24 marzo, 2020
Colombia: dos muertes por coronavirus y 27 por terrorismo de Estado
A menos de una semana del aislamiento social preventivo ordenado por el presidente Iván Duque, ya han sido asesinados cuatro líderes sociales y masacradas 23 personas privadas de su libertad.
En la madrugada del sábado se llevó adelante un amotinamiento en la cárcel La Modelo de Bogotá, Colombia, y en otros 12 centros penitenciarios del país. Los detenidos pedían con urgencia que se evaluaran las condiciones sanitarias de los penales para hacer frente a una posible expansión de la pandemia de coronavirus, lo que en condiciones de hacinamiento les pondría en una situación fatal.
Según el Gobierno Nacional y las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), equivalente al Servicio Penitenciario Federal argentino, los móviles del amotinamiento no fueron más que “un plan de fuga nacional”. Lejos de asumir la responsabilidad política por la situación penitenciaria, las autoridades desmintieron las críticas sobre los problemas de superpoblación, las constantes violaciones a los derechos humanos y las inadecuadas condiciones higiénicas.
“Aquí hubo un plan de fuga frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera provocado esos motines”, dijo la ministra de Seguridad, Margarita Cabello.
En junio del año pasado, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta sobre las condiciones en que se encontraban los penales colombianos. Según el organismo, el último censo de la población carcelaria en el país revelaba que el hacinamiento ascendía al 53,58%, es decir 2,58% más que el que el que señalaba el reporte entregado en el mismo mes por el anterior director del INPEC, el general William Ruiz, durante el balance de sus primeros cien días en el cargo.
Según Norberto Mujica, director actual del INPEC, lo que hubo fue una contención necesaria del crimen. De manera autocelebratoria adujo que «la rápida acción” de los cuerpos de custodia “evitó una fuga de cinco mil reclusos».
A propósito de las falacias sobre las condiciones penitenciarias, una segunda tesis instalada por el gobierno a través de los medios de comunicación partícipes de su arco político, apunta a superponer la noción de la seguridad sobre el derecho a la vida. Esta es una táctica conocida y ampliamente utilizada por los gobiernos uribistas, tendiente a profundizar impunemente el terrorismo de Estado. Bajo la premisa de “la lucha contra el crimen” el Estado colombiano garantiza sus objetivos estratégicos. En esa carrera comete fusilamientos, torturas, y masacres por todo el territorio nacional.
Desde que se decretó la cuarentena, han sido acribillados cuatro líderes sociales. A la indolencia recurrente del Estado y el gobierno, se suman objetivos vinculados a la reestructuración del agro. De hecho, uno de los asesinados es Alexis Vergara, hijo de un líder campesino cañero del norte del Valle. Junto a él, el país llora el asesinato de Marco Rivadeneira, importante líder campesino del Putumayo.
Rivadeneira fue un defensor incansable de los derechos humanos. Lideró las Juntas de Acción Comunal de varias veredas del corredor Puerto Vega. También fue el vocero departamental del Proceso Nacional de Garantías desde 2009 y delegado ante la plataforma de Derechos Humanos, Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos. Igualmente, fue un líder activo del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos en el Putumayo. Hasta fechas recientes Rivadeneira lideraba las redes campesinas organizadas para la sustitución de los cultivos de coca.
La sustitución de los cultivos ilícitos de coca es la propuesta más importante para la readecuación del campo después de las firmas de paz en La Habana en 2016, entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Con este modelo se plantea hacer frente a la expansión de los cultivos ilícitos, y no menos importante, a la fumigación con glifosato, derogada desde el 2015 por la Corte Suprema de Justicia ante la avalancha de demandas por sus efectos cancerígenos.
Este último punto frena una de las articulaciones internacionales más importantes entre EE.UU. y el país cafetero, puesto que el mercado de glifosato alcanza los nueve millones de dólares. Aunque a principios de marzo del presente año Donald Trump presionó a Iván Duque para reanudar las fumigaciones, aún es incierta la situación legal de su mayor proveedor, la corporación farmacéutica Bayer-Monsanto.
En el 2018 esta transnacional perdió un cuarto de sus ingresos después de que se comprobara la letalidad cancerígena de sus herbicidas. Solamente en Colombia se registraron 231 demandas por aspersión y fumigación con el glifosato producido en los laboratorios norteamericanos de la farmacéutica.
En este contexto, en Colombia hasta el momento han fallecido dos personas por efectos del COVID 19, y 27 por efectos del terrorismo de Estado. La desidia de las amplias esferas del Estado es la peor pandemia que azota al país. En medio del polvorín de la cuarentena, el mandatario colombiano pide que la crisis no sea tratada bajo ningún “sesgo ideológico”. Lo que en definitiva no es otra cosa que un pedido al silencio conspicuo de los sepulcros.
Incluso en un contexto de extrema gravedad como lo es la pandemia de coronavirus, el terrorismo de Estado sigue mostrando mayores niveles de letalidad.
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