No poder escapar del coronavirus: los encierros permanentes

Manuela Díaz y Florencia Vignoli

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Nuestros sistemas de justicia otorgan a la herramienta de la cárcel un papel preponderante en el cumplimiento de las penas, en la mayoría de los lugares del mundo es impensado un castigo sin prisión. Y en todas partes ese castigo se reduce a la privación de la libertad ambulatoria, pero a nada más que eso. Las personas detenidas tienen derecho a alimentarse, a asearse, a educarse, al esparcimiento, a la salud, a mantener los lazos con sus familias. A recibir el cuidado del Estado en una situación de emergencia sanitaria. 

Lamentablemente, las condiciones en las prisiones del mundo y de la Argentina están muy lejos de garantizar esos derechos. En muchos casos no se garantiza ninguno. 

Y este problema tampoco es nuevo, es así desde el surgimiento del dispositivo carcelario mismo. Aunque, tal vez, esta situación extrema permita revisar y reformar la forma de castigo. La pandemia expuso lo que organismos de derechos humanos denuncian hace ya tiempo.  

¿Qué está pasando en nuestras cárceles?

A partir de la emergencia por la pandemia, el Servicio Penitenciario dispuso que las cárceles del país no iban a recibir más visitas hasta que pase la cuarentena. Las personas privadas de la libertad consideraron que esa era la mejor decisión que se podía tomar y acompañaron la medida, entendiendo el riesgo de que sus seres queridos se acercaran y se contagiaran.

Cabe recordar que las cárceles son focos infecciosos por excelencia debido al hacinamiento y a las pésimas condiciones de higiene que rigen allí. De hecho, el año pasado se dio un rebrote de tuberculosis –enfermedad que había sido controlada en nuestro país– justamente en esos lugares de encierro olvidados por toda la población.

Pero en el marco de la situación sanitaria actual, enseguida comenzaron los problemas de un sistema que se mantiene de manera tan frágil. La comida que se reparte oficialmente en las prisiones es mala y escasa, muchas veces está podrida o no cumple con las condiciones necesarias para su consumo. Las personas privadas de la libertad se mantienen vivas gracias a los alimentos que ingresan familiares desde el exterior. Al cortar esta vía, comer se vuelve una misión imposible.

Si bien las autoridades penitenciarias deberían garantizar las condiciones de higiene de los penales, lo cierto es que la misma gente que los habita se ocupa de la limpieza con elementos que también les llegan desde afuera. En una situación de aglomeración tal, la lavandina y el jabón se vuelven bienes indispensables para controlar enfermedades y mantener la salud. En las cárceles, la salud se autogestiona o no se tiene.

Ante los reiterados reclamos hechos al Servicio para que garanticen el bienestar de la población encerrada y el invariable desoímiento de éste, sólo quedaron medidas extremas para la supervivencia. Esta situación se agrava en el contexto de la feria judicial, en vigencia desde el 21 de marzo, que dificulta el acceso a la justicia y la presentación de denuncias al respecto.

Así, la semana pasada, presos de las cárceles de Coronda y de Las Flores en Santa Fe buscaron la manera de no morir de hambre arriesgándose a la represión de los verdugos. Salieron a los techos, quemaron colchones e, irónicamente, arriesgaron su vida para salvarla. La única respuesta del Servicio Penitenciario fueron los tiros y la consecuente muerte de cinco presos.

Asociaciones civiles y organismos de derechos humanos se pronunciaron ante la situación de riesgo de contagio y de violencia institucional que hoy afecta a la población carcelaria. Su mensaje remarca la necesidad de una reactivación de la mesa de diálogo entre personas privadas de su libertad, familiares, organizaciones y los organismos estatales pertinentes que se había comenzado a llevar adelante a fines del año pasado a raíz de las condiciones de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. 

Con eso sale a relucir el verdadero cuidado de las fuerzas de seguridad, el verdadero interés del Estado por la vida. Este sistema perverso no sólo mata lentamente degradando las condiciones de vida, sino que se asegura la muerte por las armas en caso de que lo primero no funcione. 

Fenómeno mundial

Es necesario aclarar que este problema no es exclusivo de Argentina, las cárceles de todo el mundo están superpobladas y en condiciones infamantes. Este virus deja al descubierto la inhumanidad y la inviabilidad del sistema penal mundial. Cada país debe tomar medidas que apunten a mantener la salud de la población en su totalidad.

EE.UU., el país con más personas detenidas per cápita, declaró la emergencia también en las cárceles. En los estados de Nueva York, Florida, Ohio y California se están liberando a las personas mayores de 65 años y a los grupos de riesgo, otorgando la prisión domiciliaria en algunos casos. También están en el camino de liberar a la población con prisión preventiva, que constituye un porcentaje muy alto de las instituciones de encierro y que, recordemos, son personas cuya culpabilidad no fue demostrada.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud elaboró un protocolo para tratar el Covid-19 en las cárceles del mundo, entendiendo que es una población de riesgo a nivel general por sufrir un deterioro constante de su salud.

Para que este aislamiento sea efectivo contra el virus que nos invade en este momento, es necesario cuidar la salud de toda la sociedad. Por mucho que pensemos que las cárceles pertenecen a otra realidad, son una parte estructural del sistema y alojan a gran parte de la población del mundo. Como sociedad maltratamos, humillamos y torturamos a muchísima gente en estos establecimientos, sin garantizar la seguridad de quienes están adentro ni de quienes están afuera.

Tal vez esta crisis eche luz sobre varias cosas, entre ellas la inhumanidad del sistema de justicia global. Tal vez nos volvamos con esto un mundo un poco más humanitario.