Un video confirma interferencia de Bolsonaro en la Policía Federal para proteger a su familia

Ana Laura Dagorret*

@anadagorret

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La renuncia de Sergio Moro al cargo de ministro de Justicia denunciando al presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente en la Policía Federal (PF), desató una nueva crisis dentro del gobierno brasileño. En su salida, el ex juez acusó al mandatario de querer interferir en la PF tras despedir al director general del organismo para nombrar a una persona de su preferencia. Según Moro la grabación de la reunión de gabinete comprobaría que el jefe de Estado quería poder tener acceso a investigaciones y relatorios de inteligencia.

Ante las acusaciones el Procurador General de la Unión Augusto Aras solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) la investigación de las denuncias del ex ministro, pedido que cayó en manos del ministro Celso de Mello. En su declaración a la PF, que lleva adelante la causa, Moro volvió a mencionar la grabación de la reunión, material que fue solicitado por Mello para investigar las acusaciones y definir si existe interferencia. 

Tanto Folha de San Pablo como la tv Globo tuvieron acceso a fuentes presentes durante la exhibición del video y afirman que el contenido es “devastador” para el jefe de Estado ya que confirma la intención de interferir la Policía Federal para evitar que pudieran investigar a su familia y allegados.

Lo que dejó la renuncia de Moro

Si bien el contenido del video todavía se encuentra en sigilo, la sucesión de hechos habla por sí sola. El 30 de abril, el ex juez Moro decide renunciar tras el despido de Marcelo Valeixo de la dirección de la Policía Federal, un hombre de confianza del magistrado a quien Bolsonaro ya había querido reemplazar. El nombre elegido por el presidente fue Alexandre Ramagem, jefe de seguridad de Bolsonaro en la campaña electoral de 2018 y amigo íntimo de la familia. 

Sin embargo la nominación fue impedida por el ministro Alexandre de Moraes del STF, quien consideró que había desvío de finalidad por el vínculo entre Ramagem y el clan. Tal impedimento obligó a Bolsonaro a indicar otra persona y el elegido fue Rolando de Souza, subordinado de Ramagem en la Agencia Brasileña de Inteligencia, cuya primera medida al frente de la PF fue reemplazar al superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro (RJ).

En la declaración que Moro brindó a la Policía Federal, también habló del intercambio de mensajes antes de su salida, en donde Bolsonaro hacía referencia a las investigaciones comandadas por la PF de Río de Janeiro, estado donde el mandatario tiene domicilio y desde donde comenzó su carrera política como diputado hace más de 30 años.

Según Moro, en uno de los mensajes el presidente insiste en el cambio de comando de la PF en Río de Janeiro: “Vos tenés 27 superintendencias, yo quiero apenas una, la de RJ”, en referencia a los comandos presentes en otros estados. Luego de la salida del ex juez y tras cambiar al director general de la PF, Bolsonaro consiguió nombrar a través del nuevo director general a Alexandre Da Siveira Isbarrola.

Las investigaciones que se desarrollan en Río de Janeiro

El motivo de Bolsonaro para seguir de cerca las investigaciones que promueve la PF de la ciudad carioca tiene que ver con acusaciones que envuelven a su familia. Un reportaje del diario Folha de San Pablo reveló que Carlos Bolsonaro, segundo hijo del presidente y concejal en RJ, es apuntando por la Policía Federal como coordinador de una red digital de fake news usadas para atacar a los adversarios del gobierno. 

Eduardo Bolsonaro, diputado por San Pablo y tercer hijo del presidente, también fue apuntado como integrante del “gabinete del odio”, una estructura paralela que funciona dentro del Palacio de gobierno y que también es investigada por la Comisión Parlamentar de Inquérito (CPMI) que sigue la diseminación de fake news desde 2019.

Favio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro y el mayor del clan, ya fue investigado por la Policía Federal por sospecha de lavado de dinero y falsedad ideológica. El Ministerio Público de RJ también conduce investigaciones en su contra por un esquema de corrupción que funcionó durante 2016 y 2017 dentro de la Asamblea Legislativa, cuando el ahora senador era diputado estadual. 

Otra de las investigaciones que corren en Río de Janeiro es el asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes, ejecutados el 14 de marzo de 2018. La principal sospecha es que la motivación del asesinato sea la voluntad de Marielle de investigar a las milicias. En la investigación del caso, el nombre de la familia presidencial surgió dos veces. La primera cuando se supo que Ronnie Lessa, uno de los acusados de matar a la concejala, era vecino de Jair y Carlos Bolsonaro en el condominio de lujo Viviendas da Barra, en el barrio de Barra da Tijuca. 

La segunda vez fue cuando el portero del condominio, uno de los testigos escuchados por la Policía Civil, quien comandaba el caso en ese entonces, afirmó que el día del asesinato, Elcio de Queiroz, el otro acusado de matar a Marielle, llegó al condominio y pidió para entrar con autorización del propio Bolsonaro padre. Fue en ese momento en que Sergio Moro como ministro de Justicia ordenó la interferencia de la Policía Federal en la investigación del caso.

Cómo sigue la investigación que conduce el STF

El pedido de investigación del ministro Celso de Mello que conduce la Policía Federal tiene por finalidad comprobar los delitos denunciados por Moro cuando dejó el gobierno. Corrupción pasiva, interferencia por interés particular, falsificación de documentos e incumplimiento del deber de funcionario público son sólo algunos de los delitos en los cuales Bolsonaro podría ser encuadrado de comprobarse las acusaciones. Con el relatorio final de la investigación, el Procurador Augusto Aras debe decidir si formalizará la denuncia contra el presidente ante el Supremo Tribunal Federal. 

Para eso primero es necesario que el Congreso Nacional autorice el pedido de Aras con el voto de dos tercios de los parlamentares y, si se alcanza ese consenso, Bolsonaro debe ser apartado por 180 días, tiempo en que el STF juzga la denuncia y determina si pierde el mandato o continúa hasta 2022. En caso de que la Cámara no de ese aval, la investigación queda en suspenso hasta el fin del mandato del ex capitán del Ejército. Si bien en el parlamento la oposición cuenta con una mayoría simple, los acuerdos de cargos por apoyo entre la presidencia y parlamentaries del denominado Centrão no permitirían, en principio, la conformación de mayoría calificada necesaria.

Más allá del contenido del video y de los varios delitos que el presidente cometió desde que asumió, no hay que dejar de lado las condiciones políticas necesarias para que cualquier proceso jurídico pueda ser encaminado. Wadih Damous, abogado, ex diputado federal por el Partido dos Trabalhadores (PT) y ex presidente de la Asociación de los Abogados de Brasil en Río de Janeiro, se refirió al asunto y destacó que por el momento “no están dadas las condiciones de concertación política para que Bolsonaro deje la presidencia. Si bien es una obligación para los que somos demócratas pedir impeachment, porque es una persona insana desde el punto de vista que no respeta la constitución y las leyes, el argumento jurídico no basta”, apuntó.

A su vez, explicó que “es fundamental tener el apoyo de las elites y capacidad de movilizar, lo cual en pandemia no se puede. Los únicos que están movilizando ahora son los fanáticos bolsonaristas, contagiandose el virus y contagiando a un montón de gente”. También resaltó la fuerza de la consigna #ForaBolsonaro y destacó que en ese movimiento la izquierda debe diferenciarse: “Tenemos que presentar al pueblo una estrategia para ésta pandemia y para lo que viene, seguir denunciando de forma consistente al gobierno Bolsonaro pero principalmente desempeñar un papel que hasta el momento no hemos desempeñado porque la disputa está centrada entre la derecha y la extrema derecha” concluyó.

En plena explosión del coronavirus, con hospitales colapsados, una economía popular destruída que burocratiza las necesidades de los trabajadores y con un peligro sanitario cada vez más creciente, principalmente en áreas vulnerables, la crisis política otra vez protagonizada Bolsonaro suma un nuevo capítulo de autoritarismo. El Congreso y la justicia, que hasta ahora actuaron como barrera de contención de los arrebatos del presidente, tienen argumentos de sobra para hacer respetar la ley y la Constitución en el momento en que Brasil y su gente más lo necesitan.

*Desde Río de Janeiro