27 marzo, 2020
La memoria no es un privilegio heterosexual
Ha pasado ya el 24 de marzo encuarentenado: 44 años luego de salir a las calles a marchar, tuvimos que quedarnos en nuestras casas. No pudimos encontrarnos, desplegar nuestras banderas, nuestros reclamos para que el Estado y la sociedad entera nos escuche. Y eso, para algunos colectivos, es un gran problema.
Muchas fotos han circulado por las redes con una cifra particular: 30.400 desaparecides. ¿Quiénes son estas 400 personas que se suman a la cifra que ya tanto conocemos? ¿O por qué aparece recién ahora para algunes? En esta Semana de la Memoria invitamos a reflexionar sobre estas historias.
En 1985 Carlos Jáuregui, militante por los derechos de los homosexuales, se enteró en una conversación con el rabino Marshal Meyer, miembro integrante de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP), que la Comisión había detectado en su nómina de diez mil personas denunciadas como desaparecidas -aún no se habían registrado todos los casos-, a cuatrocientos homosexuales. Al parecer no habían sido desaparecidos por ese motivo, pero tuvieron que soportar un trato especialmente sádico y violento, similar al que se le había dado a les detenides judíes.
Cabe aclarar que en su momento, el denominador “homosexual” aplicaba para cualquier persona que se saliera del régimen heteronormativo y cis, pero en realidad se trató de marikas, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y más.
Ese 400 que, a propósito, se pone fuera del 30.000 conocido más allá de si integran o no ese número, marca la necesidad de la comunidad LGBTIQNB+ de remarcarse por fuera del montón para lograr ser vistes. Porque a lo largo de la historia, el Estado y los gobiernos que pasaron se han encargado de ocultarles, de mantenerles encerrades en sus casas o en los calabozos.
Dar cuenta de que las identidades disidentes sexuales y de género han sido víctimas de la última dictadura, es reconocer que en la memoria histórica de nuestro país hay personas que no fueron ni son tratadas como ciudadanes, sino como enfermes o degenerades. Y que sigan apareciendo esos discursos en la actualidad, es seguir perpetuando una ética social que nos margina, violenta y mata.
Los activistas de la Comunidad Homosexual Argentina y el Movimiento de Liberación Homosexual a mediados de los 80 se preguntaban: “¿Esto era la democracia?”, problematizando la continua violencia, discriminación y vulneración de derechos que recibían. Fue así que en 1992, en la primera Marcha del Orgullo gay-lésbico-trans en Argentina, muches de les que marchaban llevaban bolsas de papel en la cabeza para mantener el anonimato. Y nosotres, 40 años después, luego de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género y de grandes avances alcanzados, entendemos que la lucha continúa.
Continúa en la creación de políticas del Estado y leyes particulares para asegurarle una vida digna a nuestro colectivo, y en la disputa por tensionar el sentido común de gran parte de la sociedad.
El informe “Crímenes de Odio a las personas LGBT+ en Argentina” muestra que en 2019
se perpetraron en Argentina al menos 177 crímenes de odio donde la orientación sexual y/o identidad de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio. “De todos los crímenes de odio registrados, el 44% de los casos (78) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 56% restante de los casos (99) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física”, detalla el informe.
Además, cabe destacar que de las personas de la comunidad LGBT+ víctimas de crímenes de odio, el 64% son casos correspondientes a feminidades trans (travestis, transexuales y transgéneros), quienes desde antes de la última dictadura han sido testigos de la condena social y la persecución.
¿Cuál será el porcentaje de travestis/trans en les 400? Es necesario que se reconozca que hubo un error del Estado en estos casos, porque mientras a elles les decían “perversos” o “degenerados”, eran ellos los que impunemente se divertían usando sus cuerpos como juguetes sexuales. Y fue el Estado el que motorizó esas persecuciones y fue el Estado el que durante mucho tiempo no reconoció ninguno de sus derechos. Y así, su promedio de vida es de 35 años y siguen hoy luchando por un plan integral de vivienda, salud, trabajo y educación.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo nos han enseñado que la memoria histórica es un ejercicio cotidiano, y es necesario que esa memoria no sea un privilegio heterosexual. Y para eso, toda la comunidad LGBTIQNB+ y la sociedad en general tiene que poner el cuerpo y la cabeza para recordar a nuestras víctimas, a esas 400 y seguramente más, y a todas las que se suman en democracia. Porque no nos unirá la sangre pero nos une el deseo de libertad, de manifestar quiénes somos y lo que sentimos. No podrán matarnos, porque seguimos naciendo.
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