3 abril, 2020
El debate sobre el gasto de la política en el contexto de disputa y cuarentena
¿Quién debe pagar los costos del aislamiento social para prevenir el coronavirus? ¿El Estado por medio del acrecentamiento del gasto público, apoyando económicamente a las grandes empresas, a riesgo de que dejen caer más el nivel del empleo, o demandará también el aporte de los grupos económicos que en los últimos años la juntaron en pala?
Frente al avance de la epidemia en el país y en la región, el Gobierno Nacional ha prorrogado la cuarentena como medida necesaria para evitar que la enfermedad pegue un salto en su propagación. Las medidas que toma el gobierno, tanto las de protección de los sectores más golpeados de nuestro pueblo como las de extensión de la cuarentena, empiezan a generar reacción entre el empresariado más concentrado y entre la parte más jugada de la oposición que buscan generar presión para reiniciar la actividad.
La extensión de la cuarentena abre un nuevo escenario para les trabajadores que deben enfrentarse con conflictos propios de la coyuntura como los despidos y las rebajas salariales.
El supuesto consenso que se visibilizaba entre la oposición, en torno a las decisiones que estaba tomando el gobierno, se empieza a desgastar. Desde los medios aliados a la derecha, se exige ir relajando la medida, presionando con la advertencia sobre el impacto que tendrá la cuarentena en la economía y en las grandes empresas. Los sectores más concentrados de la economía empiezan a volcar el coste de la crisis con aumentos en los productos de la canasta alimentaria y con despidos y suspensiones. Las herramientas del Estado para enfrentar esto, todavía van paso a paso.
El despido de 1400 trabajadores y trabajadoras de Techint, grupo empresario que dista de la situación de una Pyme, se inscribe en la presión para terminar la cuarentena y en una disputa que toma fuerza en torno a quienes deberán pagar los costos económicos de esta medida.
¿Será el Estado por medio del acrecentamiento del gasto público, apoyando económicamente a las grandes empresas, a riesgo de que dejen caer más el nivel del empleo, o será un esfuerzo que demandará también el aporte de los grupos empresarios que en los últimos años la juntaron en pala? ¿A quién debe beneficiar el Estado? ¿A les jubilades y beneficiarias de la AUH o a las empresas que tienen efecto derrame? Eso son los debates que se empiezan a asomar desde los voceros del poder económico, en el marco de esta disputa.
En el discurso que dio Alberto Fernández se hizo referencia a los despidos de trabajadores y trabajadoras denunciando que había empresas que no estaban perdiendo, sino que se negaban a dejar de tener los márgenes de rentabilidad que venían manejando. La respuesta al “muchachos llego la hora de ganar menos” no se hizo esperar. Desde el sector de la oposición más recalcitrante y desprovisto de algún grado de responsabilidad de gestión se salió con la campaña de baja de los sueldos de los funcionarios de los diferentes poderes (en especial del Ejecutivo), propiciando cacerolazos entre la ciudadanía.
Una consigna que es correcta, como plantear reducir los sueldos de funcionarios para que aporten al esfuerzo, no surge desde los movimientos sociales y populares, sino de una derecha que busca ganar iniciativa con el único elemento que tiene al alcance para pegarle al gobierno, intentando empalmar con un sentimiento antipolítico que impregna a un importante sector de la clase media. Más aún, surge en respuesta a las medidas acertadas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández y no frente a una ola de desaciertos.
Entre la oposición, el sector no encolumnado detrás del larretismo -que apuesta a pegarse al Gobierno Nacional para asegurarse su propia supervivencia y capital político- viene teniendo un papel desdibujado frente al nivel de aceptación que tienen las medidas del Ejecutivo Nacional. Así, encuentra a mano el argumento del gasto de la política para empalmar con un sector social y devolverle al gobierno un contragolpe por el planteo que hizo hacia los empresarios.
Que los funcionarios se bajen el sueldo para contribuir al esfuerzo, en sí, es correcto. Por ello la instalación de este debate en la coyuntura actual, aun cuando proviene de sectores ajenos a la militancia popular, nos interpela con fuerza. El planteo, sin embargo, adopta una naturaleza diferente frente a un escenario de disputa sobre qué sector asumirá el costo de esta crisis. Claramente, la cuestión no reside sólo en observar de dónde surge la propuesta, sino de la dinámica política que intenta abrir, con esto, la derecha.
Cuando la exigencia de que se baje el costo de la política viene desde ese sector político, en el marco de una coyuntura compleja, inmediatamente se desarrolla un plafón sobre el cual avanzar sobre otras cuestiones. Lo demás viene por añadidura, como se dice.
No se han hecho esperar las voces que plantean que es necesario reducir el gasto público y por ende los sueldos estatales. De hecho, en las provincias de Córdoba y Mendoza, ya se ha anunciado el recorte salarial de les trabajadores de la administración pública y en el Municipio de Vicente López ya hubo despidos. El gasto de la política y lo público se embolsa en un mismo costal, si es necesario, para cuestionar algunos resortes del Estado, como sucedió en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri redujo áreas completas del Estado Nacional con el mismo pretexto.
Es necesario poder retomar la iniciativa, sin caer en la encerrona en la cual pretende meternos la derecha. Esto no implica salir a defender a los funcionarios, cuyos niveles de ingresos se distancian abismalmente de lo que gana un estatal, que en los últimos cuatro años ha perdido alrededor de un 40% de su salario real. Es decir que, argumentar que es necesario salir a plantear que se está a favor o en contra es equivocado. Debemos distinguir cuáles son los planteos que se deben hacer en este contexto, en función de las necesidades de les trabajadores y de nuestro pueblo.
Seguramente, habrá que exigir el esfuerzo de les funcionaries del gobierno, pero a la vez, planteando de manera contundente que esto no es lo prioritario para enfrentar la crisis. Les trabajadores estatales, privados y de la economía popular necesitamos más que eso.
Lo fundamental para los intereses de nuestro pueblo es que los sectores que se beneficiaron durante los últimos cuatro años a través de los tarifazos, del endeudamiento, de la fuga de capitales y de las rebajas a las retenciones sean los que hagan el mayor aporte al costo de la cuarentena y de las medidas tomadas para evitar que se propague la enfermedad entre nuestra población. Asimismo, es fundamental exigir que los grandes grupos económicos cumplan con las medidas dispuestas y no sigan despidiendo, rebajando salarios por medio de presiones a sus trabajadoes y aumentando los productos de consumo popular.
El Gobierno Nacional debe pasar de las palabras a los hechos más contundentes, siendo más inflexible con los empresarios que vuelcan el costo de la coyuntura sobre nuestro pueblo.
* Delegado de Salud Laboral de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo – @estatalesdepie
** Secretaria de Juventudes de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA) – @puede_fallar
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