Nacionales

3 abril, 2020

El gobierno de Jujuy expulsó a 61 inmigrantes en plena cuarentena

Las autoridades los subieron forzadamente a un micro y los enviaron a la Ciudad de Buenos Aires. La policía detuvo el vehículo y descubrió la situación. Organismos de Derechos Humanos ya habían presentado un habeas corpus.

Esta semana se dio a conocer que el gobierno jujeño, encabezado por Gerardo Morales, tomó una decisión que podría implicar varios delitos que ya están siendo investigados. Autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires interceptaron en la autopista General Paz un colectivo que traía 61 inmigrantes desde la provincia norteña que habían sido trasladados de manera compulsiva.

Varios de ellos habían llegado a Jujuy en marzo y fueron puestos en cuarentena. Algunos y algunas buscaban radicarse en Argentina, otros y otras estaban regresando a sus países de orígen cuando fueron cerradas las fronteras. La policía encontró en el contingente familias enteras e incluso una mujer peruana con fiebre alta -síntoma compatible con el coronavirus-.

Si bien el gobierno porteño había sido notificado de que llegarían a la capital 18 venezolanos que iban a tramitar su residencia, nunca fue informado del resto de los pasajeros y pasajeras. Incluso desde el Ministerio de Transporte de la Nación, que había emitido una autorización técnica para la circulación del micro de larga distancia, aseguran que el gobierno jujeño falseó u omitió información.

Por su parte el Ministerio del Interior aclaró que “esa autorización no implica certificación ni aval de la Nación sobre lo que hizo o habilitó la provincia de Jujuy”. Asimismo el Ministerio de Seguridad señaló que la información original decía que los pasajeros “eran refugiados de ACNUR”, en alusión a las y los venezolanos.

Al estallar el escándalo Gerardo Morales replicó que “no se echó a nadie de la provincia” ya que “muchos de los extranjeros entraron por Bolivia en tránsito a Buenos Aires”. “No estamos echando gente por la borda en el marco de esta crisis, venga del país que venga”, enfatizó. 

El gobernador detalló que “en el caso de los brasileños y peruanos fueron pedidos por sus embajadas para que sean enviados a Buenos Aires. Los colombianos son hinchas de Medellín, venían de Buenos Aires y los agarró el cierre de fronteras”.

No obstante, una semana antes, había realizado declaraciones públicas xenófobas. “No podemos traer a extranjeros ni gente de zonas donde va a reventar la situación. Porque si no, estamos trayendo para que contagie a la familia y a todos. ¡Entonces la cortamos!”, dijo.

Posible delito

Todas las personas que trasladaba el micro fueron revisadas por médicos del SAME y controladas por personal de Migraciones, para luego ser trasladadas a distintos hoteles porteños. La mujer con fiebre quedó internada en el Hospital Pirovano.

La mayoría había ingresado al país de manera legal, a excepción de nueve colombianos que serán deportados.

No obstante, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, pidió la intervención del Poder Judicial para que investigue las posibles irregularidades del traslado. El caso quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.

Hay que tener en cuenta que, antes de que el micro saliera de Jujuy, hubo un pedido de habeas corpus realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) y Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes). La medida fue rechazada por la justicia provincial.

Los organismos pedían que la justicia “analice esta situación, que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad”, ya que varios migrantes no querían viajar a Buenos Aires y fueron obligados. Asimismo solicitaron “conocer las razones del desplazamiento y que se ordene, a través de un mecanismo que cuente con la participación de las autoridades nacionales y provinciales así como de las personas interesadas y sus representadas cuáles son las mejores medidas de protección de los derechos”. 

También exigían que “durante todo el trayecto se tomen todas las medidas de prevención manteniendo el distanciamiento entre las personas”, que se impida “que viajen hacinadas” y que se les suministren “viandas y kits de higiene”.

Por su parte el CELS también denunció en un comunicado que se obligó a las y los migrantes a “cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud” y recordó que “las políticas sanitarias vigentes en el país que restringen la circulación no implican ni avalan este tipo de medidas”.

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