21 abril, 2020
Los problemas y los huecos legales del ciberpatrullaje
El 7 de abril pasado un joven de Balcarce incluyó en un tuit la palabra «saqueo» y dos días después fue notificado de que le habían iniciado una causa penal por el supuesto delito de “intimidación pública”. ¿Cuáles son los alcances de este tipo de acciones de inteligencia?
El llamado ciberpatrullaje impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, comenzó en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de coronavirus y abrió un debate sobre la legalidad de esta práctica. Barricada TV conversó al respecto con Tamara Peñalver, directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y abogada penalista de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
«Desde hace mucho tiempo se viene trabajando para dar a conocer los problemas y los peligros que implican realizar tareas de inteligencia de forma ilegal en Argentina», explicó la especialista que, además es coordinadora del equipo de analistas del fenómeno criminal de trata de personas en la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), integrada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, entre otras se destacó en un comunicado que “las actividades de inteligencia masiva están prohibidas”. Asimismo se recordó que tanto el Ministerio como las fuerzas de seguridad “sólo tienen competencia para realizar tareas de inteligencia criminal atadas a una hipótesis o amenaza específica y respetando las restricciones que establece la Ley de Inteligencia”.
«Para que la inteligencia criminal, a través del monitoreo de redes sociales sea legal hay que establecer hipótesis delictivas claras: en las comunicaciones por redes falta un tipo de contexto que vuelve muy peligrosa la vigilancia al azar», explicó al respecto Peñalver y alertó que «su uso implica correr un riesgo innecesario para los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, con la gran probabilidad que se instalen prácticas que luego son difíciles de erradicar”.
Durante los últimos días, y ante la crítica de organismos de Derechos Humanos, la ministra Sabina Frederic presentó un borrador del protocolo para regular la tarea.
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