5 mayo, 2020
Presas de las fake news o cómo la derecha construye consensos a partir de una mentira
El cacerolazo del 30 de abril dió lugar a la expresión de ciertos sectores para manifestar su descontento frente a la posibilidad de excarcelación de las personas privadas de su libertad. ¿Qué motiva a la sociedad a realizar un reclamo de estas características?
En la Argentina, se calcula que el número de personas privadas de su libertad supera las 100.000 personas (aunque más de la mitad no tenga condena ni sentencia firme). Las cárceles son lugares de alta concentración.
Según los datos de la Comisión Provincial por la Memoria, el Sistema Penitenciario Bonaerense alberga 50.500 personas privadas de su libertad en menos de 22.000 plazas. Osea, que existe un “excedente” de 28.500 personas solamente en esta provincia. En todo el país hay una sobrepoblación del 113%. Las cárceles en Argentina son más parecidas a un depósito, que a un dispositivo de “resocialización”.
A pesar de lo dice la Constitución, que las prisiones deben ser “sanas y limpias”, las condiciones de higiene son casi nulas, y el derecho a la salud se ve doblemente vulnerado ya que ante un virus que se propaga a gran velocidad, se convierten en focos de contagio graves.
En ese marco los 15 minutos de cacerolazo para repudiar la supuesta liberación de presos y presas, opacaron el aplauso a les profesionales de la salud, que viene sosteniéndose puntual desde el inicio de la cuarentena. Esta vez le ganaron en vigor los ruidos, gritos y bocinazos “contra la impunidad” que desató la posibilidad de ver un preso en la calle.
¿Pero de dónde surgió este reclamo? Durante ese día, circuló una fake news sobre un supuesto liberado que robó 600 pesos de una heladería. Cuando lo detuvieron, supuestamente, el ex-detenido gritó: “Mañana vuelvo a salir”.
Esa fue la tapa de los portales de noticias. Lo importante, era ver que el final se aclaraba: “No se trata de un preso, sino de una persona con una patología psiquiátrica”. Las redes estallaron con el hashtag: “Liberan violadores”.
¿Hay una liberación masiva de presos?
No, hay una liberación masiva de fake news, que se propagan tan rápido o más que el virus. La decisión de liberar o no a quienes están en las cárceles no está en manos del Poder Ejecutivo aunque las noticias de whatsapp digan lo contrario. Según la ley vigente, quienes deciden, en principio, si una persona va o no a la cárcel son los jueces y las juezas.
La revisión de condenas, el otorgamiento de prisiones domiciliarias, regímenes de semi libertad, salidas transitorias o medidas alternativas a la prisión, está a cargo del Poder Judicial. En ninguno de los casos se trata de un indulto, pero la cobertura realizada por algunos medios llevó a la confusión.
A la incertidumbre por el futuro se le agrega la sensación de peligro porque “Alberto libera asesinos”. La solución es cortar con la desinformación.
El 8 de abril la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió un habeas corpus impulsado por defensores oficiales a favor de les privades de la libertad en cárceles bonaerenses, puntualizando en las personas que integran grupos de riesgo. Allí se hizo lugar al pedido de liberación, pero de una forma parcial: disponiendo, entre otras cosas, el arresto domiciliario de quienes fueran condenadas por delitos leves; que se encuentren comprendidas dentro de los grupos de riesgo; y evaluando particularmente los casos de personas condenadas por delitos graves, resguardando la integridad psico-física de las víctimas.
El juez Víctor Violini, que firmó la resolución, fue presentado por los medios como “el que abrió la puerta para la liberación de miles de presos”. Sin embargo otros jueces y otras juezas dispusieron similares medidas en distintos lugares del país.
Frente a esta situación hubo diversas campañas, algunas incluso acusaron a las feministas de no cuestionar la liberación de violadores.
No obstante, desde el feminismo, aquellas organizaciones anti-punitivistas, establecieron pisos comunes: las feministas no defienden violadores y la cárcel no es la respuesta.
Pero hay otra tarea que se impone al movimiento, antes de fraccionarse en discusiones que pueden llegar a ser estériles en medio de la urgencia, y es poder exigir al Poder Judicial una mirada con perspectiva de género. Abrir la discusión y cuestionar la justicia patriarcal, para poder revisar un engranaje que poco tiene de justo.
¿A quién beneficia el sistema judicial?
Para las organizaciones populares que vienen realizando trabajo en cárceles y problematizando el sistema penitenciario, se presenta una oportunidad para visibilizar algo que vienen denunciando hace mucho tiempo: no se habla de la situación de las personas privadas de su libertad ni es un tema que garpe políticamente, tenga la gravedad que tenga el asunto. Está mal visto hablar de los derechos de las y los presos, por lo que no entra en la agenda política si no es acompañado de un fuerte reclamo de los sectores involucrados.
Fue así que a partir de una manifestación en la Cárcel de Devoto, se abrió la posibilidad de plantear una discusión pendiente sobre la crisis sanitaria y habitacional en las cárceles de todo el país.
Y allí se puso en discusión el lugar que tiene las personas privadas de su libertad en la pandemia. La prisión domiciliaria las iguala con la “gente común” por tener el “beneficio” de cumplir la condena (transitoriamente) desde su casa. Puede que la igualdad sea molesta para algunos en ese sentido. Sin dudas son momentos de hipersensibilidad ante la inseguridad, y tiempos propicios para calar en el sentido común generando más miedo del que hay.
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