El Mundo

6 mayo, 2020

“Perfilamiento” o espionaje oficial en Colombia

Las escuchas ilegales a la prensa, periodistas, oposición política y líderes sociales en Colombia, son una vieja práctica utilizada por sectores radicales de la derecha terrateniente, oligárquica y empresarial, y hoy vuelven a salir a la luz.

Sergio Contreras Perugache*

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Otro capítulo más en un largo historial de escuchas y espionaje ilegal sobre diversos sectores de la sociedad civil, es lo que hoy destapan medios periodísticos colombianos como la revista Semana. El semanario descubrió que desde las salas de inteligencia del ejército se formularon órdenes precisas de seguimientos, interceptaciones y ordenamiento en carpetas secretas de más de 130 personas. Entre ellas se encuentran periodistas y medios de comunicación, senadores de la oposición, líderes sociales, e incluso miembros de las propias fuerzas militares activos y en retiro, y también el ex presidente Juan Manuel Santos. 

Uno de los casos de este listado es el del portal de periodismo digital Rutas del Conflicto; un medio que en 2019, junto a la Liga Contra el Silencio, publicaron la investigación «Convenios de fuerza y justicia». Con este trabajo demostraron que las empresas minero–energéticas y petroleras proporcionaban recursos al ejército, la policía y la fiscalía, generando un dilema ético por tratarse de instituciones públicas que ejercen el papel de la protección y la impartición de justicia. Pero que al mismo tiempo recibían dinero, viajes vacacionales y hasta fabricación de drones.

Ante las pesquisas de los periodistas, el ejército respondió como es habitual: “Información reservada”. La misma reserva de la que se han valido en todos los escándalos en los que la institución castrense se ha visto envuelta por sus actuaciones non sanctas. Ante esto, es posible ver el detalle de la información en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

En otras palabras, la investigación de Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio fue el detonante para que miembros de la institución militar violen los derechos constitucionales a la seguridad individual, colectiva y la de las fuentes.

Pero el escándalo no para ahí. Se creó una ofensiva de contrainformación a base de vídeos y pasquines para convertir a las víctimas de la inteligencia ilegal y criminal en victimarios. Con este fin despelgaron versiones falsas sobre el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos creando un aura de conspiración contra el gobierno de Iván Duque.

Es importante agregar que incluso el oficialista Partido Conservador ha citado por estos hechos al ministro de la Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, un viejo militante del ala más radical de la ultraderecha colombiana, a un debate de control político en el Congreso de la República. No sin olvidar que el anterior ministro de la misma cartera y en el mismo gobierno, Guillermo Botero, un empresario de la seguridad, renunció antes de ser removido mediante moción de censura por el encubrimiento del bombardeo al sur del país donde murieron 7 niños.

Cabe destacar asimismo que la política del enemigo interno, levantada en las presidencias de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), es la que marca al periodismo independiente e investigativo como “aliado del terrorismo”. Cabría preguntarse entonces si el ejército es vigilado, si su doctrina es realmente pensada para la paz mediante la legalidad o si, por el contrario, las órdenes criminales llegan de los mandos superiores o del propio gobierno nacional. 

Ni el periodismo, ni los liderazgos sociales o la oposición política son parte de sectores criminales. Sin embargo, Rutas del Conflicto, que se define como “un medio de comunicación independiente y nativo digital que reúne información confiable sobre el conflicto armado en Colombia”, y que visibiliza aquellas historias que no han sido documentadas por los grandes medios, es también el único medio que fue sometido en su totalidad al espionaje ilegal.

Por otra parte, es bueno recordar la triste historia de interceptaciones ilegales en Colombia, hechas no sólo por el ejército, sino también por la policía, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y el extinto Departamento de inteligencia (DAS) bajo órdenes de Uribe Vélez.

Hoy queda claro que las directrices siguen siendo las mismas, que contrario a lo que afirma el comandante general de las Fuerzas Militares sobre una aparente doctrina basada en la legalidad, al interior de las fuerzas hay un aparato activo de espionaje ilegal y criminal. Una estructura que criminaliza a la prensa, la oposición política y más aún a los líderes y lideresas sociales y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y el gobierno no sabe o es cómplice.

Sin periodismo no hay democracia, sin oposición política no hay contrapeso, sin legalidad no habrá paz y mientras el discurso sea el del odio seguirán los criminales cartelizando al Estado.

*Desde Colombia. Periodista y locutor del programa Hijos de la misma rabia

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