Empezó el lockout rural, aunque nadie sabe cómo termina

Federico Dalponte

@fdalponte

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Si la concentración de la tierra es un problema, la concentración dirigencial lo es todavía más. Esta vez, con mano rauda, el lockout fue impulsado por la Sociedad Rural, cuyo presidente, Daniel Pelegrina, fue el segundo del ex ministro de Cambiemos, Luis Etchevehere. Y, en especial, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuyo presidente, Jorge Chemes, fue diputado radical entre 2009 y 2013.

Nada es casualidad. El entrerriano comparte estrategia con su coterráneo Alfredo De Angeli, de la Federación Agraria, viejo estratega de las protestas sojeras de 2008, hoy devenido senador nacional por el macrismo. Uno que logró montar su propio negocio.

Chemes, por su parte, no se calma y brama: “Si las medidas son empujadas por un espíritu ideológico, entonces nos veremos en la rutas”. Está claro que no se inmutará por su pasado; dirá que apenas era el vicepresidente de CRA durante los años anteriores, que nada pudo hacer mientras se gestaba la crisis que golpea a la Argentina.

“Continúa el cierre de tambos, que hoy suman 800”, declaraba Chemes hace un año, empresario tambero él. Era plena recesión; la crisis no encontraba su salida y la producción caía a la par del consumo y de manera vertical. Con menos reflejos que ahora, la situación del sector lechero era un tema de agenda permanente, aunque no motivó jamás una protesta nacional de CRA, la entidad que él mismo codirigía.

El tambero Jorge Chemes vio caer un 2% la producción de leche en 2019, un 10% las exportaciones y un 5% las ventas para consumo interno. Pero no fue suficiente para movilizar al «campo», el eufemismo que utiliza la dirigencia sectorial para hablar de sí misma.

Sucede, en cambio, que el punto neurálgico es la soja, siempre la soja, la fibra sensible de los dirigentes rurales. El lockout convocado para esta semana surge de la afectación de 14 mil grandes productores sojeros, apenas un cuarto del total del sector. Pero qué importa, si al fin y al cabo los afectados son los más poderosos, los que tienen capacidad de movilizar a muchos en su nombre.

El presidente Alberto Fernández conoce el sector en general y a su dirigencia en particular. Pretendió subsanar algunos errores de estrategia del pasado y habló. Se reunió con la Mesa de Enlace a finales de agosto, después de las primarias; se reunió con ellos a mediados de diciembre, tras la sanción de la Ley de Solidaridad; el ministro de Agricultura, Luis Basterra, hizo lo propio antes y ahora, en continuado, en una serie de encuentros cuya última edición fue a finales de febrero; el presidente pidió comprensión, pidió colaboración, prometió compensar a los chicos, prometió segmentar, prometió conversar. Y cumplió.

Pero no es suficiente. Nunca es suficiente. “Se impone un sector, un grupo que alienta la protesta más allá de la lógica política y de la negociación que está abierta”, dijo al conocer la noticia Eduardo Buzzi, otro de los voceros de las protestas de 2008. “Hace doce años tuvimos que reaccionar porque no encontrábamos interlocutores, pero en este momento el presidente los ha recibido, hay mesa de negociación, hay compensaciones para los más chicos”, argmentó.

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La Federación Agraria, a diferencia de 2008, ahora duda. La afectación de  un solo cultivo sobre más de una veintena, el sistema de compensaciones y la segmentación favorable a los productores chicos debilitan el reclamo. En parte por eso, y en parte por la propia postura de las bases, la primera declaración pública de su presidente Carlos Achetoni, luego de reunirse con Basterra, fue que «no se evalúa que haya medidas de fuerza».

El que sí lo evaluó fue Chemes. Tanto es así que no esperó la definición conjunta de la Mesa de Enlace y lanzó el lockout en solitario. La medida dispuso la suspensión de la comercialización de la totalidad de los granos, incluso de aquellos cuya alícuota de retención bajó. Y más aún: incluyó también el cese del transporte de ganado vacuno.

La dirigencia de CRA confía en que el lockout de cuatro días no provoque aumentos de precios ni desabastecimiento, un arma que se guardan en caso de que escale el conflicto. En cualquier caso, si cuatro días es la primera medida de fuerza, su eventual extensión, como sucedió en 2008, o su reiteración sucesiva provocarán finalmente aquello que hoy dicen no querer provocar.

La pregunta, en tal caso, es por qué cesa, por ejemplo, la comercialización de ganado si la queja es por las retenciones a la soja. Y la respuesta, más antipática, y por simple deducción, es que el cese no está motivado sólo por las retenciones a la soja.

“El enojo del «campo» no son los tres puntos de la soja, sino la enorme presión impositiva que está soportando junto a todo el sector privado”, aclaró Matías De Velazco, titular de CARBAP. Y está claro que es así. Esa honestidad es valorable: lo que se discute no son tres puntos de un impuesto, sino la estructura tributaria y redistributiva de un país.

De allí, por tanto, el desafío mayúsculo que enfrenta el gobierno. De allí la conclusión elocuente, y tontamente evidente, de que el lockout tiene motivaciones que van más allá de las retenciones. Y de allí la necesidad, o al menos la pretensión, de postular reformas que vayan también más allá de las retenciones. Si la producción, comercialización, abastecimiento y exportación de alimentos queda en pocas manos, cualquier estrategia nacional quedará siempre supeditada a los intereses sectoriales concentrados.