La deuda argentina: ¿fin del partido o hay alargue?

Leandro Navarro

@navarro_lean

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Argentina enfrenta en este 2020 un nuevo proceso de negociación con acreedores externos. El escenario de alto endeudamiento legado por la administración de Cambiemos y el rol preponderante de los fondos de inversión operan como trasfondo de la discusión en curso.

¿Cómo llegamos hasta acá?

Una de las principales marcas que dejó el gobierno de Mauricio Macri es la evolución del stock de deuda externa hasta registros nunca vistos. Para el año 2015, Argentina se encontraba ausente de los mercados de créditos, en el marco del conflicto que afrontaba con los fondos buitre en el Distrito Sur de Nueva York, en el cual entendía el juez Thomas Poole Griesa.

Allanado el camino tras cumplir de manera total con las exigencias de estos actores, el gobierno de Macri sostuvo durante el periodo 2015-2019 un creciente endeudamiento que, cuando se cortó en el marco de la corrida bancaria del año 2018, pasó a ser cubierto por los programas de asistencia del Fondo Monetario Internacional.

Para ponerle números a la situación, durante estos años la deuda nominada en moneda extranjera creció un 54%, o unos 87 mil millones de dólares. Mientras que si miramos de acuerdo al tipo de legislación, el stock de deuda bajo ley extranjera aumentó un 116%, o 77 mil millones de dólares. Analizado como parte del producto, si para el año 2011 la deuda representaba el 39% del PIB, para 2019 este guarismo alcanzaba el 81%.

A estos cambios en la composición de la deuda hay que considerar los acuerdos con el FMI por un total histórico de 56 mil millones de dólares, de los cuales el gobierno de Mauricio Macri utilizó 44 mil millones para pagar deuda externa.

¿Qué sucedió en estos meses?

La situación descripta en los párrafos anteriores llevó al gobierno de Alberto Fernández a otorgarle máxima prioridad a la resolución del endeudamiento, tarea bajo la cual quedó a cargo Martin Guzmán.

El equipo económico actuó y actúa en tres frentes diferenciados, por un lado la deuda en pesos del mercado local, por otro lado la deuda con el FMI y por último la deuda en dólares, particularmente aquella bajo legislación extranjera.

La idea del gobierno en relación a la deuda en pesos es fortalecer dicho mercado, para lo cual se fueron saldando los distintos vencimientos y otorgando nuevos instrumentos para descomprimir pagos de deuda para lo que resta del año.

La segunda parte remite a la deuda contraída con el FMI. En este punto existen más especulaciones que hechos concretos. Si bien lo cierto es que definitivamente habrá algún tipo de acuerdo, aun no se conoce bajo qué formato, si será otro Stand By, un programa de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), o algún acuerdo más sui generis. Lo que sí sabemos es el apoyo de la nueva gestión del fondo, a cargo de Kristalina Georgieva, a una negociación agresiva con los acreedores privados.

La tensión entre ambos actores surge de quién es responsable de la crisis argentina o cómo se reparten las pérdidas. La otra cuestión a considerar es que dado el monto de la deuda contraída con el Fondo, Argentina y el organismo internacional son socios en esta situación, ya que un empeoramiento de las condiciones del país también afectaría al propio FMI.

Por último se encuentra la negociación con los acreedores externos. La deuda bajo legislación extranjera representa el 44% del total en poder de la administración nacional y por sus particularidades resulta el eje del problema actual. Esto porque se litiga bajo leyes que no son las nacionales, con antecedentes fuertemente negativos y por tratarse de actores económicos cuyo peso en las finanzas mundiales ha crecido a niveles exorbitantes en las últimas décadas.

Hoy, los fondos de inversión titulares principales de la deuda argentina tienen una cartera con un nivel de diversificación que los lleva desde sentarse en los directorios de todas las grandes empresas mundiales a discutir el endeudamiento de países soberanos.

Para ponerles nombre, se trata de fondos como Blackrock, Fidelity o Wellington, que, en el caso argentino, nucleados en tres grupos, juntarían alrededor del 35% o 40% del total de bonos, capacidad suficiente para bloquear cualquier negociación. Es aquí donde se juegan las negociaciones actuales.

El gobierno realizó una oferta ante estos acreedores que, dejando de lado cuestiones técnicas, implica ante todo un periodo de gracia, sin pagar, de 3 años y un recorte entre capital e intereses de casi 42 mil millones de dólares. La otra cuestión es la distribución temporal de los pagos, algo que puede verse en términos comparativos en el gráfico presentado y que, de concretarse, significaría un alivio en términos de fondos destinados al pago de deuda.

Agreguemos que en la negociación entran dos grupos de bonos: aquellos de los canjes 2005 y 2010 (bonos pares y discount) y los emitidos en 2016. Estos últimos poseen Clausulas de Acción Colectiva (CAC), un umbral de aceptación que de ser alcanzado se torna obligatorio para los demás acreedores.

¿Cómo sigue la historia o qué escenarios alternativos hay?

Este viernes 8 de mayo se vence el plazo propuesto por el gobierno para que los acreedores decidan si aceptan o no la oferta de Argentina. Así se desprende de la presentación efectuada por el gobierno ante la Comisión de Valores de Nueva York (SEC, por sus siglas en inglés). Sin embargo el partido puede tener un alargue mínimo hasta el 22 de mayo, cuando vence el periodo de gracia de 30 días de los intereses no pagados de los bonos globales 2021, 2026 y 2046. Si aquí no se paga, el país entraría en default.

También podría abonar estos intereses y continuar negociando, aunque esto implicaría un tratamiento diferenciado entre los bonos ley extranjera y los bonos ley local, que ya fueron reperfilados para el mes de diciembre. Por último, está la opción de un acuerdo tipo “standstill” o de suspensión, que plantea un escenario de negociación por un tiempo mayor, en donde el país puede no pagar sus vencimientos, hacerlo a otro tipo de interés, o alguna combinación que surja. Por lo sostenido hasta ahora, no parece ser la opción elegida.

Hasta comienzos de mayo, el gobierno argentino mantuvo una postura inflexible en términos de fecha y propuesta con los acreedores. A medida que el deadline se acercó, el discurso oficial comenzó a tomar otros matices. La postura actual indica que el gobierno espera que, en caso de tenerla, los acreedores presenten una contrapropuesta y negociar. La historia está más que abierta.