

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Sin duda, les más golpeades de la crisis, por diversas razones, vienen siendo los sectores populares. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) esta situación se expresa, principalmente, en los barrios más marginados. Ante esto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) llegó tarde y no viene desarrollando ni un plan, ni un protocolo integral para contener el problema. Las organizaciones políticas y sociales, les referentes y la oposición en general intentan contrarrestar la desidia de este gobierno.

La crisis habitacional no es nueva, pero la crisis sanitaria producto del Covid-19 puso en escena situaciones invisibles y sin duda, agravó el problema. Hoy no hablamos únicamente de la vulneración del derecho a la vivienda o de la falta de acceso a los servicios públicos, como se cansaron de denunciar las organizaciones sociales durante años, sino que a estos problemas, le sumamos que está en riesgo la vida de miles. 

Los números son alarmantes y a medida que pasan las semanas empeoran. Los barrios populares son los focos más fuertes de contagio, con más de 250 mil habitantes. Según información de esta semana del GCBA, hay 1651 casos confirmados en villas y 12 muertes, entre las que resuena el caso de Ramona o el Oso, militantes históricos del Barrio Padre Mugica (ex Villa 31). 

Los casos en estas zonas relegadas representan el 53%, una cifra que ha ido aumentando abruptamente en las últimas semanas. La falta de servicios básicos, los grados de hacinamiento, la necesidad de salir a ganarse el mango o buscar un plato de comida, exponen a más riesgo de contagio a los vecinos y vecinas. 

Desde el inicio de esta crisis sanitaria las organizaciones sociales y políticas han denunciado el peligro que se avecinaba en las barriadas vulnerables y el Gobierno de la Ciudad no ha hecho más que oídos sordos. Desde el 12 de Abril se comprometió a presentar un protocolo que permita prever y contener la crisis de estos lugares de la CABA, pero hasta hoy les vecines siguen esperando. 

Este martes les legisladores porteños del bloque Frente de Todos presentaron dos proyectos de ley para asistir la grave crisis que atraviesan estos barrios en el marco de la pandemia. El primero, propone la creación de un Protocolo de Atención Sociosanitaria para los barrios populares, y el segundo, una  declaración de la Emergencia Sanitaria, Alimentaria y Social en el Barrio Padre Carlos Mugica. 

Según declaraciones del bloque, ambos proyectos son fruto del trabajo articulado con quienes residen en los barrios populares y organizaciones sociales, políticas y de la sociedad civil que vienen acompañando la situación. En este sentido, Ofelia Fernández, legisladora porteña, sostenía: “Buscamos integrar la visión de las vecinas y vecinos, que son quienes hoy le hacen frente a la pandemia. Creemos que las soluciones para las villas de la Ciudad requieren sí o sí del protagonismo popular”. 

El protocolo intenta ser una propuesta integral que ataque las distintas aristas del problema: social, habitacional, económico y sanitario. Para eso tiene propuestas de prevención, como campañas de vacunación, entrega de medicamentos, distribución de barbijos, garantizar el acceso a los servicios básicos, limpieza de espacios comunes, entre otros. A la vez, propone acciones concretas para los lugares comunes y comedores que incluye un relevamiento y la garantía  de ciertas medidas sanitarias y de acompañamiento de estos espacios, hoy fundamentales. 

Por otro lado, propone el acercamiento de ciertos dispositivos a estos territorios como  puntos de atención sanitaria primaria, conformar nuevas Unidades Febriles de Urgencia (UFU), y dotar a cada Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) de una unidad móvil de traslado, buscando evitar las circulaciones innecesarias que actualmente se vienen dando. 

Asimismo, se establece acciones concretas para el aislamiento tanto de personas enfermas como de los casos estrechos, donde el gobierno de la ciudad es el responsable de garantizar las condiciones dignas para ello (tanto en hospitales, como hoteles). Establece también un subsidio de emergencia para las familias que lo requieran y la entrega de certificados de vivienda familiar para evitar ocupaciones durante la ausencia de sus habitantes. 

Por último, el proyecto propone crear un Comité de Emergencia para cada uno de los barrios populares, que tendrá por objeto articular las políticas públicas necesarias para fortalecer el acceso a la salud, desarrollar campañas anti discriminación y proponer el desarrollo de intervenciones que aborden la violencia de género. 

El proyecto recientemente presentado aún no tiene fecha para ser tratado. La legislatura porteña viene sesionando y aprobando leyes a espaldas de las necesidades del pueblo, sin ser ninguna novedad. Semanas atrás se votó un proyecto de Emergencia económica que le reducía a la mitad (de 4 mil millones a 2 mil millones) el presupuesto a uno de los organismos más importantes para enfrentar la crisis de los barrios populares, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). 

A la vez, muchos de los proyectos presentados durante estos meses referidos a atender la problemática de las poblaciones más vulnerables -a modo de ejemplo, una Ley de atención prioritaria a personas en situación de calle o riesgo de situación de calle por Covid-19 o Declaración de preocupación por las viandas de comida entregadas en el marco de la reprogramación de las clases- nunca llegaron al recinto. Mientras tanto, los barrios populares siguen esperando. ¿Que más tiene que pasar para que el Gobierno de la Ciudad deje de darles la espalda?

*Becaria del Conicet, Área de Estudios Urbanos (IIGG)