Derechos Humanos

19 marzo, 2020

¿Qué pasa en las cárceles con el coronavirus?

Más de cien mil personas privadas de su libertad en todo el país sin acceso a condiciones de higiene básicas, resoluciones de tribunales y organismos de Justicia contrapuestas, y servicios penitenciarios que manejan la vida y el tiempo de los y las presas con una lógica que va a destiempo de las recomendaciones del Gobierno nacional.

Crédito: Infobae

Valentina Gaggioti y Belén Riccillo

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Las cárceles están superpobladas. Este es el diagnóstico del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) donde, según sus propios datos oficiales, esta sobrepoblación alcanza el 120%. Pero también sucede en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aquí el porcentaje es menor, del 16%, pero de todas maneras involucra a más de dos mil personas. 

Esta situación se replica en cárceles de todo el país: sin condiciones de higiene garantizadas, sin insumos sanitarios y sin la atención médica debida. A lo que se suma la lenta respuesta de parte de los servicios ante eventualidades.

Para completar este mapa general, según el último informe del Sistema Nacional de Estadística para la Ejecución de la Pena (SNEEP), la población de riesgo por edad en las cárceles argentinas se encuentra cerca del 6%, aunque la cifra no es precisa porque el grupo de riesgo empieza en los 60 años y el corte etario de esta investigación empieza en los 55. No obstante se trata de más de 5800 personas. 

Según el mismo censo, un 3.5% de la población privada de su libertad fue atendida por presentar asma, EPOC, diabetes, hipertensión y VIH, enfermedades que hoy son consideradas factores de riesgo para quien contrae coronavirus. 

A todo esto, y siempre teniendo en cuenta que hablamos de seres humanos y no meros números, es importante aclarar que el SNEEP deja por fuera una buena parte de las personas privadas de su libertad en contextos de encierro que no sean unidades penales.

¿Qué pasa en las cárceles?

Si bien no existe un relevamiento pormenorizado, la red tejida entre las organizaciones, presos, presas y algunos organismos estatales permite tener una imagen de la realidad carcelaria no sólo frente a una pandemia como la del coronavirus, sino ante cualquier problema sanitario.

En la cárcel de Devoto, por ejemplo, “no entregaron ningún material para higienizar (lavandina, jabón, guantes, etc) y están deliberando si cortan o no la visita, que hasta el martes se estaba desarrollando con normalidad”, explicó un integrante del Centro Universitario de Devoto (CUD), cuyo nombre, por un criterio de seguridad, no puede ser precisado. “No se está tomando conciencia sobre lo que está pasando”, agregó. 

“Se está haciendo un relevamiento de manera muy lenta de la población de riesgo. A pesar de que todo sea muy reciente las medidas hay que tomarlas de manera urgente. Tampoco proveyeron una hidrolavadora para higienizar lo mínimo. Si el virus llega a entrar acá esto es una masacre, una catástrofe”, completó el entrevistado.

La falta de acción de parte de los servicios penitenciarios obliga a las personas privadas de su libertad a tomar acciones por su cuenta: en varias unidades de la provincia de Buenos Aires, como la 31 -donde hubo dos muertes por tuberculosis la semana pasada-, la 33 y la 50 -donde un grupo de mujeres empezó una campaña de concientización sobre el coronavirus- dejaron de recibir visitas.

La intervención de la Justicia

Las medidas tomadas desde diferentes organismos que componen el servicio de Justicia pueden entrar en colisión entre sí: los jueces nacionales de Ejecución Penal, es decir, los jueces que se encargan de monitorear el cumplimiento de la pena de los y las presas, decidieron suspender las salidas transitorias de quienes accedían a ellas para evitar que lleven el Covid-19 a las cárceles. 

Pero desde diferentes penales surgió la queja de aquellas personas que, por ejemplo, realizan salidas transitorias para trabajar y mantener a sus familias. Y, sobre todo, para quienes pasan buena parte del tiempo fuera de las cárceles, que solicitaron que, al menos, les permitieran cumplir con el arresto en sus casas, con un razonamiento lógico: si estuvieran contagiados del virus, sería peor llevarlo de nuevo a un contexto de encierro.

Por su parte, la Defensoría General de la Nación (DGN) solicitó agilizar el dictado de prisiones domiciliarias para los grupos de riesgo, al tiempo que el Servicio Penitenciario Federal empezó a relevar a estos grupos. Pero, lo cierto, y de acuerdo a lo manifestado por integrantes del CUD, es que esta tarea se está llevando a cabo de forma lenta, a contramano de algunas medidas que se impulsan desde otros organismos nacionales.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense dictaminó que se ponga en funcionamiento un “programa integral de control permanente en materia de salud para las personas privadas de su libertad”. La efectividad de esta medida dependerá, en buena parte, de la voluntad que le imprima el servicio penitenciario a su cumplimiento. Y la experiencia indica que, con todo, el coronavirus puede resultar muy severo en un contexto de encierro.

Ninguna de estas medidas contempla, además, el recambio de guardias, que se realiza cada 12 horas. Para esos casos, ¿cómo podría controlarse que el virus no infiltre a través de un guardiacárcel infectado? 

Mientras afuera se toman medidas para evitar el crecimiento de la pandemia en el país, adentro, en las cárceles, la situación avanza a un paso mucho más lento. 

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