Abandonados y desinformados: la apuesta de Bolsonaro para interrumpir el aislamiento

Ana Laura Dagorret

@anadagorret

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La crisis política que atraviesa el gobierno de Brasil, producto de la postura del presidente Jair Bolsonaro contra las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el combate al Coronavirus, ha puesto en duda la capacidad del mandatario de comandar al país en el contexto de pandemia mundial. Pero también ha desatado una crisis a nivel económico y social producto de las demoras en la asistencia a trabajadores y empresas y las mentiras que hace circular con el fin de interrumpir el aislamiento. 

En un país donde la informalidad laboral alcanza un 40% de la población, el sistema de salud está desfinanciado y la asistencia del gobierno federal no contempla la urgencia de millones de familias, los discursos a favor de la “vuelta a la normalidad” alcanzan cada vez más adeptos.

En principio puede hablarse de una aceptación del 76% ante las medidas de aislamiento social, según informó una encuesta realizada por Datafolha publicada el 6 de abril. El mismo sondeo también mostró que cerca de un 28% de los entrevistados no cumplen con las medidas adoptadas por los gobiernos estaduales, un número significativo en una población de cerca de 210 millones de personas. Sin embargo, con el aumento del período de aislamiento, el respeto a las medidas de prevención tiende a caer con el correr de los días, según muestra un relevamiento hecho por la empresa de tecnología InLoco que mide la localización por Estado de cerca de 60 millones de personas.

El discurso

Desde que comenzó la crisis, Bolsonaro adoptó un alineamiento negacionista del virus a tono con las posturas de los líderes Boris Johnson y Donald Trump, quienes ante el avance de la pandemia debieron dar marcha atrás e impulsar un plan de contención y asistencia social. Sin embargo, el crecimiento del número de contagiados y la enorme incapacidad del sistema de salud brasileño para contener la situación no parecen interferir en la decisión del jefe de Estado, quien mantiene su postura y su discurso: contra el aislamiento horizontal y a favor del uso de la droga cloroquina, cuya eficacia aún no fue comprobada.

Hacia fines de marzo, el propio gabinete presidencial lanzó la campaña “O Brasil não pode parar” (Brasil no puede parar), prohibida dos días después por la justicia federal, para defender lo que Bolsonaro llama “la vuelta a la normalidad”. 

El argumento es que si las personas no pueden trabajar, lo que va a matarlas es el hambre en lugar del virus, con lo cual lo correcto sería aislar a las personas del grupo de riesgo y liberar el uso de la cloroquina, usada para combatir enfermedades como el lupus y la malaria pero cuyos efectos contra el coronavirus no están chequeados. 

Según Reynaldo Guimarães, profesor de Bioética de la Universidad Federal de Río de Janeiro, “no se debe considerar que la cloroquina va a curar pacientes”. “Hasta ahora lo único que se sabe, aún sin número suficiente de control de pacientes en los ensayos de uso de la droga, es que puede disminuir el tiempo de internación”, añadió.

Las iglesias evangélicas, uno de los últimos bastiones de apoyo a Bolsonaro también han servido como instrumento de desprestigio de medidas mundialmente comprobadas. Pastores como Silas Malafaia y Marcos Feliciano, diputados de la base del gobierno, utilizan sus redes sociales y cultos para divulgar sus pareceres acerca del virus, vender curas a precios astronómicos e insistir en la esencialidad del servicio que ofrecen como argumento para evitar la interrupción de los cultos y la recaudación del diezmo en sus iglesias. 

Medidas de asistencia

En Estados como Ceará, Bahía y Maranhão fueron adoptadas acciones para evitar un colapso social en medio de la pandemia. Entre ellas se destaca el reparto de cestas básicas y la suspensión del pago de servicio de agua y luz con el fin de aliviar el bolsillo de la población. En diferentes municipios del país también se habilitaron registros para solicitación de estas canastas alimentarias y el pago de auxilios para familias en situación de vulnerabilidad. 

Por su parte el gobierno federal anunció en marzo el pago de 200 reales (38 dólares) durante tres meses para trabajadores informales, los cuales representan el 40% de la población brasileña. Sin emabrgo esto se aumentó de 600 reales (115 dólares) gracias a la articulación de la oposición en el Congreso que logró aprobar una ley antes del 30 de marzo. Esa misma iniciativa elevó a 1200 reales (230 dólares) el dinero otorgado a madres solteras. Sin embargo, a la fecha el pago fue liberado apenas para el 20% de las inscriptas.

En el caso de trabajadores asalariados, el gobierno federal a través del Ministerio de Economía dispuso una línea de créditos dirigidos a pequeñas y medianas empresas para el pago de salarios durante dos meses. Sin embargo a la fecha y a casi un mes de la aplicación del aislamiento, desde el propio Ministerio admiten que el dinero otorgado con una tasa del 4% todavía no llegó a las micro empresas que solicitaron el beneficio. 

La reacción

Las voces que piden por el fin del aislamiento aparecen permanentemente en redes sociales impulsadas por líderes religiosos y políticos defensores de la gestión de Bolsonaro, además de ser replicadas por una cantidad importante de cuentas falsas, como marca un estudio realizado por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Este muestra que el 55% de las publicaciones pro Bolsonaro son hechas por robots. El problema es que el reclamo dejó de ser virtual para realizarse en las calles. 

En la ciudad de San Pablo, Estado donde se registran la mitad de los casos de Covid-19 del país y el registro de acatamiento de la cuarentena es de apenas 55%, manifestaciones contra las medidas del gobernador João Doria y a favor del gobierno federal se registran cada semana. El sábado 11 de abril decenas de personas con banderas de Brasil tomaron la Avenida Paulista a favor del aislamiento vertical, contra las medidas del gobernador y a favor del uso de la cloroquina para el combate al coronavirus. Otro acto se registró el lunes 13 en el municipio de Americanas, en el interior del Estado, también contra es aislamiento y a favor de la reapertura de comercios. 

En otros Estados como Río de Janeiro, Amazonas y Maranhão la justicia debió prohibir por decreto la realización de actos contra el aislamiento promocionados en redes sociales bajo pena de multa y prisión. Sin embargo, aún sin la realización de eventos públicos, sobran relatos sobre violación de la cuarentena en diferentes puntos del país, principalmente en ciudades del interior de Río de Janeiro, San Pablo y Paraná. 

Mientras millones de personas esperan con desesperación la asistencia aprobada por el Congreso, el gobierno federal la dilata y utiliza la demora como instrumento de persuasión. Volver al trabajo y a la “normalidad” parece convencer cada vez más ante un panorama de abandono y desolación. 

Hasta dónde ascenderá la curva de contagiados y muertos dependerá da la influencia de los líderes políticos y de las medidas que éstos adopten para frenar el avance de la pandemia y contener una situación humanitaria que amenaza a explotar en cualquier momento.