5 marzo, 2020
Se modificó la ley de inteligencia para limitar el accionar de los espías
Como había anticipado en la apertura de sesiones, el presidente Alberto Fernández reformó la normativa mediante un decreto de necesidad de urgencia publicado este jueves.
Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 214/2020 que modifica la ley de inteligencia 25.520. Con la firma del presidente Alberto Fernández, el texto limita el accionar de las y los espías.
Puntualmente, en el artículo 1° se señala que las agencias de inteligencia ya no podrán “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.
«Corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia», se señala en los considerandos.
Asimismo argumenta que esta definición se tomó ante «la imperiosa necesidad de realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional en pos de restablecer y fortalecer los principios democráticos y de publicidad que deben regir la materia».
En 2001 se aprobó la ley de inteligencia vigente que prohibía a los espías tomar ese tipo de tareas pero planteaba una excepción. «Salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción», sostenía la normativa ahora modificada.
Cabe destacar que Fernández ha hecho hincapié sistemáticamente en la necesidad de transformar el vínculo de los servicios de inteligencia con los distintos poderes del Estado y la sociedad. Por eso, a pocos días de haber asumido ordenó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días y colocó al frente a la ex fiscal Cristina Caamaño.
También se eliminaron los fondos reservados que representaban casi el 90% de los gastos durante la administración anterior. Esto obligó a justificar y transparentar ese dinero, por lo que se redujo de 250 millones de pesos en noviembre a 125 millones en enero.
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