11 mayo, 2020
La identidad de género es un derecho, ahora tocan otros
El domingo se cumplieron 8 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, un hecho trascendental que implicó la conquista de un derecho innegable para la comunidad travesti-trans de Argentina. ¿Qué derechos garantiza la ley, cuáles son sus límites y qué queda aún por conquistar?
La Ley de Identidad de Género le otorgó la posibilidad, a quienes no la tenían, de que legalmente se les reconozca la identidad con la que ya viven, derecho que sí tiene el resto de les ciudadanes desde que nacen -y que en la mayoría de los casos, ni se es consciente de esto-. En términos simbólicos, se materializó en políticas públicas el comienzo de la reparación de una profunda deuda histórica que tiene el Estado para con la comunidad travesti-trans.
Según el informe del Registro Nacional de las Personas de febrero de este año, hay 9 mil personas que ya accedieron a su nuevo DNI, siendo estos un 72% femeninos y un 28% masculinos. Esto abarca a todo el país y todas las edades: en las 24 provincias alguien ha pedido el cambio de género, siendo las tres primeras Buenos Aires (31,6%), Capital Federal (11,6%) y Santa Fe (9,2%). En términos etarios, la mayoría, específicamente un 67%, tiene entre 20 y 39 años, les menores de 19 años y quienes van entre 40 a 49 años comparten el 14% y quienes tienen más de 50 años representan un 4%.
En términos concretos, aquellas personas que quieren realizar el cambio de género ya no tienen que esperar 40 años, o quizás toda una vida para hacerlo, sino que el trámite se efectúa en 15 días, y no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de adecuación corporal para el acceso a este derecho.
De todos modos, el cambio registral no es un requisito indispensable, especialmente para les niñes o adolescentes, ya que su identidad de género y su nombre elegido deben respetarse con sólo requerirlo. Es decir, la ley no es biologicista y la sociedad, por ley, no debería serlo.
Sin embargo, aunque la ley no establezca que el cambio de género será de masculino a femenino o viceversa, en el trámite las únicas categorías son M y F. Esto ya queda corto: muchas identidades quedan por fuera de las categorías varón o mujer, motivo por el cual muchas veces el cambio de DNI no se realiza o se debe acceder a la justicia para hacerlo.
¿Será cuestión de agregar una T de travesti-trans o una NB de no binarie? ¿De sacar todas las categorías? Por lo pronto, todos los ámbitos estatales (instituciones educativas, sistema de salud y de trabajo, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, etcétera) deberían replantearse cuándo y de qué maneras se continúa reproduciendo el sistema binario, que aún está muy instalado culturalmente, y que termina marginando y discriminando a la población travesti-trans.
Es por esto que la deuda continúa: ¿cómo se repara la falta de salud integral, la exclusión familiar, educativa y laboral, la violencia física y psicológica, las muertes en las que en la mayoría de los casos no se les reconoce, ni siquiera en ese momento, la identidad que habían construído? Es momento de que se sancionen nuevas leyes y que se gestionen cada vez más políticas públicas que protejan y otorguen derechos a uno de los colectivos más golpeados y vulnerados.
Actualmente la mayoría de las personas travestis y trans alcanzó un nivel bajo, no habiendo podido terminar la escolarización obligatoria (nivel inicial, primario y medio), y sólo un porcentaje menor logró completar una carrera universitaria. En el ámbito laboral sólo el 18% ha tenido acceso a trabajos formales, recurriendo gran parte de las trans feminidades a la prostitución como modo de subsistencia.
En la salud también se encuentran limitaciones: las obras sociales y prepagas todavía no cubren los tratamientos hormonales de manera integral y en los hospitales o centros de salud públicos suele haber faltantes de hormonas -principalmente para masculinidades- o discontinuidad en sus entregas. A su vez, se sigue estigmatizando y patologizando a lxs pacientes, pidiendo consultas psiquiátricas para atenderles, o incluso exámenes de VIH cuando la consulta no tiene que ver con eso. Vale remarcar que esto es ilegal.
Cerca del 90% de las personas travestis-trans vive en la pobreza y se encuentra en situaciones de extrema marginalización. Los asesinatos, el VIH y el uso de silicona industrial configuran las primeras causas de muerte, generando un promedio de vida de 35 años.
A ocho años de la aprobación de la ley de Identidad de Género, aún quedan muchas deudas sociales y estatales: la implementación de la Ley Diana Sacayán – Cupo Laboral Trans; la garantización de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos; el financiamiento estatal para hormonas y operaciones y para una salud integral y digna; la implementación de Protocolos de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia, discriminación y/o acoso por género u orientación sexual; y la lista continúa.
Como dijo Marlene Wayar, activista travesti-trans: “Paremos el mundo. No sé qué otra cosa más importante tiene que haber.” Que se pare el mundo, que esto no es sólo una cuestión de elles, sino de toda la sociedad. Que se pare el mundo y abrace a toda la comunidad travesti-trans, como en 8 años la Ley de Identidad de Género abrazó a 9 mil personas, y abrazará a todas las que vendrán.
*Integrantes de BARDO – Colectivo Contracultural
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