Derechos Humanos

29 abril, 2020

Mitos y verdades sobre la cárcel

En el marco de la emergencia por el Coronavirus y las protestas de personas privadas de su libertad por condiciones mínimas de higiene y salud, muchas cosas se han dicho en los grandes medios de comunicación sin atención a datos reales.

José Ruiz Díaz* y Agostina Suraniti**

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Para quienes hace muchos años militamos en temáticas relacionadas con contextos de encierro, ver casi en cadena nacional cómo todos los medios masivos de comunicación están hablando de cárceles es un hecho casi histórico. Es cierto que todo lo que se está diciendo genera impotencia por la poca información real que manejan, por la cizaña con la que hablan y por el miedo que intentan infundir en una sociedad que está al borde constante del pánico hace 40 días. 

Pero veamos el lado positivo. Si tanto les interesa hablar de cárceles, es nuestro momento. Intentemos derribar algunos mitos.

Mito 1: son todos violadores y asesinos

Esto es falso. Así lo demuestran los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), registro oficial que muestra la evolución y las características de la población privada de libertad en unidades penitenciarias de todo el país, para el año 2018, y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Aproximadamente el 35% de las personas están privadas de su libertad por delitos contra la propiedad (robo/tentativa de robo), el 13% por delitos relacionados por drogas, el 9% por violaciones y menos del 15% por homicidios. 

Mito 2: representan un peligro para la sociedad 

Esto también es falso. Cerca del 55% de las personas privadas de libertad no tiene condena firme; es decir que están presos «por las dudas». De las condenas firmes, el 57% tiene penas de entre 3 y 9 años, por delitos menores. 

Mito 3: hay una puerta giratoria

Según esta idea las personas privadas de su libertad salen y entran como quieren y se benefician con las leyes. Nuevamente, una afirmación falsa de toda falsedad, ya que el 91,9% no tuvo reducción de la pena. 

Mito 4: no tienen derecho a nada

Falso, otra vez. En la Constitución Nacional y en la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (básicamente, la ley que dice cómo se cumple una condena) se establece que la cárcel no es un lugar de castigo y que las personas privadas de su libertad tienen derecho a la salud, al trabajo remunerado y a la educación pública. 

Mito 5: van a salir todos por el coronavirus 

Falso. El fallo de casación sugiere que se les otorguen arrestos domiciliarios (es decir que continúen cumpliendo su condena en sus hogares) a aquellas personas que se encuentren privadas de libertad por delitos leves. Asimismo que se analice cada caso de aquellas personas que hayan cometido delitos graves y formen parte de grupos de riesgo (mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes o embarazadas).

Dígale no al punitivismo social y mediático

En épocas de coronavirus y pandemia, es muy fácil que cualquier noticia viaje inmediatamente y de repente todos y todas seamos especialistas. Pero es importante poder problematizar algunas cuestiones, no quedarnos con la imagen que nos quieren vender sin ir un poco más allá. 

En ese sentido hay algunos datos más que son importantes para resaltar:

  • Durante 2018 hubo un incremento de la tasa de población penitenciaria del 10% con respecto al año anterior pero del 55% con relación al 2008. 
  • 162 madres viven con sus hijos. Esto indica que hay niños y niñas menores de 4 años viviendo en las cárceles. Si bien esto representa solamente el 4% de las mujeres que están privadas de la libertad, no hay registros nacionales existentes que indiquen qué número de hijos quedan a cargo de otres familiares e incluso hogares de adopción por tener a su padre, madre o tutor en contexto de encierro. 
  • Cerca del 40% de la población carcelaria no tenía trabajo al momento de la detención y posiblemente siga sin tenerlo cuando salga porque los antecedentes penales duran 10 años y los empleadores se fijan en eso. Además, en las cárceles no se garantiza el acceso a la educación, a la formación y a la capacitación. Son las cooperativas de trabajo de liberados/as, familiares y las organizaciones sociales las que nos encargamos hace años de eso. 

No es verdad que se quiera llenar la calle de violadores, queremos simplemente defender los derechos de las personas privadas de su libertad que tienen un reclamo legítimo: no quieren morir en la cárcel. En cárceles súper pobladas, con pésimas condiciones de higiene y salubridad, a kilómetros de distancia de sus familias que tienen que enfrentarse a los viajes, el clima y el maltrato ante cada visita. 

En las últimas semanas, a raíz de las imágenes que viajaron por todo el país pudimos ver pibes trepados en el techo de la cárcel de Devoto, algunos encima del techo del Melchor Romero, etc. Pero los medios no hicieron masivo que encontraron a una piba muerta en su celda, ni que mataron a un pibe en Florencio Varela. Y eso por decir solamente de la última semana. Nosotros y nosotras convivimos con estas noticias todos los días. 

Pibes y pibas ahorcadas, policías ejerciendo abuso de autoridad, nenes y nenas creciendo en las cárceles y creyendo que las rejas son sus paredes, mujeres con arresto domiciliario que se mueren de hambre. Nenes y nenas creciendo en sus casas, lejos de su mamá o su papá, pensando que están trabajando porque nadie se anima a decirles la verdad por miedo al estigma y la discriminación. 

Nos hicieron creer que las rejas vuelven invisibles a quienes viven tras ellas y a sus derechos. Pero no, no son invisibles. Están, existen y hablan. No quieren morir en la cárcel.

* Referente de la Rama de Liberades y Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluides (MTE-UTEP)

** Socióloga, militante de Atrapamuros y la Rama de Liberades y Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluides (MTE-UTEP)

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