Batalla de Ideas

12 abril, 2020

El carácter político de la “antipolítica”

Como el lock-out de las patronales agrarias convocado a las puertas de esta cuarentena, los cacerolazos en reclamo de que “los políticos se bajen los sueldos” parecieron desinflarse a los pocos días de su primera convocatoria.

Fernando Toyos

@fertoyos

COMPARTIR AHORA

El planteo de avanzar –aún modestamente- sobre la ganancia empresaria despertó la reacción de la clase dominante, activando al núcleo duro de la oposición, organizado bajo el tridente Bullrich-Peña-Pichetto. El amplio espectro de PRO/Cambiemos aparece cada vez más dividido entre un ala moderada, comandada por Horacio Rodríguez Larreta y cada vez más cercana al Gobierno Nacional, y un ala radicalizada, cuya máxima referencia sigue siendo un Mauricio Macri, hoy relativamente fuera de escena.   

Varios análisis que buscan describir este cacerolazo de corto aliento coinciden en un término que, hace algunos años, se ha vuelto parte del léxico político: el mismo sería una expresión de la “antipolítica”. El término, sin embargo, tiene sus complejidades, por lo que vale preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “antipolítica”? 

A grandes rasgos, quiénes se suele señalar como “antipolíticos” y “antipolíticas” son, en general, personas de sectores medios, urbanos, que no suelen participar de forma cotidiana en instancias de militancia ni activismo. Atravesado por una profunda desconfianza respecto de “la política”, percibida como una entidad abstracta y poco diferenciada, la “antipolítica” se presenta de una forma paradójica: sólo se vuelve visible cuando se moviliza

Sean los cacerolazos a favor “del campo” en 2008 o las movilizaciones en contra de la “corrupción K”, nadie puede dudar de la politicidad de tales convocatorias. Toda movilización es política; sin importar qué sector la impulse, dado que toda movilización es una acción orientada a modificar una relación de fuerzas existente en un sentido determinado. 

Por supuesto, se trata de manifestaciones muy diferentes entre sí. Las tradicionales movilizaciones congregan organizaciones de extracción social heterogénea (distintas clases sociales, edades, identidades sexo-genéricas, etc.), en contraste con la mayor homogeneidad “antipolítica”. 

Como señala el investigador marxista Adrián Piva, la proliferación de “identidades no clasistas” es expresión de un proceso de descolectivización y desorganización de la clase trabajadora, al que nos referimos hace algunas semanas, o hace una vida, según se mire. Este proceso comenzó en la última dictadura argentina, la cual recurrió al terrorismo de Estado para quebrar la capacidad de resistencia de les trabajadores y el movimiento popular, e imponer una serie de reformas a tono con la ofensiva global del capital contra el trabajo. 

Esta dura derrota tuvo su expresión, también, en la destrucción de los lazos solidarios que recorrían a una sociedad profundamente colectiva como lo era Argentina. Fueron los tiempos del “no te metas” y el “sálvese quien pueda”, marcados a fuego en la memoria mediante el terror estatal, y esto tuvo un efecto duradero de disciplinamiento social. 

Como señala la socióloga e investigadora del CONICET, Maristella Svampa, estas reformas neoliberales iniciadas en dictadura y profundizadas durante el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995) generaron lo que ella denomina como una “ciudadanía patrimonial”. Desregulando el acceso a servicios que -bajo la forma de derechos sociales– el Estado garantizaba (salud, educación, etc.), el neoliberalismo produjo, en el mismo movimiento, una demanda de autorregulación: eran los propios individuos los nuevos responsables de (auto)gestionar sus propias necesidades. La proliferación empresas de educación, salud y seguridad privadas, en este sentido, fue apuntalando una figura del ciudadano-consumidor.

Este proceso se dio en paralelo con un progresivo distanciamiento respecto de los partidos políticos tradicionales (Partido Justicialista y Unión Cívica Radical) y organizaciones de base popular que oficiaron -especialmente luego de la crisis hiperinflacionaria de 1989- de instrumento político de las reformas neoliberales. 

Si Raúl Alfonsín comenzó su mandato intentando recrear una política económica de corte distributivo -bajo la conducción económica de Bernardo Grinspun- la llegada de Juan Vital Sourrouille marcó un viraje hacia la nueva ortodoxia. Sin embargo, sería Carlos Saúl Menem, gobernador riojano de simpatías montoneras durante los años ‘70, el demiurgo que llevaría al aparato político peronista a ejecutar una “cirugía mayor sin anestesia”. La Alianza, que encabezó el radical Fernando De la Rúa y el peronista disidente Carlos “Chacho” Álvarez y alcanzó la presidencia en 1999, mantuvo las coordenadas macroeconómicas -ancladas en la paridad inducida entre el peso y el dólar-. La retórica de corte republicano, sostenida en la denuncia de la escandalosa corrupción menemista, no evitó que el nuevo gobierno cosechara sus propios escándalos, como la denuncia de sobornos a senadores a cambio de votar la mentada ley de “flexibilización” laboral. 

Durante el ciclo de crisis económica e insurrección popular de 2001-2002, el progresivo distanciamiento de estas formaciones políticas y sus bases de apoyo estalló en una crisis de representación política: el clamor “que se vayan todos” no se puede comprender sin tener en cuenta el proceso de cooptación de estos partidos. Si el bipartidismo peronista-radical había funcionado como plafón institucional que contuvo la resistencia al neoliberalismo, el 2001 implicó la fisura de aquella superestructura, fisura por la que se filtró la movilización popular.

En síntesis, la crisis del modelo neoliberal angostó los márgenes para ejercer esta “ciudadanía consumidora”, mientras la rebelión popular volvió a legitimar la participación política. Esto acentuó el distanciamiento entre capas sociales cada vez más empeñadas en administrar su propia existencia apelando al mercado y aquellas que retornaron o intensificaron militancias, activismos, en fin, lógicas de participación política solidaria. 

Durante la bonanza económica de 2003-2007 ambos sectores tenían razones para estar conformes: la reelección de Cristina Fernández por el 54% de los votos, en 2011, expresa esta unidad de “politizados” y “antipolíticos”, luego de una expansión del gasto público que permitió paliar los efectos de la crisis capitalista abierta en 2008. Las políticas de ajuste que se implementaron en su segundo mandato abrieron una “grieta” que -en rigor- no estaba cerrada. 

La “antipolítica” responde en buena medida a las transformaciones neoliberales que atravesamos hace más de cuarenta años. Paradójicamente, la “antipolítica” es profundamente política. Lógicamente, la superación de esta grieta, también.

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Batalla de Ideas