El gobierno de facto de Bolivia habilitó por decreto el uso de semillas transgénicas

El jueves pasado, la dictadura boliviana sancionó el decreto supremo 4232 que permite la utilización de semillas transgénicas en los cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja. La medida se fundamenta en la necesidad de obtener alimentos más rápidamente y con rendimientos superiores ante el contexto actual de emergencia sanitaria provocado por la pandemia. 

Para ese fin, se autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad para que establezca “procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”, explica el texto de la norma.

A su vez, al día siguiente, se sancionó otro decreto que crea el Consejo Nacional de Reactivación económica y del empleo por un tiempo de 180 días para revertir los impactos de la pandemia en esas áreas.

Como presidente del nuevo organismo se nombró a Oscar Ortiz, flamante ministro de Desarrollo Productivo. Ex candidato presidencial por la alianza “Bolivia Dice No” en las elecciones de octubre de 2019, se trata de un hombre cercano al agronegocio cruceño. Nacido en dicho departamento, tendrá en sus manos la gestión de millones para la inversión y la capacidad de canalizar recursos estatales y créditos de deuda externa.

Asimismo, la norma infringe la Constitución del Estado Plurinacional que sanciona que la utilización de semillas transgénicas tiene que estar regulada por ley. En este sentido, viola el artículo 24 de la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien que prohíbe “la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas” en todo el territorio.

Fuerte rechazo de sectores ambientalistas y de la oposición 

Por esto mismo, han sido numerosas las voces que se levantaron rechazando la medida. El ex presidente Evo Morales sostuvo en su cuenta twitter que el gobierno de facto “nos mata con bala, nos mata de hambre y ahora nos mata con transgénicos”.

Por su parte, el Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB) conformado por 38 instituciones, colectivos y organizaciones de productores, exigió a través de un comunicado la derogación de la normativa. Y alertó sobre el peligro que representa «para la diversidad genética de nuestras semillas nativas» y por consiguiente «a la diversidad genética que tiene el país».

En tanto que la organización Probioma (Productividad Biosfera y Medio Ambiente) emitió un comunicado donde acusa a la presidenta Añez de poner en mayor riesgo «la salud de los bolivianos, saltándose las evaluaciones científicas necesarias para el ingreso de dichos cultivos destinados al consumo humano».

También la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (Aopeb) afirmó que el decreto le resulta “incomprensible e imperdonable” y que en el actual momento de crisis debería priorizarse “la salud de los bolivianos, el cuidado de la tierra y el medio ambiente”.