El coronavirus y la situación de las comunidades indígenas

La crisis socioeconómica que se desató con la pandemia de coronavirus impactó fuertemente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, entre ellos los pueblos originarios. Al margen de la deuda histórica hacía éstos, las comunidades padecen problemas estructurales que hacen más frágil su situación frente a la enfermedad y la cuarentena.

Salta

“La ayuda sanitaria está llegando de manera muy lenta y en muchos casos se han denunciado la falta de aplicación de los protocolos y dificultades en el acceso a elementos básicos de la emergencia alimentaria previa a la pandemia”, sostuvo en diálogo con Notas,  María Eugenia Morey, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de Hurlingham quien trabaja hace años con las comunidades wichí de la provincia de Salta.

La especialista detalló que “tanto en las comunidades cercanas a Castelli en la zona del departamento de Güemes en Chaco como en las comunidades cercanas a Rivadavia y a la zona de San Martín en Tartagal, hay mucha preocupación por la falta de articulación con las realidades comunitarias y las autoridades”. “En concreto, hemos recibido varias denuncias por la dificultad para acceder a alimentos”, agregó.

Caber recordar que la región norte de la provincia padece graves problemas de acceso a agua potable, alimentos y empleo para la población rural e indígena. En lo que va del 2020, once niñes wichís murieron por deshidratación y problemas derivados. Frente a esto el gobernador, Gustavo Sáenz, declaró la emergencia socio-sanitaria durante 180 días en los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín.

Formosa

Si bien en territorio formoseño no se registraron oficialmente casos de coronavirus, la cuarentena afecta directamente los ingresos de las comunidades basados en una economía informal y que tienen “un piso muy bajo de derechos”, según comentó Joice Barbosa Becerra quien trabaja con las comunidades Nivaĉle de los departamentos de Bermejo y Ramón Lista.

“Estas comunidades han sufrido una violencia histórica de despojo territorial y no cuentan con las garantías del desarrollo de su economía propia”, detalló. Además precisó que la pandemia llegó en un contexto donde las condiciones socioeconómicas de las comunidades “han sido muy vulneradas” y donde “hay mucha dificultad de acceso a los servicios de la salud pública”.

Asimismo, en lo referente a las condiciones habitacionales aseguró que “en términos generales afectan a la salud”. “No tienen acceso a fuentes seguras de agua, no hay manejo de residuos ni alcantarillado y hay hacinamiento, es decir, son condiciones donde si una persona se contagia sería catastrófico”, completó.

Misiones

Carla Golé, antropóloga que trabaja en dos aldeas de la comunidad mbya-guaraní ubicadas en el municipio de San Ignacio, registró que en las comunidades “no saben bien qué es lo que realmente pasa, pero sí lo que saben es que es una enfermedad muy grave”. 

Con respeto a los problemas que pueden llegar a atravesar algunas familias, por un lado puede haber problemas con quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) por correo o por el banco “porque algunos tienen tarjeta, pero otros no tienen”. 

Pero también, al no ser común que la población mbya cuente con medios de comunicación virtual, para les estudiantes de las comunidades, que asisten a la escuela dentro o cerca de su aldea, “es imposible continuar con sus clases, dado que no tienen internet”. Incluso estudiantes de zonas urbanizadas tienen dificultades para la utilización de la Plataforma Guacurarí, un programa educativo creado y promovido por el gobierno provincial.

Neuquén

“La pandemia hizo que la gente de las comunidades se encerrara en sus casas”, contó Alejandra Pérez, antropóloga que trabaja con comunidades mapuches de la cuenca neuquina de Vaca Muerta. “La contaminación y la desertificación de la tierra y la falta de agua hacen que no puedan tener cosechas y además los cambios de clima hicieron que este año ni siquiera tengan producción en las huertas”, por lo que la pandemia a esta comunidades “las agarra en un contexto mucho más vulnerable”, explicó.

“El inconveniente principal es que muchos de ellos no están reconocidos como comunidad. Entonces no acceden a los derechos por no ser comunidad pero tampoco acceden por estar en litigio por haber dicho que son comunidad”, agregó. 

A esto se suma que muchos trabajan en la industria petrolera que está paralizada y estàn cobrando un salario básico que “es totalmente insuficiente”, según Alejandra. Lo mismo sucede con muchas mujeres que trabajan para el Estado como porteras de escuelas, por ejemplo, y que cobran un salario de medio jornal “que no les alcanza para nada”.

Finalmente apuntó que los que perciben ingresos y jubilaciones mínimas “no les alcanza para comprar lo básico porque tienen precios altos de zonas petroleras” y al mismo tiempo “no califican para el subsidio que da el Estado” por lo que el cuadro es “muy vulnerable”.