El Mundo

31 marzo, 2020

Ecuador y el coronavirus, un escenario crítico

Desde el gobierno cargan las tintas de la actual crisis sanitaria, que llevó al país al ser el segundo más afectado de la región, a la desobediencia de la población. Sin embargo el colapso del sistema de salud es consecuencia de su desfinanciamiento.

Nicolás Castelli

@giusnicolas

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Hoy Ecuador ocupa el segundo lugar, detrás de Brasil, en la lista de los países de América Latina donde más se propagó el coronavirus. Pero, a diferencia de su vecino, posee un territorio 30 veces más pequeño y una población 12 veces menor, lo que lo convierte en la nación de la región con mayor número per cápita de contagios y muertes por Covid-19.

El primer caso se conoció el pasado 14 de febrero: una ciudadana que ingresó al país proveniente de España. Poco más de un mes después, el Ejecutivo nacional decretó el Estado de excepcionalidad y la cuarentena, menos para la cadena de actividades ligadas a la exportación. Rige el toque de queda desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente y ya son varias las denuncias de represión y abuso de la fuerza sobre la población civil.

Según cifras oficiales, hasta este martes había confirmados 1890 contagios y 57 muertos. Uno de los epicentros de la pandemia es Guayaquil, perteneciente a la provincia de Guayas, la región más afectada por el virus concentrando el 70% de las y los infectados. Con 2,7 millones de personas, el sistema de salud de la ciudad colapsó. 

Las denuncias sobre la falta de atención médica e insumos se acumulan a lo igual que los cuerpos tirados en las veredas a la espera de que lleguen los organismos pertinentes para retirarlos y darle la sepultura adecuada.

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Desde el gobierno nacional culpan a la población por desobedecer las medidas sanitarias dispuestas para enfrentar al virus. Una excusa que sirve para desviar el foco de su propia ineficiencia y del problema que constituye hoy un sistema sanitario desmantelado y desfinanciado que no puede dar respuestas adecuadas. 

En este sentido semanas atrás, en plena crisis, renunció la ministra de Salud, Catalina Andramuño. “Enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos es complicado», explicó la ex funcionaria. “Me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad, frente a esta situación», sostuvo en su carta de renuncia.

Su sucesor, Juan Carlos Zevallos, se jactó en declaraciones a la BBC de que Ecuador fue el primer país del continente en tomar las medidas más estrictas. No obstante, al explicar porque entonces es el segundo más afectado por la pandemia argumentó que “el comportamiento de las personas no ha sido el ideal” y que “eso ha causado serios focos de infección».

Como contracara, en las redes sociales se acumulan las denuncias por falta de tanques de oxígeno, medicamentos y camas en los hospitales de Guayaquil. Recientemente se viralizó un video de un hombre tirado en la caja de una camioneta que, tras esperar durante dos horas atención médica, falleció. 

Ante esta situación Zevallos declaró este sábado que en dicha ciudad no existe saturación de camas hospitalarias. No obstante, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal por el delito de “desatención del servicio de salud” al conocerse la existencia de 100 ventiladores mecánicos abandonados en el hospital guayaquileño Teodoro Maldonado Carbo. 

Entre tanto, las personas mueren en sus casas, los cuerpos siguen sin ser retirados y desde el gobierno piensan en construir un cementerio.                 

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El 1° de octubre de 2019, en cadena nacional, el presidente Lenin Moreno anunció una serie de medidas en sintonía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contenían reformas laborales que perjudican principalmente a los trabajadores y trabajadoras. Además se plantearon reformas impositivas que favorecen a los sectores económicos concentrados y la quita de subsidios a los combustibles.

Tras estos anuncios, la ola de repudio general no se hizo esperar. Organizaciones gremiales, sociales, indígenas y federaciones estudiantiles comenzaron una serie de protestas y paros que se agudizaron tras la sanción del decreto que impuso el Estado de sitio en todo el territorio nacional.

Finalmente, tras un acuerdo la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y el presidente, que contempló la derogatoria de la eliminación de subsidios, se terminaron las manifestaciones para abrir una etapa de negociación.

Sin embargo, a principios de marzo pasado el jefe de Estado anunció un nuevo “plan de austeridad” donde se estableció que se seguirá reteniendo una parte del sueldo de los trabajadores del sector público. El mandatario justificó el ajuste por la caída del precio del petróleo que “ha golpeado fuertemente a Ecuador” lo que, sumado a la pandemia del coronavirus, “está generando una crisis económica en todo el mundo”.

Con este nuevo “paquetazo” el Ejecutivo tiene como objetivo recaudar más de 2.200 millones de dólares. Pero, un reciente estudio de la Unidad de Análisis de Coyuntura de la Facultad de Economía de la Universidad Central demuestra que si se ataca la evasión del impuesto a la renta y se exigen las deudas tributarias de las grandes empresas, el fisco contaría con siete mil millones de dólares. Un monto superior a los 4 mil millones del préstamo del FMI y que no necesita tocar el bolsillo de los empleados públicos. 

Claro que para eso hace falta una orientación política diametralmente opuesta a la del actual gobierno que sigue al pie de la letra el libreto de las derechas y el poder económico de la región que, fomentando discursos “anti política”, ya comienzan a presionar para que los costos de esta crisis no recaigan sobre el capital. 

Lo cierto es que por ahora, como sucede también en Brasil, la rentabilidad de la banca y empresarios le viene ganando a la salud de la población, lo que expone y agudiza la crisis del modelo neoliberal ecuatoriano. Desde que asumió Lenin Moreno, la deuda externa se incrementó en 30 mil millones de dólares que sirvieron para financiar la fuga de capitales y las importaciones de grandes empresarios mientras se desfinancian servicios públicos esenciales como la salud.

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