“La agricultura familiar debe ser priorizada en la compra pública”

Nicolás Castelli y Florencia Trentini

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La semana pasada el presidente Alberto Fernández dijo que al empresariado le tocaba ganar “un poco menos”, debido a la crítica situación que se vive por la pandemia de coronavirus. El señalamiento no fue nada extraordinario, por el contrario, se trató de un llamado sensato a la moderación de la rapacidad del capital que no se detiene ni siquiera en un contexto de crisis.

Sin embargo, tras estos dichos, el lunes pasado salió a la luz una compra de alimentos destinada a ayudar a los comedores populares realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la nación donde se observaron sobreprecios. El ministro Daniel Arroyo explicó que los proveedores se le «plantaron» y que por la urgencia debieron comprar con precios abultados. Frente a esto, desde la oposición de derecha, aprovecharon la oportunidad para enarbolar la bandera de la lucha anticorrupción.

Rápidamente, el presidente Alberto Fernández dijo que no va a permitir «que alguien se le plante al Estado en esta situación» por lo que estableció por decreto que el tope para cualquier compra serán los precios máximos fijados por el gobierno. 

Asimismo el secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo, responsable de la compra, fue obligado a renunciar y junto a él dejaron sus cargos, por motus propio, otros 14 funcionarios y funcionarias que trabajaban en la misma Secretaría.

Ante el debate público que se desató, Notas dialogó con Lautaro Leveratto, unos de los principales dirigentes de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Este movimiento nuclea alrededor de 30 mil pequeños productores y productoras a lo largo y ancho del país que cotidianamente sufren los aprietes y abusos de las empresas. Pero a la vez cuentan con diferentes estrategias para hacer frente a esta situación y construir canales eficaces de comercialización con precios justos, a la vez que buscan la forma de abastecer de manera activa a comedores y merenderos populares.

“La burocracia estatal está siempre pensada desde los negocios de los poderes concentrados. Nunca esto puede ser una excusa para una cosa así. Mucho menos en el marco de una emergencia nacional y mundial”, opinó el dirigente. “Florecen comedores y merenderos entre nuestros compañeros y compañeras, ni hablar de los barrios populares donde el hambre no espera. Que alguien o algunos se aprovechen de esta situación para obtener ganancias extraordinarias es inmoral”, añadió.

Un momento “oportuno” para la economía popular

Leveratto explicó que desde las organizaciones de pequeños productores rurales y de campesinos proponen un esquema donde se simplifiquen los trámites para que las organizaciones rurales sean proveedoras del Estado «en todos sus niveles» y que a la vez «la agricultura familiar sea priorizada para la compra pública”. En líneas generales, el sector de la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos de la mesa de los argentinos y argentinas.

“Sabemos que es urgente y que los volúmenes son grandes, pero estamos dispuestos y tenemos la capacidad para abastecer algunos de los rubros”, aseguró el referente del MTE. Y recordó que “desde hace tiempo” abastecen a comedores y merenderos “con un sistema que establece un precio beneficioso para el productor y es eficiente en la asignación de recursos”. “¿Por qué no podría ser institucionalizado?», se preguntó.

Por otra parte, el MTE Rural posee diferentes iniciativas comercializadoras. Presente en el mercado central y en distintas ferias, el movimiento desarrolla canales de venta directa de verduras, quesos, miel y otros productos libres de agrotóxicos y accesibles económicamente a través de la cooperativa Pueblo a Pueblo que se armó para ese fin. 

Actualmente, la cooperativa funciona en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Junín, Olavarría, Vicente López, San Fernando, Beccar, Boulogne, Florida, Villa Adelina, Villa Martelli, Tigre, Escobar, Lanús, Berazategui, Quilmes y Azul en provincia de Buenos Aires, Posadas y Eldorado en la provincia de Misiones, Lules en Tucumán, Rosario en Santa Fe y en Córdoba capital. En cada uno de estos puntos se entregan distintos productos que buscan valorizar lo local y en el marco de la cuarentena cambió su modalidad para llevar los alimentos hasta la puerta de las casas de los consumidores sin especular con los precios. 

En ese sentido para Leveratto el sobreprecio que pagó el Ministerio es “algo que debe ser eliminado” por lo que celebró que el gobierno nacional “haya tomado cartas en el asunto y dado marcha atrás en esta oportunidad”.

El rol de los intermediarios

Esta polémica puso de relieve una problemática con un largo historial de irregularidades: el papel de las empresas proveedoras del Estado. 

Con respecto a este último caso, el periodista Matías Longoni explicó en Twitter que de las seis compañías a las que se les pagó en esta transacción, cinco son intermediarias y varias tienen el mismo domicilio y/o los mismos dueños.

Pero estas firmas también juegan un rol perjudicial en la cadena de comercialización de alimentos que afecta tanto a los productores como a los consumidores. “Las cadenas agrícolas, principalmente aquellas donde la agricultura familiar se desarrolla, tienen un alto contenido de concentración monopólica en los eslabones intermedios, mientras las puntas de la cadena, la producción de un lado y el consumo del otro, se encuentran dispersas. Esta dispersión pone en lugares de vulnerabilidad tanto a los productores y productoras como a los consumidores y consumidoras”, explicó Leveratto. 

Son estos intermediarios los que “ponen el precio en las quintas”. “Estamos obligados por la necesidad, las deudas, el valor de los insumos y la falta de formalizaciòn, a caer ante su poder”, dijo y añadió que “también estafan a los consumidores remarcando hasta el 500% algunos productos”.

Pero desde los movimientos se organizan para defenderse y presentar alternativas. El dirigente del MTE Rural apuntó es un objetivo central de las organizaciones de la agricultura familiar generar mecanismos más transparentes. «Por un lado tenemos que organizarnos y encargarnos nosotros mismos de la comercialización de nuestra producción, y por el otro, aliarnos a los consumidores para juntos luchar por un precio justo que reconozca el trabajo de los agricultores y agricultoras y garantice el acceso a alimentos sanos y frescos para todos”. 

Leveratto afirmó que desde su sector sufren «todos los días el poder de las cadenas concentradoras». Por eso enfatizó la importancia de que “al fin se ponga en discusión este flagelo que es el poder desmedido de algunos eslabones de estas cadenas”. “Todos, productores y consumidores, somos sus principales víctimas», concluyó.