¿Libertad para todos?

Santiago Pérez

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Ya habían muerto cinco presos por protestas en cárceles desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, pero la situación explotó a nivel mediático cuando se llevó a cabo una manifestación en la cárcel de Devoto. Las fotos de la toma del techo como medida de visibilización recorrieron diarios y programas de televisión a la par de una premisa: van a liberar a todos.

Hoy, el eje de la discusión fue el fallo del juez Víctor Violini integrante del Tribunal de Casación Penal bonaerense, es decir, la máxima autoridad en materia penal de la provincia. El magistrado aceptó el reclamo de un grupo de defensores provinciales para reducir el hacinamiento de las cárceles locales para evitar las grandes concentraciones de gente en aquellas prisiones que se encuentran ocupadas a más del doble de su capacidad según datos del Sistema Nacional de Estadística para la Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2018.

Pero la información que se transmitió fue otra, y la decisión del juez fue repudiada a raíz de algunos casos en los que personas acusadas por casos de violencia de género recibieron la prisión domiciliaria. 

¿Qué dice el fallo de Violini?

El juez señaló que se debía brindar prisión domiciliaria a quienes se encuentren en “situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, como así también a las mujeres embarazadas o madres alojadas con sus hijos en las Unidades Penitenciarias, y que se encuentran condenadas o imputadas en orden a delitos leves”. Esto barre con el primer mito acerca de la liberación masiva de gente condenada por asesinatos, abuso sexual o violencia de género, que son todos delitos graves. 

Al mismo tiempo, Violini consideró que se debía tener en consideración a personas que caigan en este universo habiendo cometido delitos graves, pero siempre bajo el análisis del caso de parte de los juzgados, fiscales y defensores involucrados en el tratamiento del caso. Y siempre teniendo en cuenta el “resguardo psicofísico de la víctima”. En suma, el fallo tiene poco que ver con la información que fue difundida, en numerosas ocasiones de forma maliciosa, por los grandes medios de comunicación.

Esto no pretende ser una defensa al trabajo del juez Víctor Violini, sino dar cuenta de la forma mecánica –en los casos en los que no se identifica una acción deliberada, que los hay- en la que se toman las resoluciones judiciales y que no atienden a cosas básicas, como no exponer a una víctima de violencia de género a que se enfrente a la situación que hizo que su victimario sea privado de su libertad.

Para graficar esto vale recordar un caso: en noviembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de San Isidro absolvió a una mujer acusada del delito de falso testimonio por haberse retractado de declarar que su marido intentó matarla. Por supuesto, su declaración era cierta, pero la retiró por miedo. 

Los integrantes del Tribunal remarcaron que la decisión de acusarla de falso testimonio sólo podía entenderse por la falta de lectura de los informes sociales de la trabajadora social donde quedaba expuesta su situación de violencia de género; es decir, una falta de trabajo interdisciplinario.

Alberto dice

El presidente Alberto Fernández también opinó del tema que estos días cobró particular relevancia. Es abogado, sí, como buena parte de los presidentes argentinos a lo largo de la historia. Pero tiene especial conocimiento de la materia, ya que es profesor de Teoría del Delito en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, escribió en Twitter. Al mismo tiempo, trató de dejar en claro que la decisión acerca de la libertad de estas personas, tal y como lo señaló Violini en su fallo, es de los jueces que llevan el caso, no de los órganos superiores. 

Fernández consignó: “Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”.