13 mayo, 2020
En Tucumán sigue sin aplicarse la Ley Micaela
La norma que establece la formación obligatoria en temáticas de géneros y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en el poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, todavía no fue reconocida por la legislatura de la provincia norteña.
Tucumán es la única provincia que no adhirió hasta el momento a la Ley 27.499. La Ley Micaela, promulgada en 2019, busca sensibilizar y capacitar a todos los funcionarios públicos con el fin de que el Estado vaya dejando atrás sus carácter patriarcal y adopte, progresivamente, una perspectiva feminista. Mientras que el oficialismo pelea por su implementación, los sectores conservadores ponen trabas y se resisten.
“En la provincia ha habido diferentes obstáculos de los sectores conservadores acerca de distintas normas sobre la ampliación de derechos. tanto a las mujeres como al colectivo LGTB”, explicó en Barricada TV Celina de la Rosa, integrante del colectivo Ni Una Menos Tucumán y de la Agencia de Prensa Alternativa.
En ese sentido, la semana pasada Fuerza Republicana, el partido fundado por el genocida y ex gobernador de la provincia Antonio Domingo Bussi, presentó un contraproyecto para no adherir a la Ley. El mismo, que lleva las firmas de Ricardo Bussi (hijo del represor) y de los legisladores Raúl Albarracín y Walter Berarducci (del Partido por la Justicia Social), también propone la capacitación del personal del Estado en materia de violencia de género pero con la diferencia de que esta no sea obligatoria.
“La adhesión a la Ley Micaela es una adhesión a una Ley Nacional que no necesita un proyecto distinto”, opinó al respecto la legisladora Sandra Tirado que integra el bloque Frente Justicialista por Tucumán, y forma parte de la Comisión de Protección de los derechos de la Mujer.
En la provincia, como ocurre en todo el país con el aislamiento social, hay un aumento de los casos de violencia de género. “Seguimos contando a víctimas fatales del machismo”, precisó Celina. “En Tucumán ya son 9 las muertes”, agregó.
Por su parte, la legisladora Nadima Pecci, del bloque bussista e impulsora del contraproyecto, argumentó que la Ley Micaela apunta a que el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad se convierta en una “gestapo ideológica que trata de imponer mediante la coacción estatal el adoctrinamiento ideológico en género de una manera compulsiva y autoritaria”, y que por esa razón la normativa no debe ser obligatoria.
Por el contrario, para Celina la Ley es el comienzo para un cambio de mentalidad. “Hay prácticas discriminatorias que no pueden seguir existiendo, hay prácticas de obstaculización de derechos que ya no son aceptadas en la sociedad y mucho menos en la función pública”, sostuvo.
Al mismo tiempo, desde el colectivo Ni Una Menos Tucumán se está convocando a una campaña nacional: “Que pida la Ley Micaela para Tucumán”, señaló Celina.
La norma en cuestión surgió a raíz del femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2016 en la localidad entrerriana de Gualeguay. El único imputado por su crimen fue Sebastián Wagner, quien contaba con antecedentes penales por violación. La muerte de la joven de 21 años abrió paso a un proyecto que fue convertido en Ley a fines de 2018.
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