Pandemia y ley de emergencia: ¿nueva etapa en la ciudad?

Guadalupe Santana*

@puede_fallar

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El proceso que culminó en la aprobación de la Ley de Emergencia Económica y Financiera en la Legislatura porteña el pasado jueves 7 de mayo es una clara muestra de la matriz neoliberal que da sustento a la fuerza política gobernante. Del mismo modo, se tornó una evidencia de cómo actúa el Jefe de Gobierno: predispuesto a cierto diálogo y con la cintura política suficiente para detectar los límites infranqueables del costo político. Sin embargo, la situación excepcional abierta con la pandemia del coronavirus abre algunos interrogantes acerca de la viabilidad de dicho equilibrio inestable.

La Ley, que contó con un total de 38 votos a favor (Cambiemos/Vamos Juntos, UCR Evolución, Partido Socialista y GEN) y 21 en contra (FDT, FIT, AyL) se sostiene en el argumento principal de la fuerte caída de la recaudación en la Ciudad, la cual estiman en un -35% y la reducción de un punto de los fondos de la coparticipación federal desde principios de año -luego de que Macri la hubiera aumentado en 2016 de 1,4 a 3,75 en 2016-.

Pese a ese diagnóstico, la ley no propone ninguna iniciativa impositiva para quienes tienen mayor capacidad contributiva. Tampoco se prevé ningún tipo de alivio fiscal a los sectores más golpeados por la coronacrisis. Por el contrario, establece un fuerte ajuste en diferentes áreas sensibles: vivienda y empleo público.

En primer lugar, la ley presenta un recorte drástico del presupuesto destinado al Instituto de la Vivienda, el cual queda prácticamente desguazado. Este ajuste llega en momentos en que la crisis habitacional y sanitaria en la Ciudad está al rojo vivo, no sólo por la pandemia sino también por el brote de dengue, y pone al descubierto las consecuencias letales de un modelo de ciudad excluyente como el que propone Cambiemos. Los casos de contagios de Covid-19 se han disparado en los barrios populares con más de 700 casos positivos y 8 víctimas fatales. Las barriadas más golpeadas son la 1.1.14 de Flores y la 31, que continúa sin provisión de agua.

Respecto del empleo público, el proyecto original impulsado por Larreta incluía un artículo 19 que preveía el pago escalonado y diferido de los sueldos de todos y todas las trabajadoras del Estado de la Ciudad, es decir, de la Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) de las comunas, de los organismos descentralizados, de las entidades autárquicas, de las empresas y sociedades del Estado, de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y del el Consejo Económico y Social.

Este aspecto del proyecto fue el que despertó más revuelo, incluso dentro de las fuerzas aliadas del oficialismo en la Legislatura (UCR-Evolución, GEN y Partido Socialista). Cambiemos no obtuvo el aval necesario para votarlo sobre tablas y pasó a debate en comisiones. Allí, mientras el bloque del Frente de Todos ratificó la presentación de un proyecto propio, los aliados introdujeron la modificación de un piso de tres salarios mínimos, es decir, que los sueldos alcanzados por el escalonamiento fueran iguales o superiores a 50 mil pesos (vale recordar que según la propia Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, en noviembre de 2019 una familia de cuatro miembros necesitó ingresos de entre $37.224,87 y $46.759,98 -sin contar los gastos de vivienda- para integrar el segmento de no pobres vulnerables).

Sin embargo, la noche previa a la sesión y durante la mañana del mismo día, ya corrían rumores de que el tristemente célebre artículo 19 se eliminaría por completo. Sí se convirtió en ley el Capítulo V, donde se incluía el artículo en cuestión, que estipula el congelamiento de la planta y de los sueldos más altos, la prohibición de nuevas designaciones de personal y de bonificaciones e incentivos salariales -que en muchos casos, ya forman parte de los ingresos familiares-. No fueron ya los salarios aunque sí el empleo público el que terminó siendo variable de ajuste.

Quizás el cambio a último momento del oficialismo se debió a un análisis más profundo de los números, o respondió a la evaluación de que un ajuste en los salarios de quienes en definitiva más consumen, llevaría a una mayor retracción de la recaudación. Tal vez, lo que convenció al gobierno, fue el potencial costo político sobre su propia base electoral con la reciente y desastrosa gestión nacional de Macri a flor de piel o la férrea oposición de los sindicatos de la Ciudad bajo la consigna “No al salario en cuotas”. Lo más probable es que se haya debido a una combinación de todos estos factores.

Pero más allá de la capacidad de Larreta para detectar la fibra sensible donde no avanzar, parece abrirse ahora una nueva etapa bastante inédita para el oficialismo en la ciudad. Los recursos escasean y ese escenario siempre profundiza las contradicciones entre ajuste y gobernabilidad que hasta ahora Larreta supo manejar con bastante cintura política gracias a la bonanza económica. El proceso que culminó en la aprobación de la Ley de Emergencia fue una muestra de que cuando la contradicción se agudiza, lo que predomina es la matriz neoliberal del gobierno, la cual quedó de manifiesto en toda su magnitud en el proyecto de ley original que fue leve aunque significativamente mitigado.

En este punto, hay que destacar la rápida respuesta que tuvo la oposición parlamentaria y los sindicatos que nuclean a los y las trabajadoras de la Ciudad. Aquí, el tratamiento de la Ley de Emergencia nos deja otra enseñanza a todo el campo popular porteño: donde hubo organización y resistencia, no se avanzó. Así como sucedió con los y las médicas residentes que forzaron la derogación de una ley perjudicial que hoy se vería doblemente agravada por la pandemia. En pocas palabras, la Ley de Emergencia de la ciudad nos deja dos mensajes claros: de aquí en adelante, el panorama en la ciudad será cada vez más oscuro para los sectores populares y no va a quedar otra que responder con una más y mejor organización.

* Secretaría de Juventudes de la Asociación de Empleades Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires