Chile busca un nuevo modelo a 30 años de recuperar la democracia

José Robredo Hormazábal*

@joserobredo

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Este 11 de marzo se conmemoran en Chile dos hitos en medio de la movilización social iniciada en octubre de 2019. El cuestionado gobierno de Sebastián Piñera cumple dos años, con cifras de aprobación que no superan los dos dígitos, y también se cumplen 30 años del retorno de la democracia.

El presidente chileno encabezó el acto «30 años de democracia en Chile» para conmemorar la fecha. Pero al acto no asistieron los partidos de la oposición en protesta por los abusos y violaciones a los derechos humanos perpetrados por la policía en estos casi cinco meses. 

La fecha está cargada de simbolismos desde que en los primeros días de las protestas el año pasado se acuñó la frase “No son 30 pesos, son 30 años”, haciendo un paralelo entre el alza en el transporte público que provocó originalmente las manifestaciones y el rechazo de la gente con las políticas neoliberales desplegadas desde 1990. 

Estas dejaron las cifras de desigualdad más altas de la OCDE, organización de la cual Chile es miembro. El ingreso promedio del 10% más rico de la población es 19 veces mayor que el ingreso del 10% más pobre según estudios del organismo. 

La promesa de que la “alegría ya viene” de la extinta Concertación, coalición que reunía a los partidos opositores a Augusto Pinochet, se hizo humo durante su gestión entre 1990 y 2010, período en el cual se desplegó todo el proyecto preparado y macerado en los años 80. Los principales beneficiarios fueron los grupos económicos y transnacionales. 

Así, bajo la lógica del crecimiento basado en la deuda de los sectores sociales medios y bajos, y con la salud, educación y pensiones puestas a disposición del sector privado, Chile avanzó hasta el actual momento de hastío social que hoy se palpa en las calles.

De la “democracia de los acuerdos” al “que se vayan todos”

La transición chilena fue presentada como ejemplar, a pesar de sostenerse en acuerdos tácitos de impunidad en materia de derechos humanos, no tocar la Constitución de Pinochet ni menos el modelo económico. “Política de los consensos” llamaba Patricio Aylwin –primer presidente chileno post dictadura– a esta particular fórmula, que –además– bloqueaba la participación de las expresiones políticas que se encontraban fuera del pacto transicional y que, por ende, resultaba una democracia tutelada por las élites políticas y económicas del país. 

“El principal problema de esta transición incompleta es que la calidad de la democracia es débil y el corolario de ello es que no existen ni los espacios de debate nacional sobre el futuro, ni la conformación de actores sociales que los ocupen, ni los mecanismos adecuados de representación de tales actores”, resume en un artículo de mediados de la década de los 90 el sociólogo Manuel Antonio Garretón, quien adelantaba por esos años las fisuras que tendría con el tiempo el “ejemplar” modelo democrático chileno. 

Salvo las reformas realizadas a la Constitución durante el gobierno de Ricardo Lagos, entre 2000 y 2006, no hubo mayores cambios a la hoja de ruta trazada a finales de los años ochenta. Pero fue en ese período en el que se dieron las primeras señales de descontento con una élite que iba tomando carácter de “casta”: la movilización de los estudiantes secundarios en 2001 –más conocida como “mochilazo”– y el “pingüinazo” de 2006 durante el gobierno de Michelle Bachelet, también protagonizado por secundarios a lo largo del país, fueron las primeras alertas de rechazo a una soporífera transición inconclusa.   

El último gran aviso fue en 2011 con la movilización de los estudiantes universitarios y secundarios que tuvo al primer gobierno de Sebastián Piñera en las cuerdas. De ahí en adelante, una situación económica asfixiante para el 90% de las chilenas y chilenos, casos de corrupción que golpearon a todas las instituciones del país y una élite atrinchera que se resistía a los cambios fueron los ingredientes adecuados para que la olla a presión puesta a fuego lento en 1990 estallará en octubre de 2019. 

Proceso constituyente y la disputa cultural

Hoy el país trasandino se encuentra en plena campaña por el plebiscito constituyente del 26 de abril próximo y la disputa está pasando de ser política a cultural. Cosa que se intensifica en la medida que se acerca la votación. De hecho, las multitudinarias movilizaciones del 26 de octubre pasado y las del 8 y 9 de marzo en el marco de la huelga feminista –que en Santiago se cifró en dos millones de personas, según las organizadoras y 800 mil, según el Gobierno–  es una muestra del proceso de cambio cultural que vive el país. 

Mientras desde la oposición se plantea que una nueva Constitución es el primer paso para la reducción real de las desigualdades, la derecha ha puesto énfasis en los avances que ha alcanzado el país. Vale destacar que este proceso ha sido impulsado desde la calle, a partir de la movilización social, primera victoria en la disputa con el modelo impuesto por la transición chilena. 

“Es esa presión popular, me parece, la que logró sitiar a la política, es decir, el 15 de noviembre responde a una especie de política sitiada, una casta política sitiada por la asonada popular, de ahí que ofrecen iniciar un proceso constituyente”, opinó el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Carlos Ruíz. Y agregó que “todavía es una cuestión muy ambigua en muchos puntos, porque se produce en un momento de alta desorganización, incluso en la derecha”.

Esto lo ratifica la ex candidata presidencial y referente del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, a la hora de llamar a apoyar a la opción “Apruebo” a través del protagonismo de la gente: “Este es el momento en que los partidos políticos tienen que ponerse al servicio de todos los chilenos y chilenas, como siempre debió ser”. 

Mientras la derecha intenta defender el legado pinochetista a través de relatos caóticos. “Hay varios engaños que están circulando en la discusión constituyente cuando se le dice a la gente que una Constitución o esta Constitución es la que estaría obstaculizando las mejoras sociales, claramente es un engaño”, dijo hace unos días la ex ministra de Educación de Piñera, Marcela Cubillos, representante de los sectores más conservadores. “La izquierda se va a sentir autorizada a terminar con el derecho de propiedad y la libertad de enseñanza”, agregó.

Treinta años después que Chile recuperara la democracia la disputa entre “lo viejo y lo nuevo” está tomando forma, bajo el paraguas de la movilización y el protagonismo de la gente. 

* Desde Chile