El lado B de la cuarentena

Florencia Vignoli

@florvignoli16

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El día viernes 20 de marzo a las 00hs el país entró en una etapa de «distanciamiento social». Las autoridades nacionales, provinciales y municipales de todo el país instrumentaron medidas contra la propagación del COVID-19 (Coronavirus). La pandemia que provocó una crisis sanitaria a nivel mundial también amenaza a millones de personas que se encuentran en cumplimiento de la reglamentación decretada. 

Hasta el 31 de marzo inclusive, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán circular por rutas, vías y espacios públicos y sólo se podrá realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. 

Es necesario aclarar que la situación de pandemia dejó al descubierto el estado real de diversas estructuras públicas. Por un lado, el vaciamiento del sistema de salud, sobre todo durante el gobierno de Mauricio Macri, aumentó las preocupaciones por la capacidad de éste de soportar un rápido aumento de los casos. Además hubo faltantes de insumos para la atención al público, llevando a profesionales de salud a tener que ser creatives a la hora de atender a les infectades.  

Las consecuencias penales 

Pero también se establecieron medidas del tipo penal para toda aquella persona que “no respete la cuarentena”. El primer día fueron iniciadas acciones penales sobre dos mil personas y se secuestraron más de 300 autos. El número de detenciones por el incumplimiento de la cuarentena creció a 8805 en solo dos jornadas de aislamiento, mientras que las imágenes de Tucumán, La Plata, Rosario, San Miguel y San Luis, entre otros, ilustraron la magnitud de la situación en los barrios asociada a un marco de represión. Material audiovisual con la policía torturando a jóvenes de barrios populares se fueron viralizando a medida que pasaba la semana. 

En estos días se refleja más que nunca la incapacidad del Estado para abordar las problemáticas más crudas producto del régimen capitalista y patriarcal, relacionadas a la política criminal. La vulnerabilidad en la que se encuentran los sectores más bajos de la población representan una doble victimización de los mismos, a través de la estigmatización y persecución articuladas por la policía.

El accionar de las fuerzas de seguridad siempre estuvo teñido de abuso y de violencia, pero pareciera que las nuevas medidas inflaron a las fuerzas de seguridad de una sensación de inimputabilidad renovada. Cada vez son más las imágenes que vemos en donde los agentes policiales y gendarmería disparan a casas y a civiles, amenazan a trabajadores precarizados que no pueden quedarse en sus hogares, humillan a personas en situación de calle.

Esto no es nuevo, pero se fortalece con la libre disposición del último decreto de necesidad y urgencia.

En las cárceles 

La situación en las cárceles también es frágil. Las condiciones de hacinamiento en la que se encuentran las unidades penitenciarias a lo largo del país genera un ambiente propicio para la rápida propagación del virus. Por otro lado, la falta de presupuesto y la negligencia del sistema penitenciario no otorga jabones, alcohol en gel ni otros elementos de higiene para prevenir el contagio además de que la atención médica que reciben es, cuando existe, insuficiente. También se expusieron denuncias por haber dejado de recibir los alimentos que sus familiares les hacían llegar en las visitas, las cuales fueron suspendidas por la cuarentena obligatoria decretada para todo el país. 

Esa serie de reclamos dio lugar a motines en varias cárceles del país, y posterior represión policial que ya se cobró la vida de cinco personas. Organismos de derechos humanos, entre los que se encuentra la Asociación civil de Familiares de Detenidos/as en Cárceles (ACIFAD) manifestaron su preocupación a través de un comunicado. “La emergencia sanitaria pone de relieve una situación que los organismos de derechos humanos denuncian año tras año: el estado de superpoblación extrema y crisis habitacional que la misma conlleva”, apuntaron.

“Según la Comisión Provincial por la Memoria (PBA), la sobrepoblación es del 100%, con 46.000 presos/as y 21.000 plazas en el sistema de provincia de Buenos Aires (provincia que aloja más de la mitad de la población de personas privadas de su libertad en Argentina) y 4.200 detenidos/as en comisarías, con apenas 1.200 plazas”, añadieron.

El control de la expansión comunitaria del virus sin atender las necesidades materiales de la población puede resultar en situaciones de mayor gravedad. Sobre todo de la mano de quienes ayudaron a deteriorar durante los cuatro años del macrismo estas mismas condiciones, por ejemplo a través de la represión de las organizaciones sociales las jornadas del 14 y 18 de diciembre del 2017 contra la reforma previsional o contra el presupuesto 2019 votado de la mano del FMI.

Estas medidas fueron posibles gracias a la represión policial y a la fuerte regimentación social que viene incrementándose especialmente en las villas, aumentando exponencialmente las detenciones arbitrarias anteponiendo la excusa de averiguación de antecedentes y la militarización de los barrios.

La respuesta del Estado

Ante ésto, la Secretaría de Derechos Humanos interpuso el acceso a una línea telefónica para denunciar “la violación de derechos humanos por funcionarios públicos”. Si bien esto no propone una solución efectiva ante la situación de derechos humanos en el país que sigue constituyendo una deuda histórica para con los sectores populares, es una herramienta con la que debemos contar para frenar los abusos policiales que detectemos. 

Estamos en una ante una situación de excepción y emergencia sanitaria, pero eso nunca justifica la represión.

Línea contra la violación de derechos por funcionarios públicos: 0800-122-5878