Una reforma estructural y oportunista de la justicia porteña

Guadalupe Santana*

@puede_fallar

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El jueves pasado, tras la aprobación de la Ley de Emergencia Económica en la Legislatura, se votó la reforma del Consejo de la Magistratura -el órgano de gobierno y administración del Poder Judicial- y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La nueva ley modifica dos leyes claves del funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): la Ley n° 31 Orgánica del Consejo de la Magistratura y la Ley n° 1903 Orgánica del Ministerio Público.

Los cambios tienen como fin principal incorporar una figura denominada Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial que pasa a absorber y concentrar facultades de planificación y ejecución presupuestaria tanto del Consejo de la Magistratura como de los Ministerios Públicos (Fiscal, Defensa y Tutelar). Una “supersecretaría”, en la jerga interna, con capacidad de administrar  salarios, compras y contrataciones, designaciones, convocatoria de personal, condiciones de trabajo, etc.

La persona designada al frente de este organismo deberá contar con acuerdo de la mayoría absoluta de la legislatura y tendrá un mandato de siete años con posibilidad de reelección indefinida. Respecto a quién ocupará la titularidad, uno de los nombres que circula es el de la dirigenta Genoveva Ferraro, abogada de la Universidad Católica Argentina (UCA) que actualmente se halla al frente de la Subsecretaría de Administración de Seguridad.

Además, el proyecto original incluía una modificación disciplinaria que, en los hechos, implicaba una mayor discrecionalidad en la sanción de trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público pero gracias al rechazo sindical, fue retirada del texto.

Desde el oficialismo se ha argumentado que esta reforma busca “unificar criterios y construir procesos ágiles y transparentes para la gestión de los recursos”. Se vienen señalando los desmanejos político-financieros tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Ministerio Público que redundan en designaciones, compras y gastos excesivos. Sin ir más lejos, a fines del año pasado, la corporación de magistrados y magistradas logró obtener un aumento significativo con el desacuerdo del Ejecutivo, mediante un artilugio legal que dejó al Poder Judicial sin fondos para afrontar la paritaria anual.

Sin embargo, desde el más amplio espectro político se ha criticado la reforma con el argumento ineludible que implica una intromisión por parte del Ejecutivo y el Legislativo, con mayoría oficialista, en la autonomía del Poder Judicial. La figura de la Secretaría Administrativa aparece como una intervención que viene a ajustar los recursos de la justicia y que, lejos de aportar agilidad, transparencia e independencia, garantiza mayor concentración y discrecionalidad en su gestión.

La reforma puede ser leída también como un mensaje de disciplinamiento ante la catarata de sentencias de jueces y juezas del fuero contencioso y administrativo porteño contra el gobierno por falta de provisión de insumos médicos y de prevención en hospitales, escuelas, centros de salud, en el Estado, etc. También por la declaración de inconstitucionalidad sobre la resolución de aislamiento de mayores de 70 años.

Con esta ley se está formalizando una vulneración a la autonomía del Poder Judicial. La misma que venimos denunciando hace tiempo y que se expresa, por ejemplo, en la dinámica de la negociación colectiva: los aumentos salariales de los y las trabajadoras judiciales se someten a la lógica de pauperización que rige para el Poder Ejecutivo y dependen, en última instancia, del ministro de Hacienda, a quien se le rinde pleitesía como condición necesaria para el cierre de los acuerdos. 

En rigor, la realidad es que el PRO utiliza a la justicia como un apéndice de su partido. Para muestra, basta un botón: el año pasado se tuvieron que nombrar autoridades de importancia como el Fiscal General y dos jueces del Tribunal Superior y los cargos fueron ocupados por ex funcionarios de la cartera de Germán Garavano (ministro de Justicia de la Nación en la gestión de Mauricio Macri): Carlos Mahiques, tristemente célebre estos días por el apriete al periodista Mariano Martín, y Santiago Otamendi.

No necesitamos esta norma que implica una reforma integral de la estructura del Poder Judicial con efectos de largo plazo que exceden las urgencias que impone la pandemia. Por el contrario, hace falta abrir un proceso de discusión con la ciudadanía y con todos los actores que forman parte de la justicia, empezando por las representaciones sindicales de los trabajadores y trabajadoras.

La necesidad de una reforma integral de la justicia, no sólo de la CABA sino de todo el territorio nacional, es una deuda pendiente. Así lo sostenemos los sindicatos en la ciudad y en las provincias, como así también la Federación Judicial Argentina. Pero la reforma judicial debe hacerse en el sentido de una mayor democratización y despatriarcalización para construir una justicia que esté a la altura de los problemas del pueblo trabajador. 

La reforma que impulsa Horacio Rodríguez Larreta no contribuye en nada con esa orientación que la sociedad y especialmente las mujeres y las juventudes necesitan. Pero mucho menos responde al espíritu democrático; es un ninguneo a las organizaciones sindicales y ciudadanas más cuando el mismo día se aprobó la emergencia económica que otorga superpoderes al Jefe de Gobierno. En este sentido, resulta evidente la maniobra del oficialismo: aprovecharse de la pandemia para aprobar una intervención en contra del pensamiento mayoritario de las fuerzas políticas, los sindicatos y la ciudadanía.

* Secretaría de Juventudes de la Asociación de Empleades Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires