4 marzo, 2020
Renunció el ministro de la Presidencia de Costa Rica
Estaba siendo investigado junto al jefe de Estado, Carlos Alvarado, y otros funcionarios por los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato a raíz de la creación de una oficina especializada para el manejo de datos personales y confidenciales de la población.
El ministro de la Presidencia de Costa Rica, Víctor Morales Mora, renunció este miércoles a su cargo tras el escándalo desatado por un decreto que pretendía formalizar una unidad de análisis de datos del gobierno que tuviera acceso a información confidencial de la población.
“El plenario de la Asamblea Legislativa conoce y discute una moción de censura en mi contra como ministro de gobierno, esencialmente por haber firmado el decreto ejecutivo, ya derogado, que creaba la unidad presidencial de análisis de datos (UPAD)”, declaró Morales luego de de una semana donde fue interrogado por los diputados. A su vez, alegó que su función esencial como ministro de la Presidencia, que es la de ser enlace entre el Poder Ejecutivo con la Asamblea, se vería afectada ante las investigaciones en curso.
No obstante, el ahora ex funcionario anunció que la próxima semana retomará sus funciones como diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).
Con el argumento de obtener datos para planificar políticas públicas, Alvarado decretó en octubre de 2019 la creación de la UPAD. Según la medida, la oficina asesoraría al mandatario y brindaría información de carácter confidencial que tuvieran las instituciones públicas cuando así lo demandara el despacho presidencial.
El organismo funcionó durante un año y medio hasta que fue derogado en febrero pasado tras fuertes críticas desde diversos sectores que consideraban que esta dependencia una amenaza a los derechos civiles de los costarricenses.
La renuncia de Morales Mora se suma a otras relacionadas con el caso de esta oficina especial. Este martes también dimitió el viceministro de Hacienda, Juan Alfaro, quien aseguró que la UPAD utilizó su nombre sin su consentimiento para solicitar datos sensibles a la Superintendencia General de Entidades Financieras.
Otros funcionarios investigados que han renunciado a sus cargos han sido el asesor legal de la presidencia, Luis Salazar, y el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto.
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