16 abril, 2020
La cultura que sí queremos: tensiones entre la autogestión y las políticas públicas
Las voces del Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO), de les Trabajadores de la Cultura Ambulante (TCA), de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) y del teatro Mandril expresan la situación de emergencia que está viviendo toda su comunidad.

Salir de casa, subir al bondi, pagar el boleto, bajarte en el teatro, hacer la función. Tomarse el subte, tocar una canción, pasar la gorra. Escribir y publicar. Existen infinitas formas de trabajar por y para la cultura. Se invierte tiempo y fuerza de trabajo que debe ser remunerada. Sin embargo, parece haber varios vacíos legales donde les trabajadores de la cultura quedan expuestes a la precarización absoluta y no cuentan con los derechos laborales básicos: obra social, licencias por maternidad y paternidad, jubilación, seguros propios o para sus herramientas de trabajo, entre muchos otros.
¿Por qué sucede esto? El trabajo artístico no está visto como un sector que es parte de la cadena productiva, sino como individuos que realizan actividades sólo por y para entretenimiento. Al no estar reconocides como trabajadores y ante la falta de existencia de un ente que regule y ampare legalmente a quienes viven de lo cultural, cada quien va buscando estrategias para sobrevivir cotidianamente según las características particulares de su rubro.
Santiago Mazzati, que trabaja en el Teatro Mandril (cooperativa cultural) cuenta que los espacios culturales viven «principalmente del ingreso de una barra o buffet» ya que si no fuese por esta tendrían que trasladar sus ingresos «a las entradas y a los talleres, lo cual lo volvería más inaccesible para la población en general”.
Por su parte, Liliana Weimer, presidenta de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) y dueña del teatro Abasto Social Club, aclara que el ingreso económico de las salas teatrales es solamente del 30% de lo recaudado de cada función, por ley. “Por eso muchísimos espacios también se dedican a tareas de formación o se alquila para filmaciones o ensayos. Todo lo que genere recursos, se hace (dentro de lo habilitado por la ley). Incluso muchas veces se utiliza plata propia que después es recuperada”, explica. Además comenta que, en cuanto a lo edilicio, las salas tienen gastos como si fueran empresas, pero con un ingreso muchísimo menor.
A su vez, les artistas callejeres también dependen de su trabajo cotidiano en los transportes, en plazas y semáforos. “Si un día estamos enfermos, nuestros instrumentos se encuentran averiados o tenemos un problema familiar nos quedamos sin el dinero con el que contamos para poder sustentarnos”, expresa Brenda Gitman, representante la cooperativa de Trabajadores de la Cultura Ambulante (TCA), y aclara que muchas veces la policía les expulsa de sus espacios o sufren la persecución de la seguridad privada, motivo por el cual su trabajo se ve afectado y vulnerado aún más.
La principal dificultad de les trabajadores de la cultura siempre es la económica, ya que buscar la accesibilidad en toda su oferta y afrontar las presiones de un país de mucha inestabilidad, no van de la mano. El contexto pandémico mundial intensificó y evidenció aún más las problemáticas del sector, que ya era uno de los más relegados de la sociedad y de los presupuestos públicos.
La suspensión de espectáculos o el cierre de espacios no fue gratuito: frenar las actividades por casi un mes implica gran pérdida de sus ingresos dejándolos sin ningún tipo de sustento. Sin un lugar de inserción a donde llevar su trabajo, ni la posibilidad de realizarlo “desde casa”, su economía queda pendiendo de un hilo. A su vez, al ser las actividades culturales espacios sociales de aglomeración de personas, están posicionados en un lugar más incierto aún, ya que las primeras medidas de la cuarentena fueron orientadas a estos perfiles y probablemente sean las últimas en levantarse.
El aislamiento se extiende y cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes para quienes viven del arte. Germán, quien integra el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) expresa: “El colapso económico es total, absoluto e inmediato. Mucha gente ya no puede pagar ni sus pensiones, ni su comida, es gravísimo”. Por su parte, Liliana menciona que “los ministerios están tomando algunas medidas, pero no tienen un presupuesto para paliar la situación” y agrega que “prácticamente es un año perdido, hay que ver quiénes sobreviven. Muchos espacios si no se levanta la cuarentena no van a sobrevivir”.
En la misma línea Santiago sostiene que “lamentablemente esta pandemia se va a llevar puestos varios proyectos culturales». «Sólo esperemos que a través de esto se evidencie la situación delicada de les trabajadores de la cultura”, dice.
Por eso es fundamental que existan leyes que protejan a les trabajadores culturales en general y sobre todo en este momento de emergencia. La actividad artística no puede seguir dependiendo únicamente de quienes la realizan.
Ante estas problemáticas surgen propuestas desde las distintas áreas culturales. Para Santiago es necesario “tener líneas diferenciadas en los impuestos ya que es son la principal fuga de dinero de los centros culturales” y afirma que “deben modificarse los laberintos burocráticos en cuanto a la habilitación». «El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue sin entender la lógica de los centros culturales barriales”, completa.
La articulación en el plano de las leyes también es esencial para avanzar hacia una menor precarización. “Hay que trabajar de conjunto y con el poder legislativo para que la actividad pueda autosustentarse”, afirma Liliana Weimer. “Lo que no sale en una ley, no sirve. De otra forma es muy difícil después hacer masa crítica y generar conciencia”, asegura.
Y como es importante el plano legislativo, también lo es el Ejecutivo. Germán cuenta que “cada propuesta elaborada en conjunto con el Ministerio de Cultura, fue sistemáticamente rechazada por el Ministerio de Espacio Público”. En ese aspecto resulta clave una mayor interrelación y acuerdos de criterios de parte de los entes públicos.
Sin embargo, el escenario a nivel nacional es diferente. Desde que se volvió a jerarquizar a la cultura en forma de Ministerio, reemplazando a la Secretaría preexistente, se abrió un nuevo canal de diálogo. El Estado comenzó a contemplar la importancia de esta área en la sociedad, y a partir del contexto de emergencia sanitaria propuso una serie de políticas públicas. Estas están dedicadas a aliviar el impacto económico que sufrirán les trabajadores del sector, además de garantizar el acceso y la circulación de las prácticas y expresiones culturales en medio del encierro. De todas formas, la cultura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa abandonada.
Hoy la cultura se reprime en la vía pública, los centros culturales se clausuran y les artistas continúan precarizades. Agrupades en distintas cooperativas, frentes y colectivos, les trabajadores de la cultura se organizan en pos de una demanda en común: la de una vida digna, donde se les asegure la comida, el techo y la salud. Que se les legitime y proteja a quienes trabajen de manera independiente y autogestiva, y se les respalde con los derechos laborales que les corresponden. En un contexto de emergencia como el que se vive, estas demandas apuntan al Estado, para que de una buena vez se encargue de acompañar y reforzar su presencia e intervención en todos los sectores de la sociedad.
La cultura, presente. El Estado, también.
Lautaro Noriega, Malu Rodríguez, Milagros Zabaleta y Daniela Errecarte, integrantes de Bardo – Colectivo Contracultural
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